En una breve sesión, que volvió a la virtualidad debido a las medidas adoptadas en algunos departamentos por el avance del coronavirus en la provincia, los senadores  dieron media sanción a un proyecto de ley para incorporar la mirada de jóvenes al Consejo Económico Social, y se sumaron algunos pedidos de informe y de mejora en la atención del Pami.

Pero la atención se centró en las repercusiones de la decisión gubernamental de postergar las elecciones provinciales previstas para el 4 de julio debido a la situación sanitaria que atraviesa la provincia. Además, los legisladores hicieron foco en el anuncio de la intención de comprar un millón de vacunas para la ciudadanía salteña.

Al momento de realizar declaraciones en la sección de homenajes, la senadora por La Caldera, Silvina Abilés volvió a solicitar a sus pares de las comisiones de Salud y Legislación la preferencia para tratar en la próxima sesión el proyecto de ley que otorga de manera excepcional la posibilidad de no asistir a votar a las personas de riesgo de covid-19.

Si bien reconoció que la decisión de postergar las elecciones le dará más tiempo al sistema de salud para avanzar con el cronograma de vacunaciones y que alejando el día de votación del período invernal se disminuye la probabilidad de contagios, insistió con avanzar con el proyecto por única vez “porque a lo mejor no se encuentran en condiciones físicas o psicológicas para ir a votar”, y añadió que muchos pueden llegar a tener “miedo de exponerse a un contagio”.

“Crearles una preocupación más de que puedan ser sancionados por no ir a votar me parece innecesario”, manifestó.

En el marco de las negociaciones para comprar un millón de vacunas que los ministros de Salud, Juan José Esteban, y su par de Economía, Roberto Dib Ashur, anunciaron hace algunos días. Abilés recordó que la Cámara Alta ya avanzó con un proyecto de ley que le da vía libre al gobernador para poder hacerlo y solicitó a los diputados que no demoren en su tratamiento para así agilizar los tiempos, si es que se concreta la posibilidad de adquirir las dosis que el Ejecutivo está negociando con las empresas que producen la vacuna contra la covid-19.

Tanto ella como José Ibarra expresaron su apoyo a la decisión del gobernador Gustavo Sáenz de postergar las elecciones provinciales y fustigaron a los opositores. El representante por Guachipas dijo que “buscan otro resquicio para criticar”, en referencia a los pedidos para unificar las elecciones que está realizando todo el arco político opositor al unísono, y a los que el último martes se sumó el propio gobierno nacional a través de su ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.

“La ley dice que es el gobernador el que tiene la facultad de convocar a elecciones por decreto y, en este caso, de fijar una nueva fecha tras la prórroga dispuesta”, expresó Ibarra, y siguiendo el lineamiento provincial, defendió el desdoblamiento bajo el argumento de la demora que se producirá si se realizan el mismo día “con dos sistemas distintos, el papel y el voto electrónico”.

Sin embargo, para el senador del Frente de Todos Manuel Pailler, médico de profesión, presidente de la comisión de Salud de esa Cámara e integrante por el Senado del Comité Operativo de Emergencia (COE) provincial, las elecciones se deben unificar “para evitar que la gente se movilice y se produzcan aglomeraciones dos veces”.

En conversación con Salta/12, el representante por el departamento San Martín dijo que esa será su postura en el COE cuando el gobernador los consulte, pero recordó que el 14 de abril pasado ya había presentado un proyecto de declaración junto a su par Carlos Ampuero, pidiendo que se derogue el decreto N° 39/2021, y se unifique el calendario electoral 2021 de las Elecciones Legislativas Provinciales y Municipales, con las Elecciones Legislativas Nacionales. “Es una necesidad para cuidar la salud pública de nuestros habitantes en virtud de la grave situación sanitaria que estamos atravesando por la pandemia covid-19”, expresa el pedido.

Jóvenes al Consejo Económico Social

El Senado también dio media sanción a un proyecto de ley de autoría de Pailler, acompañado por Carlos Rosso, Javier Monico y Juan Cruz Curá, por el cual se modifica la Ley 7.784 que crea el Consejo Económico Social de la Provincia de Salta (CESPS).

La iniciativa, incorpora al artículo 4° de esa norma la posibilidad de que el Consejo sea integrado también por dos representantes “de Organizaciones Juveniles con Personería Jurídica”. El legislador por San Martín adujo que la representación de los jóvenes en ese órgano consultivo y colegiado era una deuda pendiente por la importancia que tienen en la sociedad, “se había dejado de lado la voz de la juventud y considero que es muy importante su inclusión, y porque es un ámbito de expresión de sus intereses y necesidades”.

Emergencia turística

El senador Javier Mónico elevó un pedido de informe al Ministerio de Turismo y Deporte solicitando que en 5 días se compartan los datos respecto al impacto social y económico de la emergencia turística declarada por la Ley 8.195 en 2020. Y presentó un nuevo proyecto de emergencia para el sector habida cuenta de las medidas de confinamiento adoptadas y al fuerte impacto que la pandemia de coronavirus provocó en todos los que viven de ese rubro de la economía.

Esa norma, que preveía exenciones impositivas y ayudas económicas, fue sancionada en julio de 2020 por 180 días en pleno auge de la primera ola de covid-19, por lo que caducó en enero de este año. Para el legislador, es de suma importancia poder evaluar en detalle “cuáles y cuántas han sido las empresas que se vieron beneficiadas y qué beneficios recibieron”, así como si se utilizaron los fondos dispuestos como, por ejemplo, el impuesto a la Tómbola como indicaba la ley, “para analizar si corresponde o no volver a dictar una ley de emergencia para el sector”.

Piden mejoras en la atención del Pami

Los senadores también aprobaron una declaración del senador Juan Cruz Curá, que solicita al Ejecutivo provincial y a los legisladores nacionales por Salta que realicen las gestiones necesarias ante el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados para que el Programa de Asistencia Médica Integral (Pami) mejore su atención presencial a sus afiliados en todo el territorio salteño.

Tanto el representante de Orán, como el de Capital, Guillermo Durand Cornejo, se quejaron por las filas de jubilados que se generan en cada una de las sedes de ese organismo que no posee el personal suficiente para atenderlos. Curá informó que en Orán hay unos 15.000 afiliados, “y preocupa que nuestros abuelos estén desde las 5 de la mañana sufriendo frío y corriendo riesgos de contagios de coronavirus solo para ser escuchados”.