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Desde Santa Fe
El Concejo Municipal de San Francisco repudió esta semana al sargento del Ejército Jorge Balla, condenado a prisión perpetua por “cuatro homicidios agravados por alevosía” y en patota, en la masacre de Ituzaingó y Las Heras, en enero de 1977. El Tribunal Oral de Santa Fe que lo eximió de la cárcel en 2017 cuando le concedió la prisión domiciliaria (sin consultar a familiares de las víctimas y tres meses después de que le mandara una carta a Mauricio Macri), ahora lo autorizó a cumplir la condena en un departamento céntrico en la ciudad de San Francisco y desató un escándalo. Los organismos de derechos humanos, partidos políticos y sindicatos de Córdoba se declararon en “estado de alerta”. El dueño del complejo –al que se mudó Balla- lo intimó por carta documento y le pidió el desalojo porque en el contrato de alquiler le ocultaron que el nuevo vecino es un “condenado por delitos de lesa humanidad”. El concejal peronista Andrés Romero propuso a sus pares declararlo “persona no grata”. Y el jueves, el Concejo en pleno repudió a Balla, al aprobar un proyecto consensuado entre los bloques, que impulsó la coalición gobernante “Hacemos por Córdoba” que lidera el gobernador Juan Schiaretti y al que Romero sumó su firma. “Si Balla perteneció a la patota” del terrorismo de estado y “fue responsable o partícipe” de los “hechos aberrantes” por los que fue juzgado “es motivo más que suficiente” para repudiar “su presencia en la ciudad de San Francisco”, dijo el Concejo. Y en los fundamentos de la minuta subrayó: los represores “no eran loquitos”. “Eran demasiado cobardes para negarse a cometer un crimen”. “No hubo arrepentimiento alguno por parte de los asesinos. Ni un solo gesto, ya no digamos colectivos, ni siquiera individual”.
El repudio del Concejo Municipal de San Francisco es la segunda alerta institucional en el caso. Ya en febrero, la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe había declarado –por unanimidad- su “preocupación por las reiteradas violaciones” de Balla a su “prisión domiciliaria”, que en ese momento cumplía en la provincia. Su “provocativa actitud atenta contra el mandato de memoria, verdad y justicia que tan laboriosamente se construye desde hace 37 años, a partir del 10 de diciembre de 1983”, dijo la Cámara. Y le reclamó a la justicia federal que avance con los “juicios por estos delitos aberrantes”, pero también que “haga cumplir las penas impuestas, como mínimo requisito para hacer realidad la histórica consigna de Nunca Más”. El autor del proyecto fue el diputado Carlos del Frade.
El Tribunal aceptó el traslado de Balla a un departamento céntrico de San Francisco a pedido de la defensa. Antes, solicitó un “informe ambiental” a la Policía Federal y un “informe técnico” a la Dirección de Asistencia de Personas bajo vigilancia electrónica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Y el 4 de abril, autorizó la mudanza que quedó a cargo de Gendarmería. El concejal Romero dijo que eso sucedió “entre gallos y medianoche”, Balla “fue trasladado a San Francisco en horas de la madrugada”.
Ante la reacción de los organismos de derechos humanos, Romero propuso al Concejo Municipal que declare a Balla “persona no grata” en San Francisco. El bloque mayoritario de la coalición “Hacemos por Córdoba” –que lidera Schiaretti- impulsó un segundo proyecto de “repudio” firmado por cinco concejales: la presidenta del bloque Fabiana del Valle Palacio, sus colegas Claudia Maine, Matías Beccaria, Gustavo Bocca –que son vicepresidentes primero, segundo y tercero del Concejo- y Nora Marlatto. Ambas iniciativas se integraron en una sola minuta a la que Romero sumó su firma por el Frente Córdoba Ciudadana y se aprobó en el recinto por consenso.
En el debate, Romero valoró la respuesta institucional ante el caso y en esa línea mencionó a la presidenta del bloque oficialista Fabiana Palacio, al titular del Concejo Municipal Gustavo Klein y a sus colegas. “Es muy importante que todas las expresiones políticas repudiemos semejante aberración”, que un condenado por crímenes de lesa humanidad cumpla la condena en prisión domiciliaria y no en cárcel común. “En estas cuestiones de fondo el consenso es necesario”, dijo.
“Este represor que hoy vive en nuestra ciudad” es “peligroso”, advirtió Romero. “Ha cometido hechos atroces durante la dictadura, es célebre por su participación en asesinatos en masa en Santa Fe”. “Y goza del beneficio de la prisión domiciliaria, cosa que también condeno. Estos genocidas no deben estar en prisión domiciliaria. No son iguales a cualquier otro asesino, han asesinado con los recursos del Estado y lo han hecho de manera nefasta, sin ningún tipo de contemplación por sus víctimas que estaban entregadas. Estos tipos no deben tener ningún beneficio de la justicia y sin embargo, lo siguen teniendo”.
“Balla –siguió Romero- es célebre por haber hostigado a vecinos mientras gozaba del privilegio de la prisión domiciliaria. Hostigó y amenazó a una pareja que vivía al lado. Los videos están en youtube. Es totalmente repudiable y condenable”.
El concejal Romero ponderó el “ejemplo” y la “valentía” del propietario del inmueble al que se mudó Balla, a quien intimó por carta documento al desalojo porque le ocultaron que es un “condenado por delitos de lesa humanidad”. “Les pido al resto de las fuerzas y a los distintos sectores de la sociedad que sigan ese ejemplo” de este empresario, “a quien no conozco personalmente, pero quiero destacar su valentía”. Apenas se enteró quién es su inquilino “tomó una medida más que importante porque sienta un precedente para que esta persona, vaya donde vaya, viva y pase lo mismo que le hizo sentir” el dueño del departamento. “Quiero valorizar su gesto humano, no sólo con los vecinos del complejo de departamentos, sino con toda la sociedad de San Francisco”, concluyó.
