El proyecto de creación de un Fuero Especializado en Violencia de Género ya comenzó a estudiarse en la Cámara Baja de la provincia, que como primer punto decidió, a través de las comisiones de Justicia y de Legislación General, hacer una ronda de reuniones con funcionarios del Ejecutivo y el Poder Judicial para escuchar opiniones.

La creación de este fuero, fue uno de los anuncios que realizó el gobernador Gustavo Sáenz en la apertura de sesiones legislativas de este año, quién recogió el reclamo que vienen realizando desde hace años las organizaciones de mujeres y el Observatorio de Violencia contra las Mujeres para evitar que las víctimas de violencia deban recurrir a dos o tres juzgados para denunciar por un lado la violencia física o el maltrato sistemático de sus parejas, y por el otro la económica, que sufren cuando no reciben los alimentos y la manutención de sus hijos como corresponde.

El proyecto busca crear un Fuero Especializado y, debido a la falta de presupuesto, estaría integrado por cinco juzgados ya existentes a los que se sumaría uno, en el que solo nombrarían a su juez o jueza, “los demás cargos se completarían con una reasignación de funciones del personal de la Corte”, dijo a este medio Diego Pérez, titular de la Secretaría de Justicia de la provincia.

A los tres juzgados existentes en Violencia Familiar y de Género, se sumarían uno de los que integran el Fuero en lo Civil y Comercial, puntualmente el de Primera instancia, que se encuentra vacante, y el otro sería el Juzgado de Garantías de Quinta Nominación, que también está acéfalo. “Lo que permitiría hacer una selección teniendo en cuenta la especificidad que necesitamos”, detalló Pérez.

Los seis juzgados abordarían de manera integral cualquier tipo de denuncia por violencia familiar o de género, es decir, tendrán competencia en materia civil, de personas y de familia, y penal, “evitando así la doble o triple ventanilla y la revictimización a la que se somete a las mujeres”, explicó el funcionario. Y pasarían a llamarse Juzgados Especializados en Violencia Familiar y de Género.

El proyecto también prevé en su artículo 7 la capacitación de todo su personal, y estarán asistidos por un equipo interdisciplinario de profesionales de la Oficina de Violencia Familiar y de Género de la Corte de Justicia salteña, según explicita el artículo 6 de la Ley. “La idea es comenzar en el Distrito Centro y, si funciona, hacer lo mismo en los demás”, adelantó el secretario de Justicia.

Además, el registro de actuaciones se hará a través del Sistema Único de Registro de Denuncias por Violencia de Género (URGE) de la Nación. Toda la información de los juzgados será manejada por la Corte de Justicia, que elaborará anualmente informes estadísticos de acceso público.

En la primera reunión en Diputados, que se realizó de manera remota, los legisladores convocaron al ministro de Gobierno, Ricardo Villada, y al secretario de Justicia, Diego Pérez, quienes dieron sus argumentos sobre el proyecto de ley presentado.

En el encuentro, presidido por el presidente de la comisión de Justicia, Gonzalo Caro Dávalos, y la titular de Legislación General, Socorro Villamayor, Pérez explicó que muchas de las causas que actualmente se están tramitando se unificarían en este fuero. Pero subrayó que una de las críticas que recibieron era que les estaban quitando juzgados a los fueros de Garantías o los Civiles, “cuando en realidad el 40% de los procesos judiciales que hoy se tramitan en un Juzgado de Garantías, serían absorbidas por este nuevo Juzgado especializado, lo que agilizaría y descomprimiría a otras competencias de la Justicia”. “Les estamos sacando un juzgado pero les estamos quitando trabajo”, agregó.

La diputada Villamayor celebró el proyecto y contó que lo vienen evaluándolo desde el 6 de mayo, fecha en que ingresó en esa Cámara. Para ello, tomaron la decisión de escuchar a todos los interesados e involucrados en la materia en rondas de conversación, “no porque tengamos cuestionamientos al proyecto, sino por la necesidad de escuchar todas las voces, como las asociaciones de magistrados, y los colegios, porque sabemos que van a tener que resignar juzgados y modificar su estructura”.

Insistir con la prevención

Uno de los que participó de la reunión fue el diputado Manuel Santiago Godoy, quien consideró que “es una buena iniciativa porque va a abrir una sola ventanilla con seis juzgados en donde se va a atender todo, y así evitar los problemas que antes transitaban las mujeres y que quedó de manifiesto en muchos femicidios”. “La Justicia salteña está en deuda con este tema”, añadió.

Pero subrayó que para él “todo esto es el final, cuando hablamos del juzgado es porque ya han fracasado todos los mecanismos de prevención”. Por lo que indicó que se debería realizar a la par una fuerte autocrítica en cuanto al presupuesto que se destina a organismos como el Observatorio de Violencia de Género, “y otras fundaciones y organizaciones no gubernamentales”, así como inyectar dinero y personal en los distintos ministerios, fundamentalmente el de Educación, para avanzar con la implementación de la Educación Sexual Integral y eh herramientas para prevenir la violencia de género.

El legislador sostuvo que es fundamental impulsar campañas de prevención porque “la parte judicial es un 20%, el 80% restante es prevención y no hay plata para eso”, concluyó. Con respecto a la selección de los jueces, acotó que se debería exigir al Consejo de la Magistratura que tenga especial cuidado a la hora de elegir a quienes estarán al frente de esos juzgados, y puntualmente se revise su capacidad y perspectiva de género.