Escindir la acusación penal del marco de conflicto por la tierra en el que ocurrieron los hechos llevados a juicio, fue la posición exhibida ayer por la fiscala penal de Embarcación, Gabriela Souto, en la primera audiencia del debate contra la referenta campesina Lucía Ruiz y los también campesinos Antonio Guerra, Carlos Guerra y Omar Cruz.  

Los cuatro pequeños productores rurales del Chaco salteño fueron denunciados luego de un incidente ocurrido el 5 de febrero de 2015, cuando un grupo de pobladores intentó impedir que empleados del empresario Javier Vidizzoni continuaran con un desmonte no autorizado y la apertura de picadas en una zona de bosques protegidos. 

El capataz de Vidizzoni, Bernardo Castellanos, denunció a Ruiz, los Guerra y Cruz por supuesta agresión y amenazas. Y aunque los campesinos habían denunciado reiteradamente al empresario, esas causas no prosperaron y esta sí, por eso ahora comenzaron a ser juzgados en la ciudad de Tartagal, acusados por los delitos de robo en despoblado y en banda, coacción de armas y daños en concurso real.

El resumen que dio la fiscala Souto en el inicio del juicio indica que se decidió acotar la problemática del conflicto de tierras a un acontecimiento: el supuesto daño a una camioneta y a quienes la usaban. La fiscala dijo que los denunciantes habían ingresado al territorio que desmontaban con el permiso expreso de quienes vivían en el lugar. Sin embargo, por el relato de quienes presenciaron la audiencia de ayer, inexorablemente los testigos terminaron relatando cuestiones que atañen al conflicto de la tierra entre poseedores, la mayoría campesinos, y foráneos que pretenden apropiarse de esas tierras ya ocupadas. 

No habrá posibilidad de seguir el juicio más que de manera presencial dado que pese a la pandemia, desde el Poder Judicial de Salta se explicó que no hay conexión que permita la transmisión de las audiencias vía internet. También se había previsto la posibilidad de grabar el juicio, propuesta de Souto, por lo que un equipo del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) viajó hasta Tartagal. Pero la posibilidad fue descartada luego de que Sara Esper, la defensora particular de Carlos Guerra y Omar Cruz, se negara a tal posibilidad. Ante esta situación sólo se podrá acceder a la grabación de los alegatos.

El juzgamiento de los campesinos, sobre todo el de Lucía Ruiz, destacada defensora de la agricultura y la ganadería familiar y del ambiente, motivó al menos cinco presentaciones de constitución de amigos del tribunal, entre ellas la del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Pero el juez Anastasio Vázquez Sgardelis decidió rechazarlas tras la oposición de la querella del empresario y la Fiscalía.

“Yo me opuse (a la aceptación de los amicus curiae) porque no estamos tratando en este juicio el fondo del conflicto, sino el delito común”, indicó la fiscala Souto al sostener que los amicus deberían haberse presentado, en todo caso, de haber existido instancias civiles por el conflicto de tierras.

Añadió que sí se le permitió participar en calidad de acompañante en el proceso al titular de la Asociación de Pequeños Productores del Chaco Salteño (APPCHS), Alfredo Riera.

Ayer declararon los testigos propuestos por la Fiscalía, y hoy lo harán los que ofreció la defensa. Para el lunes se espera finalizar el proceso judicial.

Testigos en relación de dependencia

Entre los testigos que declararon ayer estuvo el propio Javier Vidizzoni, que disputa las tierras que los campesinos defendieron. El empresario también se presentó en calidad de damnificado como querellante. Tras declarar como testigo pasó a sentarse junto a su abogado, Pablo Tobío, para presenciar el juicio desde ese lugar.

Según lo que pudo reconstruir Salta/12 por el relato de quienes escucharon las testimoniales, Vidizzoni habría indicado que suele hacer ofertas a los “vivientes” de las tierras para comprar sus derechos de posesión a cambio de cederles algunas hectáreas.

La mismo refirió el testigo Elvesio Romero, poseedor de las tierras donde se desarrollaron los hechos. Romero apuntó a Vidizzoni por haberle prometido tierras sin haberle entregado hasta ahora “un solo papel”. Incluso destacó que trabajó para el empresario vendiéndole postes de madera que sacaba de la zona y dijo que aún se le debe plata por ese trabajo.

Romero es uno de los testigos presentados por la Fiscalía. Según indicó Souto, el día que acontecieron los hechos, el 5 de febrero de 2015, este hombre habría permitido el ingreso del Bernardo Castellanos, el capataz de Vidizzoni, a las tierras que posee. En ese lugar se iniciaron desmontes y picadas que provocaron la denuncia pública de campesinos a través de la radio de la zona. A su vez, esta denuncia originó que Lucía Ruiz fuera junto a otros pobladores a impedir la continuidad de esta actividad que se realizaba sin autorización alguna. 

Según sostuvo Vidizzoni, él compró derechos posesorios de herederos de las tierras. Sin embargo, ni él ni la empresa Doble Z aparecen como titulares registrales en el departamento Rivadavia, según surge de la Dirección General de Inmuebles.

Por su parte, el defensor oficial Luis Véliz dijo que los testigos apuntaron siempre contra los cuatro acusados y dijeron que solamente los reconocieron a ellos en el lugar de los hechos, pese a que hubo más de 50 personas que actuaron junto a Ruiz y sus compañeros.

A ello se suma que nadie habría visto a los acusados con armas, lo que es de interés porque entre las acusaciones se indica que balearon la camioneta de Federico Vidizzoni, hermano de Javier, en la que se habría trasladado Bernardo Castellanos hasta el lugar donde reside Romero.

“Mi impresión es una connivencia de impunidad en donde Vidizzoni es juez y parte”, manifestó la diputada nacional Verónica Caliva, quien junto a su par, Alcira Figueroa, estuvieron en el juicio. Ambas junto al otro diputado del bloque del Frente de Todos, Lucas Godoy, presentaron un proyecto de declaración en el que expresan su preocupación por la criminalización de la de la protesta ejercida contra los campesinos acusados.

La legisladora nacional también señaló que los testimonios permitieron conocer las estrategias utilizadas para apropiarse de tierras en el Chaco salteño cuando hay personas campesinas en estado de vulnerabilidad.

“Primó el secreto y el ostracismo”

Tras conocer el rechazo de la constitución de los amicus curiae presentados por organizaciones campesinas, sindicales, sociales y de derechos humanos, entre ellos el  presentado por Pérez Esquivel, Liberpueblo, el CELS, la CTA Autónoma y la Asociación ex Detenidos Desaparecidos, se emitió un comunicado. “Lamentablemente una vez más primó el secretismo y el ostracismo del poder judicial, en vez de transparentar sus procesos y dar publicidad a los mismos, mantienen las puertas cerradas”, sostuvieron. A ello se agregó que “la conducta del tribunal viola los estándares internacionales y la declaración de defensores de derechos humanos. En las causas de interés público, como las de criminalización de la protesta a los referentes populares, son procedentes los amicus curiae”.

“Es necesario terminar con los aprietes de quienes detentan títulos imperfectos, asociados a la fuerzas del orden, a autoridades políticas y a la Justicia que mira solo con el ojo de los poderosos, sin respetar el derecho reconocido por el Código Civil de la propiedad por la posesión y ánimo de dueño de varias generaciones. La organización y la lucha es nuestra esperanza para contrarrestar los poderes establecidos por el mercado, la codicia, la angurria extractivista y la complicidad de funcionarios de todo tipo. La unidad de las organizaciones del campo popular –de la que nos sentimos parte como sindicato de trabajadores estatales- es el camino para continuar con las reivindicaciones y justas demandas del Pueblo que sostiene a la nación con su trabajo”, indicaron desde ATE Agricultura Federal.