El gobierno cubano se declaró "sorprendido" e "irritado" por la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de mantener a la isla en la lista de países que no cooperan con los esfuerzos antiterroristas de Washington. Cuba había sido incluida nuevamente en la lista de "Estados patrocinadores del terrorismo" en enero de este año por el expresidente Donald Trump. Y aunque en la isla se esperaba que la llegada al poder del demócrata Joe Biden suavizara las tensiones bilaterales y propiciara un nuevo acercamiento, la Casa Blanca ya dijo en dos ocasiones que cambiar la política hacia Cuba no es prioridad en su agenda. Ingresar a un país en la lista negra de terrorismo implica trabas al comercio y más sanciones, aunque sobre Cuba ya pesan todas esas restricciones debido al bloqueo.
"El gobierno de Biden mantiene a Cuba en la lista de países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo", escribió en Twitter el ministro cubano de Exteriores, Bruno Rodríguez, quien agregó: "Sorprende e irrita la calumnia y que aplique la política de Trump y sus 243 medidas de bloqueo".
En una comunicación oficial en el Registro Federal de Estados Unidos, el secretario de Estado Antony Blinken situó a Cuba, junto a Irán, Corea del Norte, Siria y Venezuela, en su lista de países que "no cooperan" del todo en "los esfuerzos antiterroristas" con Washington. Estos países no tienen acceso a licencias para la exportación de artículos y servicios de defensa, y además son notificados a la comunidad internacional por su falta de cooperación con Estados Unidos.
La Habana fue incluida en dicha lista en mayo de 2020 por la administración del entonces presidente Donald Trump (2017-2021), que en enero de este año también retornó a Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo, una de las últimas decisiones que tomó el mandatario republicano en el poder. Estados Unidos justificó la decisión aludiendo a la presencia en la isla de miembros de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que viajaron a La Habana (donde aún permanecen) en 2017 para iniciar unas negociaciones de paz ahora estancadas con el gobierno colombiano.
El presidente de Colombia, Iván Duque, solicitó reiteradamente a Cuba la extradición de los miembros de la delegación negociadora, algo que Cuba rechaza al considerar que violaría los preceptos del derecho internacional sobre los que se asientan los protocolos del diálogo de paz.
La isla había salido de la lista en 2015, durante la etapa de acercamiento impulsada por el entonces presidente estadounidense Barack Obama (2009-2017) y frenada por Trump, quien redobló las sanciones sobre La Habana y frenó el "deshielo", empujando al borde del abismo a una economía cubana ya exhausta. Durante su mandato Trump castigó el transporte, turismo y remesas, prohibió los negocios con una extensa "lista negra" de empresas vinculadas a los militares cubanos, paralizó los servicios consulares tras unos misteriosos problemas de salud sufridos por diplomáticos estadounidenses y se despidió devolviendo a Cuba a la lista de patrocinadores del terrorismo.
El regreso del país caribeño a la lista, ahora ratificada por un gobierno demócrata, generó rechazo internacional como el del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien aseguró confiar en que el presidente Joe Biden revierta la medida. Y en la misma línea, este martes la ONG inglesa Oxfam le recomendó a Biden que emprenda acciones para normalizar las relaciones con Cuba.
La representante de Oxfam en la isla, Elena Gentili, declaró a periodistas que Biden puede revertir las medidas adoptadas por Trump y "trabajar con el Congreso para llegar al levantamiento definitivo del bloqueo". Oxfam se ha pronunciado desde 2016 contra "esa política que limita el disfrute pleno de los derechos de los cubanos", agregó Gentili al referirse al embargo económico vigente desde 1962 y codificado en la Ley Helms-Burton en 1996.
Durante su campaña, Biden prometió revertir las cerca de 250 sanciones impuestas por Trump contra Cuba, pero hasta el momento eso no sucedió. De acuerdo con cálculos del gobierno cubano las afectaciones por este embargo se contabilizan en el último año en 5.500 millones de dólares.
