Esto fue lo que pasó y así no debe quedar: Araceli Fulles desapareció el día que Micaela García era secuestrada, violada y asesinada por uno o más individuos, y continuó desaparecida mientras se confirmaba que Tamara Alejandra Córdoba fue encontrada incinerada en un descampado de Villa María. La violencia se encargó de atravesarlas en ese paso coincidente de salir a divertirse y volver a casa para tomarse unos mates o recuperar las horas de sueño postergadas con felicidad. Una ráfaga de incertidumbre desploma hoy a los padres de las tres, buscadores de respuestas que no les dan la Justicia ni el Estado nacional, y a cambio se apura una agenda de moral punitivista para modificar la Ley 24.660, cuando lo que se está reclamando es la aparición con vida de niñas y mujeres, la aplicación efectiva de políticas integrales de prevención de la violencia machista y respuestas adecuadas a las víctimas y a sus familias.

Nadie se explica la negativa de la fiscal Graciela López Pereyra de la UFI N° 2 de San Martín a cargo del caso de Araceli, de cambiar la carátula de “búsqueda de persona” por la de “desaparición forzada”. Y a esta altura resulta escandaloso que tampoco se hubiera pedido colaboración a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex),  cuando abundaban evidencias que señalaron la presencia de ese delito y aún contra las pruebas que aportaron los padres y el hermano de Araceli, quienes exigieron la recaratulación urgente de la causa y denuncian que la chica habría sido secuestrada por una red de trata de personas. Parecería que los mecanismos de institucionales de ejecución sólo están formateados para activar una demagogia punitiva de las penas como estrategia política que de idea ciudadana de efectividad, lo que confirma -una vez más- que las violencias contra niñas, mujeres, lesbianas, trans y travestis no ocupan la agenda del Gobierno nacional. No en los términos que se lo reclaman las miles de personas que marchan en cada una de las fechas emblemáticas encabezadas por organizaciones sociales, políticas, sindicales y por el colectivo Ni Una Menos, que el jueves último presentó un documento en el Senado contra el proyecto del Ejecutivo para “solucionar” –con podas a la libertad condicional y la figura (entre otras) de coerción agravada– femicidios y violaciones.

“Las respuestas como la que busca ahora el Poder Legislativo no modifican en absoluto las violencias en que vivimos –expresa el texto–. Como ustedes bien saben el derecho penal llega tarde: se activa cuando estamos muertas”. Sin embargo se caracteriza por su inacción cuando estamos desaparecidas, aunque pretendan imponer un maquillaje efectista con la participación rimbombante de Interpol en el caso de Araceli y la zanahoria de los 500.000 pesos de recompensa en medio de allanamientos confusos, redadas policiales desviadas sospechosamente de rutas que piden a gritos que las caminen y un malestar generalizado al advertirse, en el fondo de todos estos acontecimientos, el profundo desprecio hacia las vidas de las mujeres y su consiguiente castigo por “querer salirse” de los roles asignados.

El domingo último, antes de que el cuerpo de Tamara apareciera en un descampado de la localidad cordobesa de Villa Nueva, sus familiares pedían ayuda “a la gente” para encontrarla. “Sabemos que las primeras 72 horas son claves y ya pasaron casi tres días.” Salieron a buscarla en pueblada, como sucedió el sábado 15 en San Martín con Araceli, cuando más de 200 jóvenxs de diferentes organizaciones y barrios se encontraron en la estación de José León Suárez para desplegar una campaña de difusión masiva de búsqueda. La jornada convocada por el Movimiento Evita de San Martín involucró a vecinas y vecinos que se sintieron interpelados por una situación que no recibió la atención estatal correspondiente en el pedido de viralización de su imagen, que ayudara a encontrarla. Se recorrieron las viviendas de doce barrios puerta a puerta, para comunicar la situación e invitando a participar de las tareas de rastreo y concientización, con debates sobre violencia de género. Según relevamientos del Frente de Mujeres Evita San Martín, en el Area Metropolitana de Buenos Aires (provincia de Buenos Aires y Capital Federal) se produce una denuncia por violencia de género cada cuatro minutos. Los cuerpos de las mujeres víctimas de la manifestación extrema de esas violencias, los femicidios, suelen ser hallados en forma accidental por personas que pasan aquellos lugares donde las descartan o destrozan para borrar la evidencia de sus crímenes. Las fuerzas de seguridad que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich recicla cada veinticuatro horas son elementos border en estos hechos. Piedras “al servicio de la comunidad”. Ejemplos a mano alzada: Ornella Dottori, la adolescente que apareció muerta en Tucumán el 11 de abril fue hallada por dos niños en una plantación de soja. Al cuerpo de Melina Romero envuelto en bolsas de residuos lo descubrió una mujer a metros del predio del Ceamse, en José León Suárez. Daiana Ayelén García fue encontrada por unos vecinos en un descampado de Llavallol, dentro de una bolsa de arpillera. 

María del Carmen, la madre de María Cash, desaparecida en 2011, dijo que “en la Argentina no se busca a las personas desaparecidas, a ninguna, no sólo a María sino a cualquier persona desaparecida”. Podría agregarse que no se investigan las pruebas donde se demuestra que muchas son secuestradas para ser prostituidas, como evidenció el caso de Florencia Penacchi, desaparecida en 2005, o que se dilatan los seguimientos con fines sistemáticos de olvido, como en los casos de Yamila Cuello, que desapareció hace siete años en Córdoba, y Johanna Chacón, que permanece desaparecida desde 2012 en Mendoza. “Hay jueces y fiscales que no toman en serio la voz de las denunciantes o que no se preocupan por la especificidad de violaciones y femicidios”, revela el documento de NUM. “Hoy buscamos a Araceli Fulles en San Martín. La fiscalía de San Martín no aceptó la ayuda de la Unidad especializada de Trata de Personas para descartar esa hipótesis. En otras palabras: nos ningunean, y todas las medidas que efectivamente existen para prevenir y erradicar la violencia machista son desoídas una a una.”