La pandemia de coronavirus puso de manifiesto tanto las profundas desigualdades plasmadas por el capitalismo global como los impactos particulares que afectan a cada país. Por un lado, se aprecian los fuertes conflictos por el acceso a las vacunas y su desigual distribución entre las naciones ricas y de menores recursos. Del mismo modo, la Covid-19 refuerza la inequidad mundial, que en un escenario de predominio neoliberal incorpora, además de los factores económicos y sociales de diferenciación, la cuestión sanitaria.

En este contexto, América Latina atraviesa su segunda ola con un aumento exponencial de contagios y fallecidos que representa casi una tercera parte de las muertes del planeta. Las tensiones se acumulan en los diversos países y en el escenario argentino en particular las disputas se hacen presentes en diversos frentes en un año electoral. Los principales conflictos se estructuran alrededor del accionar del oficialismo en la búsqueda de mitigar los impactos generados por la emergencia sanitaria y el colapso económico-social previo de la etapa macrista, frente a una oposición contraria a las medidas de cuidado, sin un liderazgo definido y articulada con poderes fácticos, tales como importantes medios de comunicación, sectores del poder judicial y grandes grupos económicos.

Los efectos recientes de la segunda ola vienen mostrando un fuerte nivel de confrontación política respecto a la aplicación de medidas restrictivas, que ha llegado a límites insospechados con la polémica entre la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional por las clases presenciales. Las medidas últimas de confinamiento dictadas desde el Ejecutivo y aceptadas finalmente ante las evidencias de los hechos marcan sólo un compás de espera. Precisamente, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) -que constituye un aglomerado urbano común y exige una estrategia unificada- en tanto foco relevante de la pandemia con irradiación hacia el interior, conforma un ámbito tensionado entre CABA, Provincia de Buenos Aires y Nación.

En este sentido, resultados recientes de la investigación “Prevención y monitoreo del COVID-19 en municipios del Conurbano Bonaerense desde una perspectiva multidimensional”, financiada por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, resaltan diversos problemas. Por un lado, la cuestión sanitaria -con fuertes brechas a nivel de infraestructura y recursos entre los distritos más ricos y más pobres- y la provisión de alimentos -eje altamente priorizado a nivel gubernamental y que movilizó múltiples actores (organizaciones territoriales, unidades productivas, hogares y distintos niveles de gestión del Estado). Por otro lado, el sostén a la producción y el trabajo -con variedad de situaciones según tipo, tamaño y sector de empresa en un escenario de reactivación económica gradual- y mayores impactos sobre el empleo no registrado respecto a los asalariados formales y registrados (contenidos en gran parte por la acción estatal).

En este contexto, la intervención del Estado en materia social y su capacidad regulatoria para incidir en aspectos claves de la economía y la provisión de servicios básicos, conforma otro lugar de disputa entre el oficialismo y la oposición. Con una pandemia que recrudece y diversas dificultades –endeudamiento externo, pobreza, inflación en alza y aumentos de los alimentos-, el gobierno nacional busca por distintos medios enfrentar los múltiples frentes abiertos (sanitario, económico, social e institucional). Quedará por verse los resultados de esta confluencia de factores en el curso de unos pocos meses.

(*) Investigador-docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento/CONICET. Compilador del libro: El conurbano bonaerense en pandemia. Alcances y desafíos desde una perspectiva mutidimensional, Ediciones UNGS.