La jueza Marta Cirulli ordenó investigar la dudosa vinculación del Meinl Bank, un banco austríaco denunciado por corrupción al que el Banco Central Europeo le quitó la licencia, con el Correo Argentino. Se trata del principal acreedor privado de la empresa del Grupo Macri, que prestó conformidad para su salvataje. El otro gran acreedor es el Estado, pero se opuso a dar su conformidad. La magistrada, que debe decidir si declara la quiebra de la firma después de casi 20 años de proceso concursal, ordenó ahora --tal como le pidió la fiscala Gabriela Boquin-- librar exhortos a distintos organismos de Austria y Alemania para constatar la situación de la entidad, llamada actualmente Anglo Austrian AA Bank y para obtener la documentación de un convenio firmado con los Macri a través de una sociedad off shore cuando compró los créditos. La resolución, a la que accedió Página/12, incluye otras medidas claves: exigir al Correo la entrega de sus balances, que según la fiscalía fueron alterados, y disponer nuevas medidas y pericias para esclarecer maniobras millonarias de vaciamiento que se habrían llevado a cabo durante el proceso del concurso de acreedores que lleva casi 20 años. 

Las nuevas medidas dispuestas por la jueza no tendrían por qué demorar una resolución sobre la situación del Correo, cuya quiebra fue reclamada por el Estado nacional. Ahora el expediente está a estudio de la fiscal de primera instancia Mónica Mauri, quien debe dictaminar. Lo que el último dictamen de Boquin, fiscal ante la Cámara, volvía a poner en evidencia, son numerosos posibles maniobras e intentos de la empresa para manipular las mayorías en el concurso y alegar que tiene suficientes conformidades para evitar la declaración de quiebra. En ese punto el Meinl Bank tiene un papel clave por ser el acreedor más importante, cuyo respaldo el Correo busca imponer para forzar al excluir al Estado o que deba aceptar el salvataje. 

La relación dudosa con el Mainl Bank figura en dictámenes de la fiscalía de Cámara ya en 2017, por la extraña circunstancia en que aceptó adquirir una deuda en condiciones desfavorables, a lo que luego se fueron sumando los datos sobre las denuncias contra la entidad en Europa. En 2007 adquirió los créditos que le correspondían al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 62,7 millones de dólares y los de la Corporación Financiera Internacional (CFI) por 57, 9 millones de dólares. Ahora también se investiga si la adquisición de esa deuda se consumó por una cuerdo de una off shore llamada Mervet Establishment  ligada a Franco Macri, como revelaron los periodistas Iván Ruiz y Hugo Alconada Mon en La Nación. La jueza Cirulli también les requirió a ellos que aporten la documentación de la que dispongan, y en particular la auditoría que describieron que hizo sobre el Meinl la consultora PriceWaterhouseCoopers, que habría detectado el convenio con el Correo Argentino.  A distintos jueces de Alemania y Austria pide vía exhorto información para precisar la situación de la entidad, al igual que al Tribunal de Comercio de Viena, el Mercado financiero allí, la Procuración local y el Banco Central Europeo. Según información citada por Boquin además de las denuncias por lavado y corrupción, se le quitó la licencia y directamente se decretó su cierre. 

La jueza le pide al Correo sus balances y libros contables entre 2003 y 2018, más el balance del ejercicio cerrado a fin de 2019 y un contrato celebrado con el Meinl Bank al que la empresa aludió en sus ejercicios entre 2015 y 2017 donde acepta que el crédito en dólares quede valuado y fijado al tipo de cambio vigente al 31 de diciembre de 2013, es decir a 6,5 pesos por dólar. Eso es lo que podría explicar que los estados contables hayan arrojado ganancias. Boquin incluso hizo una denuncia penal porque existe el delito de balance falso. Le tocó al juez Daríoa Osvaldo Bonanno. En otra presentación giró la denuncia de uno de los abogados que figuraba como apoderado de 23 acreedores y avisó que él jamás había participado, lo que generó dudas sobre otros tantos apoderados y acreedores que, además, están ligados al propio Correo. 

La cuestión de las maniobras de vaciamiento tampoco es nueva pero recién ahora la jueza impulsa algunas medidas claves por: desvíos de dinero de una cuenta del concurso del Correo, del Banco Francés, a favor de las controlantes Socma y Sideco, pago a proveedores de esas firmas, y pagos a estudios de abogados y consultaras ligados al Grupo Macri. Cirulli manda a designar nuevos peritos, entre otras cosas. 

Lo que dejaría en claro todo este panorama es que cuando el exministro de Comunicaciones del macrismo, Oscar Aguad, respaldó en 2016 el avance de un acuerdo por la deuda de la empresa, no sólo avalaba licuar el 98,87 por ciento de lo adeudado --que hoy supera los 5000 millones de pesos-- sino que lo hacía con un sinfín de anomalías de larga data de fondo. En el ínterin, el Grupo Macri aprovechaba para reclamarle plata al Estado, como si fuesen ellos los perjudicados, por lo que hay varios expedientes todavía abiertos.