Un grupo de juristas presentó un pedido de juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema que el 4 de mayo pasado fallaron a favor del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en la disputa que mantenía con el gobierno nacional en torno a la presencialidad en las aulas. En la presentación, señalan que actuaron con imprudencia gravísima en el marco de una segunda ola de covid que, a diario, supera los 30.000 casos de contagios y 500 muertes.
El pedido de juicio político a Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda fue motorizado por Lucila Larrandart, Eduardo Barcesat, Luis Kon, Eduardo Tavani, Carlos Rozanski y el exsupremo y actual integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Raúl Zaffaroni, entre otros. Más de 10.000 personas adhirieron a la presentación.
En la fundamentación del pedido de juicio político a los supremos sostienen que:
Los jueces de la Corte Suprema, al disponer que el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires habilite las clases presenciales, ha ejercido el poder de policía sanitaria interprovincial propio del Poder Ejecutivo Nacional, en claro abuso de su poder constitucional, contrariando las disposiciones de la propia Constitución Nacional que delimitan republicanamente la separación de los poderes de su gobierno;
La Corte Suprema no requirió el parecer de ningún perito en la materia, cuando el país cuenta con profesionales e investigadores distinguidos e incluso podía haberlo solicitado de autoridades internacionales o de la propia Organización Mundial de la Salud o de la Oficina Panamericana de la Salud y de su propio Cuerpo Médico Forense;
La Corte Suprema ha resuelto una cuestión epidemiológica en medio de una pandemia en un momento de brote de contagio, con un saldo diario de cerca de treinta mil personas infectadas y un promedio de quinientas muertes y referido a un ámbito urbano cuyo sistema sanitario se halla prácticamente colapsado en razón de que capacidad de atención en terapia intensiva prácticamente agotada;
Cualquier funcionario público que tomase una decisión en la emergencia, sin conocimientos científicos propios por su especialidad o, en caso contrario, sin la debida asistencia de peritos, cuando los tuviese disponibles en nivel técnico y en cantidad, es obvio que incurriría en una imprudencia gravísima. En el caso no se trata de cualquier funcionario público, sino nada menos que de los jueces del máximo tribunal de la República que se supone que no son científicos, pero que disponen de muchísimos técnicos a quienes requerir opinión;
Las actuales consecuencias en esta imparable “segunda ola” están a la vista y quienes han contribuido a ella también, por lo que cabe endilgarle la responsabilidad por su contribución a la dramática situación que vivimos.
El fallo de la Corte generó una catarata de repudios. El presidente Alberto Fernández sostuvo que mostraba la decrepitud del derecho en una sentencia, mientras que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner lo englobó junto a otros pronunciamientos judiciales en lo que puede catalogarse como un golpe blando.
