Un día después que el gobernador de Salta anunciara que decidió postergar las elecciones previstas para el 4 de julio debido a la situación sanitaria que atraviesa la provincia, y siguiendo los lineamientos nacionales, que también decidió enviar un proyecto al Congreso para postergar PASO y generales, el debate se instaló por la nueva fecha que debería fijarse para realizar los comicios.

Desde la oposición piden que se realicen de manera unificada con las nacionales, es decir el 14 de noviembre, para evitar que la ciudadanía salteña deba movilizarse tres veces a votar, por el aglomeramiento que eso representa. También argumentan que le ahorraría un importante dinero a las arcas públicas.

En tanto, desde el gobierno provincial aducen que si llegaran a tomar esa decisión, el riesgo para el electorado sería el doble de demoras a la hora de emitir un voto de manera electrónica y otro en papel.

Lo cierto es que ya existe un antecedente y que no generó grandes demoras, al menos así lo retratan los medios. Fue en 2017, también en ocasión de elecciones intermedias. Pero además se reabre el capítulo en cuanto a la decisión del Ejecutivo de sostener el voto electrónico contra el papel, por el gasto que implica alquilar las máquinas (unos $400 millones), y porque en estas ocasiones se simplificaría el modo de votar y se agilizaría el trámite en el cuarto oscuro.

Nación lo pide, la provincia no quiere

Para el ministro de Gobierno de la provincia, Ricardo Villada, aquellos dirigentes que proponen la unificación de las elecciones no lo hacen desde un convencimiento sanitario, sino por una cuestión netamente de conveniencia política. E hizo alusión a los dirigentes del Frente de Todos y su intención de “instalar una discusión más nacional que provincial”.

Para Villada, la experiencia de 2017 demostró que la utilización del sistema electrónico en simultáneo con el de papel “genera una demora tremenda”, lo que podría provocar mayor exposición al contagio de coronavirus por las largas filas que se generarían. “Lo que recomiendan los médicos es que la gente no esté en lugares y se demore mucho tiempo”, declaró el funcionario provincial.

Además, reconoció que desde el Ejecutivo están convencidos de que las elecciones en Salta no deben decidirse por lo que sucede a nivel nacional, sino que “debe responder a la realidad que vive Salta y de ahí los salteños elegir lo más adecuado”.

Pero a Sáenz y sus funcionarios se les presentó un escollo más, ya que ayer por la tarde, durante la presentación en el Senado nacional de la ley que modifica el calendario electoral nacional y que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, le marcó la cancha a la provincia al señalar que fue el Ejecutivo nacional el que realizó reiterados pedidos al gobernador para posponer la fecha prevista de elecciones. Incluso señaló que le pidieron unificar el calendario electoral tal y como exige la oposición.

“Hemos hecho gestiones con las tres provincias que ya definieron fecha de votación. Les hemos pedido que tratemos de unificar el calendario electoral provincial con el nacional, la única que tiene impedimento constitucional es Corrientes”, manifestó De Pedro ante los legisladores. Y añadió que puntualmente en el caso de Salta se están haciendo gestiones “para que se unifiquen los calendarios”.

“Le pedimos a las provincias no jugar con la salud de la gente, sacar las especulaciones del medio y hacer una única elección nacional y provincial en las fechas previstas”, culminó.

A la presión de todos los sectores opositores, ya que el mismo pedido lo realizaron desde el radicalismo, Juntos por el Cambio+, la izquierda y el Frente de Todos, y la que ahora hizo manifiesta el gobierno nacional, se suma un impedimento legal para definir una nueva fecha antes de las elecciones nacionales, y que Gustavo Sáenz deberá estudiar cómo lo resuelve.

En diciembre de 2020, y a propuesta del Ejecutivo, la Legislatura sancionó la Ley 8.225 que suspende excepcionalmente las PASO locales. Esa norma, estipula entre otras cosas los tiempos electorales, y su artículo 17 prevé que “la convocatoria a elecciones será efectuada con una antelación no menor a cinco (5) meses al día de los comicios”.

Ese artículo le impediría a Sáenz convocar a nuevas elecciones antes de octubre o noviembre, con lo que de sostener su decisión de desdoblar las elecciones, quedarán inmersas entre las PASO y las generales nacionales. A menos que haya algún tipo de interpretación que considere que la convocatoria ya se realizó y esto es solo una postergación, algo que la Ley no contempla. O que se decida derogar o modificar dicha norma, las elecciones provinciales quedarían circunscriptas a las nacionales, aunque no lo quiera así el mandatario salteño.

Las máquinas no se tocan

Otro de los frentes lo deberá enfrentar el Tribunal Electoral de la provincia, que ahora debe esperar la nueva fecha para reprogramar el calendario electoral, y sobre todo debe asegurarse de que las máquinas que provee la firma Magic Software para el voto electrónico estén disponibles y que mantengan el mismo precio acordado.

El secretario del Tribunal Electoral, Pablo Finquelstein, aclaró que la fecha de las elecciones “es una facultad que tiene el gobernador”, por lo que será él quien las defina, “aunque consulte con las autoridades del COE y los jueces del Tribunal Electoral”.

Respecto al contrato que la provincia firmó con Magic Software, el funcionario judicial fue taxativo al asegurar que se previó la posibilidad de que la fecha de las elecciones se modifique, “con lo cual, una vez decidida la fecha se avanzará en conversaciones para que efectivamente contemos con las máquinas para ese día”.

Hubo también rumores que indicaban que la empresa no podría cumplir si se unificaban las elecciones nacionales con las provinciales, porque en la misma fecha se realizaban las municipales en Paraguay, que también eligió el sistema electrónico, pero el acto eleccionario en el vecino país prevé que las internas serán el 20 de junio y el 10 de octubre las generales, por lo que no se superpondrían.

Filquenstein confirmó que la misma empresa presta servicios a Salta y Paraguay, aunque no lo consideró un problema debido a que el contrato no pone ningún límite de fechas ni de renegociación del precio acordado, por lo que se supone que Magic Software tendrá que garantizar las máquinas “para la fecha que sea”.

De todas maneras, y en línea con el gobierno provincial, el secretario del Tribunal vio que el principal problema que tiene la unificación de la votación serán las demoras que se generen en los establecimientos educativos.

Filquenstein comentó que en 2017 “no se notó tanto porque no estábamos bajo una pandemia, pero ahora tenemos una serie de protocolos que cumplir que nos hacen pensar que si se hace una doble votación en papel y con la máquina, implica necesariamente una demora en el proceso de votación que atentaría contra la idea del Tribunal de reducir la aglomeración de personas en los locales de votación”.

“Necesitamos hacer una votación ágil para que la gente llegue, vote y se vaya sin tener muchas personas esperando en cada una de las mesas”, añadió. Pero reiteró que será una decisión del gobernador a la que ellos se sujetarán. Y agregó que al no ser especialistas en lo sanitario, no podría determinar si es conveniente que las personas se movilicen dos veces para votar, o conviene que se haga en un solo acto.