Fabían Rodríguez Simón sigue acumulando problemas judiciales. Es que este lunes la Cancillería argentina envió a Uruguay el pedido de detención y la extradición de “Pepín”, quien está siendo investigado por la presunta comisión del delito de asociación ilícita en el marco de la causa en la que se investigan las presiones del gobierno macrista sobre los accionistas del Grupo Indalo. La jueza que lleva adelante la investigación, María Servini, recibió estos últimos días un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCo) que demuestra cómo el operador judicial hablaba en momentos cruciales con integrantes de su propio gobierno y del Poder Judicial: por caso, llamó en 27 oportunidades a Carlos Rosenkrantz.
Cabe recordar también que el viernes pasado desde Cancillería argentina enviaron el exhorto solicitando que se lo localice y se le prohíba la salida del país. Ahora, este lunes por la noche, enviaron a través de la Embajada el pedido de detención y de extradición. Mientras tanto, en Uruguay se está tramitando el pedido de refugio político que hizo el operador judicial macrista: antes de que el juzgado se expida deberá haber un informe previo de la Comisión de Refugiados, que tiene 90 días como máximo para decidir.
Por su parte, a fines de la semana pasada, la Justicia penal de Montevideo rechazó una solicitud de habeas corpus que había presentado Rodríguez Simón y que en caso de ser aprobada le hubiera permitido evitar una detención en ese país. La resolución estuvo a cargo del juez letrado de primera instancia en lo Penal Marcelo Malvar, ante quien el exasesor jurídico de Cambiemos había interpuesto un segundo habeas corpus –el primero había sido rechazado el 7 de mayo- en el que se definió como víctima de persecución política y dijo que la Justicia argentina buscaba detenerlo arbitrariamente.
