La persecución judicical a la protesta social acotando la mirada a un presunto delito común en una causa donde denunciantes y testigos serían empleados de terratenientes que disputan tierras con campesinos, se expondrá a partir de hoy en un juicio oral y público contra la dirigenta campesina del Chaco salteño, Lucía Ruiz y otros tres campesinos.

Junto a Carlos y Antonio Guerra y Omar Cruz, Lucía estará sentada en el banquillo de los acusados en el debate cuyo inicio está previsto para las 9, ante el juez Anastasio Vázquez Sgardelis, a cargo de la Vocalía III de la Sala II del Tribunal del Juicio del Distrito Judicial Tartagal, ciudad cabecera del departamento San Martín. El juicio se hará por disposición de los jueces del Tribunal de Impugnación, Pablo Arancibia y Eduardo Barrionuevo, quienes sostuvieron que se debía realizar a cómo dé lugar.

Los delitos por los que llegan los campesinos a este juicio son robo en despoblado y en banda, coacción de armas y daños en concurso real. Al menos uno de esos delitos, el de robo, tiene una pena mínima de 5 años de prisión.

El peligro de la criminalización de la resistencia de las familias rurales a los desalojos y el daño al ambiente fue advertido por militantes de derechos humanos, organismos del gobierno nacional y organizaciones campesinas y sociales que decidieron presentarse como amigos del tribunal (amicus curiae) para exponer más razones para que los campesinos sean absueltos. 

Es el caso de la Coordinadora de Comunidaes del Pueblo Kolla Qullamarka y la Asociación de Pequeños Productores del Chaco Salteño (APPCHS), que ya fueron aceptados como tales por Vázquez Sgardelis. Ayer se conoció que también pidieron constituirse con esa figura el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; Diana Ruth Kordon, presidenta de la Asociación de DDHHH Liberpueblo; Diego Morales, apoderado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Guillermo Alberto Lorusso, presidente de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, y Rafael Ariel Vargas, Secretario de Derechos Humanos de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA). Otro amicus fue presentado por Hugo Yasky y Daniel Adolfo Catalano, en su calidad de secretario general y secretario adjunto de la Central de Trabajadorxs de la Argentina “De los trabajadores/as”.

Por su parte, el director Nacional de Políticas Contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Mariano Ariel Przybylski, solicitó al juez participar como observadores del juicio a realizarse, en tanto este organismo nacional “es garante del respeto a los derechos humanos dentro del territorio nacional y tiene entre sus funciones la de evitar que el Estado argentino sea condenado internacionalmente por violaciones a los derechos humanos”. 

El funcionario nacional indicó que el pedido “tiene que ver con la responsabilidad primaria de esta Dirección Nacional, relativa a brindar asesoramiento jurídico a las víctimas, y articular con otros organismos y poderes del Estado la implementación de mecanismos de prevención y sanción de las situaciones de violencia institucional”. Anoche se conoció también que Ezequiel Álvarez, coordinador de la Región NOA de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia (DNPFAJ) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, presentó un escrito ante el juez pidiéndole que tenga en consideración el Acuerdo de Escazú y la legislación ambiental vigente en la causa en la que se busca criminalizar a la referenta campesina por defender tierras que poseen las comunidades del Chaco salteño.

La semana pasada, en tanto, Hernán Rachid, subsecretario de Programas de Desarrollo Productivo; María José Castillo, directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias, y Deolinda Carrizo, directora de Género e Igualdad, pertenecientes a la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (SAFCeI), dependiente del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación, también elevaron una nota al juez tartagalense para expresar su preocupación por la criminalización de Lucía y los otros campesinos.

Lucía contará con la defensa oficial de Luis Véliz. También participará como defensora particular la abogada Sara Esper. Por el Ministerio Público Fiscal actuará la fiscala penal de Embarcación, Gabriela Souto. También se aceptó la constitución de la querella, a cargo del abogado Pablo Tobío “como representante de la empresa Vidizzoni (que sería propietario de la firma Doble Z)”, afirmaron fuentes judiciales.

La denuncia

El 5 de febrero de 2015 a las 9, según sostiene la denuncia de personas que los campesinos identificaron como empleados del empresario Javier Vidizzoni (con quien sostienen una conocida disputa en el territorio), estaban en el Puesto San Isidro del pueblo de Coronel Juan Solá o Morillo, en el departamento Rivadavia, en el lugar de residencia de Elvecio Romero. Allí estaban Bernardo Castellanos, José Nicolás Delgado, Javier Delgado y Julio Vicente Gramajo. 

En su denuncia Castellanos afirmó que Lucía, los Guerra y Cruz “portaban palos machetes cuchillos y rebenques y comenzaron a agredirlo verbalmente y le decían que saliera del inmueble”. El denunciante añadió que entonces observó a los campesinos dirigirse a la camioneta Toyota Hilux en la que se trasladaba y que comenzaron “a dañarla y a sacar las cosas que habla en el interior, entre ellas treinta mil pesos que le había dado la empresa para la cual trabaja, un GPS marca Garmin, cuatro mil pesos de su propiedad un teléfono marca Nokia, una tablet siete pulgadas color gris, un reloj pulsera marca Tresa color gris con fondo azul”. Sostuvo que al acercarse a la camioneta los campesinos “lo agredieron físicamente logrando lesionarlo”, que decidió retirarse y que recibió amenazas de los "causantes" que “le dijeron bueno, te dejamos ir pero no hagás ninguna denuncia porque te vamos a cagar matando a vos y a tus patrones".

Luego los campesinos junto a más personas fueron hasta el campamento de la Finca La Santafesina y “en uno de los caminos internos cruzaron a Federico Alberto Vidizzoni y portando armas de fuego lo amenazaron diciéndole ‘te vamos a matar a vos y a tus empleados’, ‘no vuelvas por acá’ y realizaron disparos causando daños a la camioneta dominio ODW 494, en la que se trasladaba”. Al llegar al campamento ubicado cerca del Paraje El Simbolarcito “los causantes sustrajeron un generador de luz, un celular de propiedad de Julio Gramajo, un mototaladro Still BT 45, una motosierra Still 361. Cerca de allí encontraron a José Marcelo Delgado, José Jiménez y Néstor González, empleados de la empresa Doble ZZ, quienes estaban trabajando cerca del campamento, y exhibiendo machetes los obligaron a subir en una camioneta gris, los llevaron hacia el campamento para que sacaran sus pertenencias y luego los llevaron hasta cerca del Paraje Las Llanas en la ruta 132. Dejándolos allí, y retirándose los causantes del lugar".

Antecedente ignorado

De la resolución de elevación a juicio solo surge que las declaraciones de los campesinos están incorporadas. Para sopesar la denuncia se deben rescatar algunos hechos: había un campamento en la Colonia La Juanita y La Santafecina, o en parte de esas tierras en las que por un amparo de 2010 una jueza intimó a Vidizzoni a abstenerse de realizar tarea alguna. En aquel año los campesinos habían denunciado que quería desmontar en tierras sobre las que nunca tuvo posesión. 

En más de una ocasión Vidizzoni dijo que contaba con los derechos posesorios de los anteriores titulares registrales. La jueza Ada Zunino había prohibido a Vidizzoni realizar cualquier acción en las tierras. En parte de su fallo surgió que “la parte demandada (Vidizzoni), se encuentra realizando tareas de desmontes y abertura de picadas para deslinde, sin la debida autorización por parte de la autoridad competente, lo que implica el ejercicio efectivo de actos posesorios, sin asentimiento alguno de la actora, todo lo cual es demostrativo de una perturbación ilegítima, arbitraria y violenta de la posesión invocada por la misma, utilizando vías de hecho, acompañadas de violencia material y moral, con el ‘animus’ de poseer dicho bien”. 

Pese a la cantidad de denuncias de los pobladores rurales de la zona, Vidizzoni nunca llegó a un juicio penal. Mientras, el antecedente del fallo de Zunino es ignorado en el escrito que resolvió la elevación a un juicio que algunos especialistas tildaron de “increíble”, dado que nunca pensaron que se podía a llegar a esta instancia por los años que pasaron. Pero se suma a ello que alguien que no poseía tierras en el lugar, e ingresó máquinas para desmontar en una zona donde no está permitido, haya podido llevar a los campesinos a la posible pérdida de su libertad. Y todo en el marco de la protesta en defensa del territorio y el ambiente, pues Lucía actuó como referenta campesina, dado que no vive en el lugar del conflicto.

En tiempos donde hay algunos grupos que sostienen que la libertad es acechada por una conspiración mundial de un virus que afirmaron, para ellos no existe, sería bueno reflexionar sobre cuáles son las verdaderas conspiraciones que atentan contra la libertad de quienes luchan por cuestiones legítimas, y al hacerlo, por el derecho de todos.