"Mi caso constituye un acto de discriminación por parte del Gobierno de la Ciudad, están violando el libre ejercicio de mi profesión y toda ley nacional y tratado internacional en discapacidad a los cuales Argentina suscribió", dijo a Página/12 Marina Pallotti, Licenciada en Nutrición y trabajadora del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, que demandó al Gobierno porteño por mantenerla sin tareas asignadas desde 2019, y por negarle su pase a otro sector de la administración pública donde podría desempeñar un trabajo idóneo a su formación y ajustado a la discapacidad degenerativa que padece. Según denuncia, justamente en 2019 cuestionó y sugirió cambios en algunas políticas de alimentación de los Centros de Primera Infancia (CPI), y en 2016 y 2017 la Agencia Gubernamental de Control (AGC) bloqueó su contratación como Directora Técnica en una empresa alimenticia a pesar de estar capacitada para el cargo: "A las nutricionistas que defendemos la salud pública no nos quieren en las áreas de control de alimentos", advirtió.
En el año 2016, Pallotti fue diagnosticada por estenosis del canal neural por disco invertebral, una patología degenerativa por la que el propio Gobierno de la Ciudad le otorgó el Certificado Único de Discapacidad por "anormalidades de la marcha y de la movilidad". "Ese mismo año una empresa me propuso a mí como Directora Técnica, yo soy Licenciada en Nutrición y además me especialicé en control de alimentos, hay un decreto que nos habilita para ejercer como Directores Técnicos", contó a este diario.
El decreto referido por Pallotti es el 179/00, que creó el Reglamento de Inspección de Productos Alimenticios y que, en su artículo 1, inciso 30, establece quienes pueden desempeñarse en el cargo de Director Técnico para realizar el control de calidad de un establecimiento industrial: la Licenciatura en Nutrición es una de las nueve que aparecen mencionadas en el decreto.
"En estos casos, para el nombramiento final interviene la AGC a través de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria (DGHYSA), ellos ponen el sello final, ingresan el trámite y ya está, pero en este caso no lo hicieron", continuó Pallotti. En 2017 la misma empresa volvió a postularla para el cargo y la AGC volvió a rechazarla, alegando que no tenía idoneidad a pesar de lo establecido en el decreto y de las incumbencias propias de su profesión. Aunque nunca obtuvo una respuesta concreta, Pallotti sostuvo que "a las nutricionistas que defendemos la salud pública no nos quieren en las áreas de control de alimentos, no les conviene".
En julio de 2017, a través de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS- dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat), el Gobierno de la Ciudad abrió un concurso público para nutricionistas con discapacidad para desempeñar tareas en ese Ministerio. "Lo curioso es que el primer requisito excluyente que se pedía para poder concursar era el decreto 179/00, el mismo por el que me habían bloqueado acceder a ocupar el cargo de Directora Técnica en la empresa", señaló la mujer.
En el concurso, Pallotti obtuvo uno de los diez puestos vacantes, quedando tercera en orden de mérito, por lo que en enero de 2018 comenzó a trabajar en la Gerencia Operativa de Apoyo a Grupos Comunitarios del Ministerio. En abril de 2019, fue trasladada a los CPI. "Cuando entré cuestioné algunas políticas, hice dos preguntas que no gustaron y me corrieron, me quisieron inventar una función que no existe. Querían que capacitara a psicopedagogos o a profesores de Educación Física, cosas que nada tienen que ver ni con mi formación ni con la alimentación de los chicos, conforme consta en el material guía de los CPI", recordó.
"El año pasado, ya en pandemia, me quisieron hacer ir a controlar kits de limpieza y yo me negué, ya que no había tenido respuesta por la arbitrariedad en la aplicación del decreto. Ante esa negativa emitieron una evaluación negativa de mi trabajo, lo que cobra forma de acoso laboral", aseguró y agregó que su discapacidad se relaciona estrechamente con el stress laboral.
Desde el año 2019, Pallotti no tiene tareas asignadas y es por esto que solicitó su traslado a la DGHYSA para ocupar un cargo como Directora Técnica que, además de ser idóneo con su formación, se ajuste a su situación de salud: “La Comisión Permanente del Reglamento de Inspección de Productos alimenticios no se encuentra operativa, con lo cual ahí habría puestos vacantes para ser ocupados”, dijo.
Ante la ausencia de respuestas al pedido de traslado, la mujer decidió llevar el caso a la Justicia, donde desde febrero de este año se tramita una demanda contra el Gobierno porteño en el Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario N° 24. "Se trata de una medida cautelar. El juez pidió documentación al Gobierno que no están entregando, aduciendo que por la pandemia tienen a personal desafectado y no pueden hacerlo. Ya les otorgaron cuatro plazos de prórroga, pero la documentación ya consta en el expediente, sólo falta que ellos envíen mi legajo personal, y no lo quieren hacer", indicó Pallotti.
"Yo estoy siendo discriminada, demostré mi idoneidad reiteradas veces y me nivelan hacia abajo, por debajo de mi capacitación, eso es discriminación, violan la Ley nacional 22.431 y la 1.502 de CABA, por lo cual también he presentado la denuncia ante el INADI", advirtió y concluyó que "es muy triste sentir que vivís en función de lo que ellos definen, en el Gobierno porteño no existe ni diálogo, ni la nivelación hacia arriba, ni la inclusión".
Informe: Santiago Brunetto.
