A partir de hoy los jefes de la barrabrava de Boca no podrán ingresar por dos años a ningún estadio ni presenciar ningún espectáculo deportivo. La decisión la tomó el Ministerio de Seguridad en el marco de la nueva resolución que le concede al Estado la aplicación del derecho de admisión que antes era delegado en los clubes. Según la norma, las autoridades podrán prohibir el ingreso a los estadios a toda persona "que se encuentre condenada, procesada o con auto de elevación a juicio" y esté relacionado con delitos cometidos en al ámbito deportivo.
La decisión de prohibir en ingreso a los estadios de los jefes de La 12 fue oficializada esta mañana mediante la disposición 1-E/2017 de la Dirección Nacional de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos. Alcanza a doce personas, entre las que figuran Rafael Di Zeo y Mauro Martín, los líderes de la barrabrava.
La prohibición se extiende a los estadios de todo el país y se debe a que los barrabravas fueron procesados en febrero pasado por el juez Sebastián Ramos, acusados de encubrir, junto a un jefe policial, la fuga de otro integrante de la barrabrava, Maximiliano Germán (Mey) Oetinger, a quien buscaban por el secuestro de un odontólogo jubilado, en abril de 2015.
"Teniendo en mira los antecedentes y comportamientos de los nombrados en ocasión de la disputa de un encuentro futbolístico, de público y notorio conocimiento, por otro lado, hacen concluir indefectiblemente y de manera objetiva que los citados son considerados como capaces de generar un riesgo que atente contra el normal desarrollo de un encuentro futbolístico, que al tratarse de un evento de asistencia masiva, conmueve al mantenimiento de la seguridad pública", señala la disposición.
La fuga de "Mey" Oetinger ocurrió el 19 de mayo de 2016, en la Bombonera, día en que Boca se enfrentaba a Nacional de Uruguay por el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Al ser divisado en la tribuna, la Policía Antisecuestros esperó al barrabrava para detenerlo a la salida del estadio, tras la finalización del encuentro, pero Oetinger, ayudado por los acusados, se cambió de ropa y escapó por el estacionamiento.
En esta investigación, el fiscal federal Paul Starc también investiga a un empleado de seguridad del club y al comisario general Guillermo Calviño, ex superintendente de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal.
Además de Di Zeo y Martín, la prohibición alcanza a Luis César Arrieta; Cristhian Leonardo Roblero; Carlos Cristian Santa Cruz; Eduardo Alberto Trípodi; Carlos Sebastián Maciel; Antonio Orlando Viñales; Ariel Maximiliano Pinazzi; Miguel Ángel De Santis; Gustavo Alberto Iglesias; y Eduardo Elías Aballay, todos de la primera línea de La 12.
La medida se enmarca en la resolución 354-E/2017, firmada días atrás por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich para combatir la violencia en el fútbol. Dicha norma dispuso la restricción en el acceso a los eventos deportivos para quienes se encuentren condenados, procesados o con auto de elevación a juicio, o sujetos a suspensión de juicio a prueba, respecto de delitos que hayan sido cometidos en el marco de la Ley de Espectáculos Deportivos o cualquier otro delito cometido en el exterior, con motivo u ocasión de un espectáculo futbolístico.
También quienes hayan sido condenados por delitos dolosos con pena de reclusión o prisión de más de tres años y quienes hayan sido sancionados respecto de una contravención, en el marco de un espectáculo futbolístico, ya sea antes, durante o después del partido, concentraciones o entrenamientos de los equipos.
Por último, también puede ser denegado el ingreso a quienes tengan conductas violentas, hayan ingresado a lugares no permitidos, entre otras o dificulten el normal desenvolvimiento de un partido. La prohibición de ingreso a los eventos deportivos puede ser de entre seis mese y dos años. Aquellas personas que dentro del año de aplicada la restricción de concurrencia administrativa cometiere nuevamente algún ilícito se le incrementará al doble la medida prevista. Y si reincide en más ocasiones, se podrá aplicar una restricción de hasta cinco años.
