Producción: Javier Lewkowicz

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Medida excepcional

Por Nicolás Pertierra (*)

La situación respecto del consumo de carne amerita encender las alarmas dentro y fuera de los despachos de gobierno. Producto de la caída de los ingresos reales, en 2019 se registró el menor consumo per cápita de carne vacuna en los 15 años que lleva el relevamiento de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (CICCRA) con 50,8 kg/año. La pandemia y la consecuente reducción en los ingresos agravó más este panorama, llevándolo a 48,8 kilos en el año.

A contramano de las malas noticias en el mercado interno, el frente exportador tuvo recientemente sus mejores años. De las 313 mil toneladas exportadas en 2017 se pasó a 903 mil en 2020, y en lo que va de 2021 la exportación creció otro 13 por ciento. En el mismo período, la producción aumentó 324 mil toneladas, de manera que el incremento en las exportaciones se produjo gracias al aumento de la producción y a la caída en el consumo interno en partes iguales. Esta consideración es relevante para descartar la idea de que se exporta carne que en Argentina no se consume. Evidentemente, si se pudo exportar más fue también porque se consumió menos.

La medida no es sostenible en el largo plazo. Las múltiples restricciones de la Argentina están a la vuelta de la esquina. Así como la restricción social es alarmante -nadie con algún sentido de justicia social puede pensar la herencia macrista como un equilibrio distributivo a partir del cual crecer-, tampoco puede desconocerse que hoy el país no está en condiciones de resignar 3.000 millones de dólares al año que ingresan por las exportaciones de carne. Recuperar el consumo de carne local un 20 por ciento para retornar a valores promedio de los últimos años dejaría todavía un saldo exportador de 500 mil toneladas, un monto no despreciable. Es en este equilibrio donde tiene que moverse la administración del comercio exterior.

Todavía faltan otras herramientas sobre la mesa para trabajar en los costos de la cadena. Entre los costos de la tierra y la alimentación -que es principalmente a base de maíz-, se alcanza al 25 por ciento de los costos totales de la cadena a partir de un trabajo realizado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA). La renta de la tierra es el principal costo, seguido por el maíz, que registró un aumento de 170 por ciento en el último año en el mercado de Rosario siguiendo a los precios internacionales. Si no hay cambios en las retenciones para diferenciar el precio local, los precios internacionales se meten de lleno en la cadena de todas las carnes, que tienen a los granos como el principal insumo.

Desde ya, la cuestión inflacionaria no puede ser abordada únicamente a partir de medidas en mercados puntuales descoordinadas temporalmente entre sí. Esta semana podemos hablar de la carne vacuna, la siguiente de la harina, luego del sector textil -y así sucesivamente…- sin haber hecho nada respecto de la inercia inflacionaria. Estos anuncios no pueden entenderse como un programa antiinflacionario, que todavía no se materializa mientras la cautela fiscal, a pesar de sobrecumplir los objetivos del presupuesto, no se traduce (ni se traducirá) en un cambio en la dinámica de los precios. Un programa de estabilización es fundamental para cortar la inercia en este contexto en el cual es un factor determinante de la inflación.

En definitiva, el contexto amerita holgadamente la adopción de medidas excepcionales. El principal efecto del cierre de exportaciones pasa por fortalecer la posición negociadora del gobierno, que debe representar a los que no somos propietarios de campos, de vacas ni de frigoríficos. En menor medida, puede volcar una mayor oferta al mercado interno en el muy corto plazo para incidir en los precios finales, en la medida que no sea impedido por algunos actores del sector interrumpiendo la comercialización. Pero también implica un alto costo en divisas en un escenario de restricción externa muy distinto al de 15 años atrás y existen otros aspectos clave en la formación del costo que todavía falta encarar.

(*) Economista Jefe del CESO.

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Explorar otras opciones

Por Nicolás Dvoskin (**)

La reciente resolución del gobierno de suspender por 30 días las exportaciones de carne vacuna como respuesta al acelerado aumento de sus precios ha vuelto a generar un amplio debate. ¿Es correcta o incorrecta? ¿Cuáles son las consecuencias esperadas?

Ante todo, la carne vacuna es un bien salarial: integra directamente la canasta de consumo de la mayoría de la población. Pero, a su vez, es un bien que se exporta. La pregunta, entonces, es cómo se relacionan, para un mismo sector productivo, la venta doméstica y la exportación.

Para simplificar asumimos que el sector ganadero está integrado verticalmente, más allá de que sepamos que no es así. Cuando exporta, su ingreso en pesos es igual al precio internacional en dólares por el tipo de cambio, menos retenciones. Dado que en el mercado mundial Argentina es un tomador de precios, el precio internacional es ajeno a lo que sucede en el país. El margen de ganancia es ese ingreso menos los costos de producción.

En comparación con la venta local, una parte de los costos es la misma y otra, el transporte internacional, solo rige para la venta hacia el exterior. Entonces, en tanto los productores quieran maximizar sus márgenes y la demanda externa no esté restringida, no aceptarán vender localmente por menos que lo que reciben cuando exportan. Así, el precio doméstico es igual al precio internacional por el tipo de cambio menos retenciones y costos exclusivos de la exportación. Cuando el precio internacional sube, el doméstico también lo hace. Cuando se devalúa la moneda o bajan las retenciones, también. Estas son, en líneas generales, las dicotomías de los países exportadores de bienes salariales: cuando el precio internacional sube, entran más dólares pero aumenta el costo de vida; cuando se devalúa la moneda, mejora la competitividad pero también aumenta el costo de vida.

¿Qué ha pasado con la carne? En los últimos años la suba del dólar generó un incremento en el precio que no fue acompañado por subas salariales equivalentes. Así, mientras el consumo doméstico cayó casi un 10 por ciento en los últimos cinco años, las exportaciones se multiplicaron. ¿Por qué? Porque la capacidad de compra doméstica de carne cayó y sólo una parte encuentra demanda en el mercado local al precio definido externamente. A eso se le suma la reciente tendencia alcista del precio internacional: según datos de la FAO, el precio internacional en abril de 2021 fue 5,1 por ciento más en dólares que en abril de 2020.

¿Qué sucede al cerrar las exportaciones? Se desacoplan los precios externo e interno. Ahora el segundo pasa a estar definido por determinantes propios y hay que mirar su estructura de costos. Precisamente, hay algunos insumos dolarizados cuyo precio ha aumentado. Por ejemplo, la avena, el maíz, el sorgo y la cebada, utilizados para alimentar vacas, también se exportan. En el caso del maíz, la suba desde octubre de 2020 a hoy es del 40 por ciento en dólares. Allí se abren dos opciones: 1) el margen de rentabilidad es reducido, con lo que el precio de venta no cae; 2) el precio de venta baja, pero esa reducción de la rentabilidad ganadera, sin afectar la de otros sectores agropecuarios, puede llevar a que los productores decidan volcarse a otras actividades más lucrativas, como de hecho viene sucediendo con el avance de la soja.

Es decir, no parece atinado enfrentar un problema de la ganadería bovina sin prestar atención a su estructura de costos, las diferencias a su interior y las posibles repercusiones sobre otros sectores. En tanto el productor pueda cambiar de rubro, no se puede discutir su rentabilidad con independencia de la de todo el agro. Además, claro está, cerrar las exportaciones priva al país de divisas que son escasas, entre otras cosas para la importación de insumos agropecuarios.

En síntesis, el alto precio de la carne y los bajos ingresos de la mayoría son problemas urgentes que deben ser atendidos. Sin embargo, esta medida no parece ser la más adecuada, dado que es muy probable que, independientemente de los efectos políticos, no cumpla con su cometido.

(**) Investigador CEIL-CONICET.