Fabián “Pepín” Rodríguez Simón no tuvo cargos en el Poder Ejecutivo, pero usaba un escritorio en la Casa Rosada. Cuentan exintegrantes del gobierno de Mauricio Macri que habitaba el despacho del entonces jefe de asesores José Torello. Se movía como parte del equipo presidencial, o más aún, como un poderoso conector hacia adentro y hacia afuera, donde tenía línea directa con lugares clave como la Corte Suprema. Ese papel que cumplía quedó claramente a la vista en un extenso análisis de llamados telefónicos que hizo la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCo) y que fue entregado a la jueza María Servini como parte de la causa donde investiga una presunta asociación ilícita de donde partieron extorsiones y hostigamientos dirigidos a los dueños del grupo Indalo con la intención de debilitar sus empresas, provocarles asfixia económica y financiera e incluso quitárselas. El entrecruzamiento fue presentado en el juzgado el lunes último, después de que Mauricio Macri --que está imputado-- lograra diferirlo varios meses. Fue a partir de ese momento que Rodríguez Simón lanzó su estrategia de huida para no presentarse a la indagatoria denunciando una supuesta persecución política por la que anunció que pidió refugio en Uruguay.

El estudio de la DAJuDeCo --la oficina de escuchas e investigaciones que depende de la Corte-- muestra que en momentos cruciales para el expediente el operador judicial favorito de Macri hablaba con la Secretaría General de la presidencia, con Jefatura de Gabinete, con el Gobierno porteño, con el entonces ministro de Justicia Germán Garavano, con el Casino de Buenos Aires y también con el actual presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz. Les dedicaba muchos más contactos por teléfono que a sus trabajos formales, en el directorio de YPF y en el Parlasur.

Es el segundo análisis que realiza ese organismo, y que se hizo en base a los números de teléfono de de todos los imputados, entre quienes están, además de Macri y Rodríguez Simón, Torello, el exvicejefe de Gabinete Mario Quintana, los extitulares de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Alberto Abad y Leandro Cuccioli, otros agentes de ese organismo y los empresarios Orlando Terranova e Ignacio Rosner. El expresidente había logrado primero que la Cámara Federal acotara el período de llamados analizados a los hechos puntuales investigados. Luego la Sala III Cámara de Casación Federal retuvo el expediente y recién lo liberó el mes pasado, lo que explica que recién la semana pasada la jueza pudiera disponer del material. Con anterioridad, sí había recibido un informe pormenorizado de los llamados de Rodríguez Simón entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2019, que él curiosamente no objetó. Se buscaron sus contactos más frecuentes, con los que tuvo más de quince llamadas. Fueron hallados 98 con esas características. No se rastrea el contenido de las llamadas, solo el mapa de quién habla con quién y con qué frecuencia.

El rincón personal de “Pepín” en la Casa de Gobierno estaba ubicado al lado del Salón de las Mujeres, en el llamado “Sector Martín Fierro” en el primer piso, muy cerca del despacho de Macri. Ahí también usaba una oficina el exprocurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, cuyo despacho oficial quedaba en otro edificio. Todos ellos, Torello también, eran integrantes de la llamada “mesa judicial” del macrismo. En la causa a cargo de Servini se investiga una de las tantas operaciones de algunos de los protagonistas de ese grupo, que tuvo la gravedad de llegar al punto de provocar la detención de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa. La jueza tiene la hipótesis de que se habría utilizado la estructura del Estado --a través de la AFIP, el propio Poder Judicial y Vialidad Nacional entre las áreas principales-- para intentar quedarse con las empresas Grupo Indalo. Con ese entramado habrían buscado perseguir opositores políticos y hacer negocios. Las extorsiones, presiones y amenazas se podrían probar, entienden en su equipo con los relatos de los denunciantes, testigos (algunos socios de ellos) y los números de teléfono. Rodríguez Simón, en el gráfico que muestra la centralización y el juego de las operaciones, parece tener un papel crucial, como una suerte de agente inorgánico u hombre detrás de escena, o no tan detrás.

Los hitos de Pepín

La investigación --con Rodríguez Simón como un personaje central-- tiene como punto de inicio el 25 de octubre de 2015, el mismo día de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y cuando Macri recibió a Cristóbal López en la casa de su padre. En ese momento, Macri se quejó por primera vez, según declaró López, del trato que le dispensaba el canal C5N y le anticipó que sabía que iba a ganar las elecciones en segunda vuelta, que tenía información de la “embajada” en tal sentido. Macri le preguntó, entonces, qué trato iba a darle la cadena a su gobierno y López le respondió que el canal iba a mantenerse neutral. Allí Macri le habría dicho que necesitaba la señal para avanzar contra Cristina Fernández de Kirchner. López se puso nervioso. No recordó más cómo siguió la conversación, sólo que le contestó que, aunque Cristina no era su amiga, la apreciaba y creía en el proyecto político del kirchnerismo. Las críticas a la línea editorial serían una constante cuando ya no fuera Macri quien presidiera los encuentros, sino “Pepín” Rodríguez Simón, que se presentaba como su mandadero --según declaró López ante la jueza Servini.

El rol preponderante de “Pepín” comienza al poco tiempo de asumido Macri, cuando mantiene reuniones tanto con López como con Federico Achával, su socio en el Casino de Buenos Aires y en el Hipódromo de Palermo. Durante esos encuentros, Rodríguez Simón habría comenzado con las presiones impositivas, mientras mantenía la línea crítica de Macri sobre el canal C5N. La jueza situó esos encuentros en febrero de 2016. Para entonces, Rodríguez Simón hablaba insistentemente con el Gobierno de la Ciudad --al que ahora dice que asesoraba en cuestiones vinculadas al juego de azar y con cuyas líneas mantuvo 153 comunicaciones--. Con la Secretaría General de la Presidencia se comunicó en 57 oportunidades y 30 con la Jefatura de Gabinete. Mientras tanto habló en 27 oportunidades con Carlos Rosenkrantz, que ya preparaba su audiencia pública ante el Senado después del fracaso de la idea de “Pepín” de nombrarlos tanto a él como a Horacio Rosatti en comisión, saltándose la aprobación de la Cámara Alta.

Como las negociaciones con López y Achával no rendían sus frutos, Pepín le escribió al abogado Joaquín Labougle: “Arreglá los honorarios con tus clientes porque empezó la guerra”. Para López, la guerra se inició cuando vio que entraba en acción la AFIP contra Oil Combustibles, otro sector de sus empresas. El anuncio de esa ofensiva corrió por cuenta del diario La Nación, con una nota publicada el 13 de marzo de ese año, que le atribuía una deuda millonaria de impuesto a los combustibles líquidos, y que fue la base la causa en la que el juez Julián Ercolini envió a López y a De Sousa a prisión, el 19 de diciembre de 2017. Rodríguez Simón tiene 104 llamadas con La Nación en el período analizado. También tiene muchos con Clarín (AGEA), 182, grupo del cual fue asesor y abogado.

Pepín se movía con comodidad en la Casa Rosada. Tal es el caso que el 23 de junio de 2016 recibieron en la Casa de Gobierno junto con Mario Quintana a Achával para continuar con la presión por el pago de los ingresos brutos. Si no lo hacían, el Hipódromo se iba a convertir en un espacio verde, vociferó Pepín, que para entonces estaba muy irritado por lo que pasaba en C5N. Según declaró Achával, lo llamó en un arrebato de furia cuando se enteró que la señal iba a dedicarle un informe. Como el empresario le dijo que no tenía vinculación con el mundo de los medios de su socio, Pepín le soltó: “Jodete por ser socio de Cristóbal López, bajalo porque, si no, te hacemos mierda”. El día de esa reunión Pepín llamó en cuatro oportunidades al Casino de Buenos Aires y habló con la Secretaría General de la Presidencia y el Gobierno de la Ciudad. El patrón de llamados se repitió en los días anteriores y posteriores al encuentro en la Rosada: 48 llamadas con la Secretaría que encabezaba Fernando De Andreis, 41 con la administración porteña y 32 con el Casino de Buenos Aires.

Dos semanas después, el 5 de julio de 2016, Rodríguez Simón mantuvo otra reunión con Achával y Ricardo Benedicto en su casa. “No quiero verlo preso a Achával”, habría dicho el operador de Macri, según consignó la jueza Servini en su resolución. Después de esa reunión, los empresarios terminaron aceptando el pago de los cánones y, para que se los incluyera en las moratorias, debieron desistir todas las acciones judiciales que habían iniciado. Para entonces, “Pepín” registró 65 llamadas con el Gobierno de la Ciudad, 55 con la Secretaría General de la Presidencia, 24 con Casino de Buenos Aires, 16 con el entonces procurador del Tesoro Carlos Balbín y quince con el abogado Labougle, al que tiempo atrás le había hecho llegar la declaración de guerra.

El interés de la gestión macrista en el negocio del juego fue notable y variado. Rodríguez Simón siempre se ocupó de eso. El sitio El Destape reveló en 2018 que, además de haber colaborado con el desguace de Lotería Nacional, que fue traspasada por el decreto 743/2016 a la Ciudad y liquidada con el 95/2018, el operador fue nombrado asesor extraescalafonario de gabinete de presidencia del Directorio de la Lotería de la Ciudad (LOTBA).

En el análisis de la DaJuDeCo, se ve a un Rodríguez Simón con mucha actividad en sus comunicaciones a diferencia de Macri, que tanto empeño puso en los tribunales para que el análisis no se hiciera, llegando incluso a sostener que estaba en riesgo la seguridad nacional si se conocía con qué números se había comunicado. El informe, por el contrario, sólo da cuenta de tres números frecuentes antes de asumir la presidencia: El Gobierno de la Ciudad, MJA SA --que corresponde a la empresa de su esposa, Juliana Awada-- y su suegra Elsa Esther “Pomi” Baker.

Un operador judicial

Uno de los funcionarios con el que más se comunicó fue con el entonces ministro de Justicia Germán Garavano, con quien mantuvo 162 comunicaciones, según el análisis de la DAJuDeCO. En el entorno de Garavano reconocen las llamadas con “Pepín” y dicen que el diálogo con el operador estaba vinculado a la Corte Suprema, lo que refuerza la llegada a la cima del Poder Judicial que tenía el operador, a quien le atribuyeron varias de las jugadas que ocurrieron en la Corte durante la presidencia de Macri. Sin ir más lejos, fue Rodríguez Simón quien se atribuyó la idea de llevar dos jueces en comisión al máximo tribunal para esquivar el Senado, él también acercó los nombres de Carlos Rosenkrantz y de Horacio Rosatti, un peronista de provincia que tenía el visto bueno de Elisa Carrió.

“Pepín” era un enlace entre el mundo Garavano y el de Carrió --con quien no los unía la simpatía. Hubo una explosión de comunicaciones entre el ministro y el operador con despacho en la Rosada para agosto de 2016, cuando Rosenkrantz preparaba su desembarco en el Palacio de Justicia y mientras el resto de los cuatro integrantes se preparaban para votar sobre el tarifazo de Macri.

“Pepín” solía llamar al procurador del Tesoro Balbín, con quien mantuvo 40 comunicaciones, según el estudio de la DAJudeCO. Los llamados incluían desde las presentaciones por tarifas hasta temas de negocios de la familia Macri como el Correo o las Autopistas, por los que tramitan importantes causas judiciales. Por La Nación se enteró de que pensaban correrlo. Para ahuyentar esos temores, lo convocaron a una reunión en la que también estuvo Pepín e hicieron un acting desde la jefatura de gabinete al difundir una foto del encuentro y decir que era un gran funcionario. Rodríguez Simón fue otra vez la voz que escuchó Balbín en abril de 2017 cuando le anunciaron que su tiempo en la administración pública había terminado después de darle la razón a la fiscala Gabriela Boquín sobre la deuda millonaria del Correo. Eso sí: “Pepín” le propuso una salida elegante hacia una embajada, invitación que Balbín declinó.