El pronunciamiento del Comité de Expertas de la Convención Belém do Pará, como coletazo del Caso Gómez, que las mujeres radicales llevaron a ese tribunal, es contundente.

El Tribunal inquisidor de la UCR había intentado suspenderlas por cinco meses por pedir el apartamiento de un candidato denunciado (hoy ya imputado) por abuso sexual, pero las “Ramonas Atrevidas”, tal como ellas se nombran, redoblaron la apuesta y llegaron hasta la corte más alta en derechos de género, que finalmente falló en favor del grupo, que pasó de denunciado a denunciante.

Lo trascendente del caso es que sientan las bases de un antecedente acerca de la “ficha limpia”, muy valioso para las provincias que como Catamarca no tienen aún una legislación que ampare.

Sin dudas, el avance de la lucha por los derechos de las mujeres ha traído consigo un requerimiento en la política que llegó para quedarse: el estándar no moral, sino ético de sus actores ya no es negociable.

Los detractores de su mismo partido habían considerado que el pedido de las mujeres radicales “se trató de afirmaciones injuriantes e insultantes, ajenas a la actividad política o partidaria del afiliado (por Gómez), resultando en una intromisión arbitraria de su vida privada”.

¿Una torpeza política no es violencia de género?

Las expertas expresaron también su preocupación por la “violencia en el ámbito político”, que recayó directamente en las mujeres militantes del Partido de la Unión Cívica Radical en Catamarca, Argentina (Ver https://www.pagina12.com.ar/343717-la-convencion-de-belem-do-para-respaldo-a-las-mujeres-radica). 

Cerca en el tiempo, pero en el atraso medieval del pensamiento mentecato, quedarán aquellas expresiones de la prensa cómplice que tildaron sus argumentos de sobreactuados y exagerados. Haciendo de sus análisis una verdadera épica de la farsa.

Con el avance sobre el Caso Aybar en Catamarca, y todo el movimiento que generó el pedido de su renuncia al intendente incluso antes de ser juzgado, pero con varias acusaciones y una imputación en su haber, se desató una efervescencia tal que la ola de arrastre fue imparable.

Tanto, que hace pocas semanas el presidente del Concejo Deliberante de la capital, Daniel Zelaya, tuvo que pedir licencia debido al impacto que generó una denuncia en su contra por violación, que habría cometido durante su adolescencia en su pueblo natal de Tucumán. Los pedidos de apartamiento llegaron principalmente por parte de los movimientos de mujeres de su mismo partido.

“La denuncia por un caso de violencia sexual, no forma parte de la vida privada de una persona pública”, aclaró el Comité de Expertas (CEVI) del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI).