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Trabajadores de prensa, académicos y activistas espiados por el gobierno de Mauricio Macri en el marco de las cumbres de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y del G-20 reclamaron al juez federal Julián Ercolini que llame a indagatoria a las altas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que estuvieron entonces a cargo de hacer los perfiles ideológicos de quienes querían cubrir o participar de los eventos. La denuncia, presentada por la interventora Cristina Caamaño, está a días de cumplir un año en los tribunales de Comodoro Py.
El viernes, Ercolini recibió una presentación de un grupo de víctimas del espionaje del gobierno macrista y del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) --que son patrocinados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)-- en la que reclamaban que se llame a indagatoria al exdirector general de la AFI Gustavo Arribas, a su número dos, Silvia Majdalani, al exdirector operacional de Contrainteligencia Martín Coste y al exdirector de Eventos Especiales Carlos Tonelli Banfi, el excuñado de la exvicepresidenta Gabriela Michetti.
“La prueba producida demuestra cabalmente la producción, reunión, análisis y almacenamiento de información de inteligencia ilícita en los términos de la ley 25.520 (ley de inteligencia)" y la intervención de los cuatro exfuncionarios de la AFI señalados, "excediendo ampliamente el grado de certeza exigido para la citación a prestar declaración indagatoria”, sostuvieron en el escrito al que accedió este diario.
La fiscala Paloma Ochoa había pedido la indagatoria de los exaltos mandos de la AFI el 26 de marzo pasado, como informó Página|12, por la inteligencia ilegal masiva que los servicios de inteligencia desplegaron con la excusa de las cumbres promocionadas por el macrismo como la vuelta al mundo. En el juzgado federal 11, que subroga Ercolini este año, explicaron a este diario que aún estaban bajo análisis los pedidos.
El 5 de junio del año pasado, Caamaño denunció que habían hallado documentación en la sede central de la AFI que daba cuenta de las tareas de espionaje desplegadas por la exSIDE en connivencia con el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. Según la documentación encontrada, el Ministerio de Seguridad había confeccionado un documento confidencial con lineamientos de seguridad en el que reclamaba hacer averiguaciones previas de los participantes en las cumbres.
Como parte de esa tarea encomendada por la cartera que dirigía Bullrich, la Dirección de Eventos Especiales --a cargo de Tonelli Banfi-- confeccionó cientos de fichas que pasaban por el área de Contrainteligencia --en manos de Coste-- para ser revisadas. Las fichas de periodistas, por ejemplo, estaban organizadas como un semáforo -- de acuerdo a las ideas políticas que estas personas expresaban en redes sociales. Ésa era una forma de jerarquización que utilizaba la AFI tal como surgió con la información que encontró la justicia federal de Lomas de Zamora para el espionaje de los presos en el penal de Ezeiza.
El material que motivó la denuncia de Caamaño apareció en la oficina que tenía Coste en la sede central de la AFI. Entre otros archivos hallaron listas de 403 trabajadores de prensa, 28 académicos y 58 personas catalogadas como “varios”, entre quienes se incluía desde integrantes de ONGs hasta empresarios. También se encontraron documentos que daban cuenta de seguimientos a militantes del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) antes de la cumbre de la OMC de 2017 y en el contexto previo a las elecciones de ese año y mientras se producían movilizaciones para reclamar la aparición con vida de Santiago Maldonado.
"Creemos que todos los exfuncionarios de AFI y del gobierno de Cambiemos tienen que rendir cuentas por esta actividad ilegal contra las organizaciones políticas", sostuvo el abogado Matías Aufieri que, junto con su colega Myriam Bregman representan a dirigentes del PTS espiados, y adelantó que también reclamarán que se lleve adelante la indagatoria.
Las dos máximas autoridades de la AFI macrista cuentan con tres procesamientos en su haber: dos en Lomas de Zamora y uno en Dolores por el espionaje en provincia de Buenos Aires a través del llamado Proyecto AMBA. Coste, de larga carrera en la AFI, fue el segundo director operacional de Contrainteligencia de la gestión macrista y se encuentra con procesamiento firme por el espionaje a Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria y en su departamento de Juncal y Uruguay. Otro de los procesados en Lomas por ese hecho, el exdirector de Operaciones Especiales Alan Ruiz, dio detalles en esa jurisdicción sobre el trabajo previo a las cumbres de la OMC y del G20 entre el Ministerio de Seguridad y la AFI. Ruiz es un eslabón entre ambas agencias estatales, ya que, a principios de 2018, dejó la cartera de Bullrich para sumarse a la AFI.
La mayoría de las causas de espionaje están concentradas actualmente en los tribunales de Comodoro Py, un territorio favorable para los exfuncionarios y espías macristas, con la única excepción de las investigaciones de Dolores, el D'Alessiogate y la trama en tornos a las bases AMBA --que perdieron envión desde que Alejo Ramos Padilla se mudó al juzgado federal 1 de La Plata--. La investigación que tramitaba ante el juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé ya está hace días en manos de Marcelo Martínez de Giorgi, que también tiene la investigación sobre los mails espiados por la AFI macrista. Otro de los expedientes, que también da cuenta del uso de las bases de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) para espiar a acreditados a la cumbre de la OMC, está en la Cámara Federal porteña para que defina qué juez debe seguir con su trámite.
