Mientras la jueza uruguaya Adriana Chamsarian, del Juzgado Letrado Penal Especializado en Crimen Organizado, ya interviene por el pedido de detención y extradición de Fabián "Pepín" Rodríguez Simón enviado por el juzgado de María Servini, el gobierno de Uruguay le comunicó al embajador argentino Alberto Iribarne que no demorarán el trámite que se inició tras la presentación de la Cancillería argentina donde se pide la detención y el posterior traslado a Buenos Aires del exasesor judicial de Mauricio Macri.

En las últimas horas el ministro de Educación de Uruguay, Pablo Da Silveira --que tiene a su cargo Justicia y la Procuración-- fue quien se comunicó con el embajador argentino allí, Alberto Iribarne, para decirle que el pedido que había girado la Cancillería ya tenía asignado un juzgado y que la instrucción política a la Comisión de Refugiados (CORE) es que evalúe el pedido de protección de "Pepín", donde dice que es un "perseguido político", lo antes posible. Mientras tanto se aguarda que una fiscalía tome las primeras decisiones, ya que el sistema es acusatorio.

La jueza Chamsarian tiene en su poder el pedido de Servino donde advierte a las autoridades el país vecino que "existe urgencia" ya que el operador judicial de Mauricio Macri "se dio a la fuga del territorio de territorio de la República Argentina y manifestó su intención de no someterse a la jurisdicción del país". La magistrada argentina envió 124 páginas con constancias del expediente donde deja en claro que está imputado por presuntas amenazas y extorsiones dirigidas a los dueños del Grupo Indalo, para perjudicarlos económicamente e incluso quitarles sus empresas si en sus medios la línea editorial no se alineaba con el macrismo. Ahora los tribunales uruguayos deben designar un fiscal, que quedará facultado para pedir una suerte de arresto administrativo y que, en caso de producirse, en principio tendría como objetivo llevarlo al juzgado para notificarle el trámite judicial.  

La CORE es un organismo que funciona dentro la Cancillería uruguaya y debe evaluar si hay motivos para conceder el refugio. La jueza Servini insistió en el escrito que no hay persecución ni delitos políticos en juego. Ahora que ya interviene la jueza Chamsarian, de acuerdo a la ley de Derecho al Refugio y a los Refugiados (18076), como ya hay un pedido de extradición en trámite podría ser ella quien tome la resolución final sobre el tema. Mientras tanto Servini continúa con la investigación y citó como testigos a la exprocuradora Alejandra Gils Carbó para el 10 de junio y al fiscal Gabriel De Vedia para el 16.