Estamos atravesando un momento muy doloroso y plagado de incertidumbres. Ya se han reportado aproximadamente 3,5 millones de fallecidos y la Organización Mundial de la Salud estima que las muertes por coronavirus podrían estar entre los seis y ocho millones de personas. El desigual reparto de vacunas a nivel mundial vulnera el derecho a la salud y afecta en general a los países con mayores niveles de pobreza. En este escenario, la principal preocupación de los gobiernos debería estar centrada en cuidado de la vida. Y sin lugar a dudas la educación constituye un ámbito en el que las políticas de cuidado ocupan, o deberían ocupar, un lugar destacado.

Sin embargo, en los últimos meses hemos asistido a una disputa en torno a la presencialidad en las escuelas que el gobierno de la CABA ha logrado instalar más como estrategia de marketing político que como una real preocupación por garantizar el derecho a la educación de la población. Este año habrá elecciones legislativas y el jefe de gobierno de la CABA, que no puede aspirar a la reelección, busca instalar su candidatura presidencial para 2023. La vuelta a las clases presenciales se convirtió en su principal bandera electoral. La judicialización del DNU 241/2021 de fecha 15 de abril, con el argumento de que viola la autonomía de la CABA para definir sus políticas educativas, que fue avalado por la Corte Suprema de la Nación, forma parte de esta estrategia.

Este súbito interés del gobierno de CABA en la defensa del derecho a la educación no guarda relación alguna con las políticas implementadas por el partido que la gobierna desde hace catorce años. Como dijo en noviembre del año pasado la ministra de Educación del Gobierno de la Ciudad luego de sus ofensivas declaraciones contra las y los docentes: “hablo por mis acciones".

* El porcentaje del gasto en educación sobre el presupuesto total pasó del 27,8 por ciento en 2007 al 18,2 en 2019 (fuente: Ministerio de Hacienda y Finanzas, CABA). El distrito más rico del país es el que menos invierte en educación en términos de porcentaje de su presupuesto.

* Entre 2015 y 2019 el salario de los docentes en la Ciudad de Buenos Aires cayó 23,9 por ciento en términos reales (fuente: Alejandro Morduchowicz en base a datos del CGECSE, Ministerio de Educación de la Nación, 2020).

* Firmó la resolución 4055/18, que ordenaba el cierre de las escuelas secundarias nocturnas en CABA, medida que fue dejada sin efecto gracias a la movilización de las comunidades educativas.

* En el año 2020 reorientó recursos del Plan Sarmiento hacia la educación privada. En el año 2021 este programa que entregaba una notebook a cada estudiante de escuela primara cambió su formato por el de escuela equipada, garantizando los dispositivos tecnológicos.

* El presupuesto para infraestructura escolar pasó de 3068,7 millones de pesos en 2020 a 1140,4 millones en 2021, una reducción de más del 70 por ciento en el momento en el que más que nunca hubiera sido imprescindible incrementarlo si se quisiera garantizar la presencialidad.

* Una de sus últimas medidas fue trasladar a las cooperadoras los recursos para que ellas sean las responsables de garantizar la existencia de los elementos de bioseguridad en las escuelas.

Esta breve enumeración muestra a las claras cuál fue y sigue siendo el real interés del gobierno de la CABA en la educación.

Las clases presenciales durante este año, que el gobierno de la Ciudad insistió en iniciar prematuramente a mediados del mes de febrero, han tenido muchas dificultades dado que el avance de los contagios hace que cada vez más burbujas “se pinchen”. Esta situación se agravó a partir de la decisión del gobierno de la CABA de desconocer y judicializar el DNU presidencial, dado que muchas familias decidieron no enviar a sus hijos e hijas y gran parte del sector docente de las escuelas públicas de gestión estatal no dictó clases presenciales para respetar el decreto y cumplir con las medidas de cuidado. En este complejo escenario, el Gobierno de CABA amenazó con la pérdida de la vacante a las familias que no mandaran a sus hijos a las escuelas y presionó a los docentes con descuentos salariales por los días de huelga.

Luego de que el gobierno nacional decretara a partir del 22 de mayo las nuevas medidas de cuidado por nueve días, el Gobierno de la Ciudad decidió acatar el DNU, aun teniendo el aval de la Corte Suprema de Justicia para no acatar la suspensión de las clases presenciales. No lo hizo para dar un “mensaje de unidad” como proclamó Horacio Rodriguez Larreta, sino porque la situación sanitaria en la CABA es gravísima y está al borde de un colapso que lo podría dañar políticamente. Pero no solo decidió suspender las clases presenciales, sino también no dictar clases virtuales durante los tres días hábiles de este período, sin razones pedagógicas que justifiquen tal decisión. Tampoco se garantizará durante esos días el reparto de los bolsones de comida que se realizará la próxima semana. Presencialidad o nada

Nadie niega la importancia de la presencialidad ni las dificultades para trabajar en la virtualidad en un país tan desigual, pero es necesario destacar que las clases a través de medios virtuales son una estrategia que permite garantizar, con todas sus limitaciones, la continuidad pedagógica en medio de la pandemia y en modo alguno son días perdidos. Suspender las clases presenciales es una medida sanitaria para cuidar a la población y lograr que disminuya la circulación del virus mientras avanza la vacunación. No hay justificación alguna para que suspendan las clases virtuales y propongan recuperarlas en diciembre. El gobierno que hace catorce años gestiona la CABA tuvo tiempo y recursos suficientes para garantizar que todas y todos tengan acceso a dispositivos y conectividad necesarios, entre otros aspectos, para garantizar el derecho a la educación en el Siglo XXI.

En medio de la segunda ola de la pandemia y con más de 75 mil personas fallecidas, el objetivo es el cuidado de la vida de todas y todos. Anteponer otros objetivos, o más aún, aspiraciones electorales, puede tener graves consecuencias sociales.

* Myriam Feldfeber es profesora e investigadora en la UBA.