“Es una enorme conquista de las luchas de las mujeres y diversidades. No lo tenemos que naturalizar”, destacó la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, en la presentación de la actualización del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE), una guía destinada a los equipos y centros de salud para llevar adelante los procedimientos en el marco de la Ley N° 27.610 -sancionada en diciembre-, publicada hoy en el Boletín Oficial como anexo de la resolución 1535/2021 del Ministerio de Salud.

“Con este protocolo estamos dando un paso más en la historia de la igualdad y la justicia social. Es una herramienta indispensable para cumplir con la IVE y la ILE en todo el país y evitar peligros y daños a las mujeres y personas gestantes” que solicitan la práctica, apuntó la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. 

“Es una guía para todo el sistema de salud. Las provincias y las organizaciones son protagonistas para garantizar esta ley y estos derechos”, subrayó la ministra de Salud, Carla Vizzotti, desde Cuba, adonde está de viaje para conseguir más vacunas. A su lado la asesora presidencial Cecilia Nicolini consideró que “este derecho lo tenemos que seguir conquistado para toda América Latina”.

La presentación del flamante protocolo se hizo en el marco del Día Global de Acción por la Salud de las Mujeres, una fecha que históricamente se dedicó en el movimiento de mujeres para reclamar por el derecho a la IVE, al punto que el 28 de mayo de 2005 fue el día elegido para lanzar la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que este viernes cumple 16 años. “Necesitamos mayor difusión de esta ley, necesitamos una campaña nacional para que se conozca en todo el país”, pidió Marta Alanís, pionera de la Campaña e integrante de Católicas por el Derecho a Decidir, invitada como representante de la sociedad civil para participar del acto.

La guía se publicó por la mañana en el Boletín Oficial como anexo de la resolución 1535/2021 del Ministerio de Salud. Desde el punto de vista clínico, incorpora “las recomendaciones internacionales” sobre los procedimientos para la interrupción legal del embarazo -dosis de medicamentos y aspiración manual endouterina (AMEU)- y refuerza la importancia del acceso rápido a la atención integral y la necesidad de que se garantice la práctica “en el primer nivel de atención”. Fija, además, estándares de calidad tanto legales como clínicos “para dar respaldo a las instituciones” en la garantía del derecho a la IVE y a la ILE.

El detalle del protocolo estuvo a cargo de la directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Valeria Isla. Acompañaron la presentación, de manera virtual, referentes provinciales de las áreas de mujeres y diversidad, y salud sexual y representantes de organizaciones de mujeres y especializadas, capacitadoras, docentes, y promotoras. “Estoy muy emocionada”, comentó la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, histórica activista en la lucha por el derecho al aborto, quien recordó el largo camino de la Campaña y a la vez destacó la “fuerte voluntad política asumida por el presidente y la vicepresidenta” desde la campaña electoral y al asumir el Gobierno para avanzar con la sanción de la ley. 

“Este es un paso más en la defensa de nuestras vidas”, indicó Díaz. Desde Entre Ríos, la ministra de Salud Sonia Velázquez, consideró también que “es necesario mejorar la difusión de este derecho”. 

Un aniversario con emoción

Todo el acto estuvo atravesado por la emoción de las participantes, que destacaron el hito que significa para el activismo del movimiento feminista el logro de la ley y la presentación de una herramienta que contribuya a su garantizar su cumplimiento. Alanís, una de las fundadoras de la Campaña, expresó además su alegría por el acto en el día de un nuevo aniversario del nacimiento de la marea verde. “Hemos logrado la mejor ley” porque “no tutela a las mujeres” y “aumenta la autonomía, “y lo hemos logrado con la potencia del movimiento feminista que se encontró con la voluntad política de un gobierno popular. Y esto es emocionante. El protocolo viene a poner claridad para que las mujeres, las jóvenes, todas las persona gestantes puedan ir sin obstáculos a pedir una práctica y que el sistema de salud también tenga claridad para la atención. Pone luz para que se garantice un derecho largamente esperado”, resumió.

El protocolo se fundamenta en los compromiso del Estado argentino para garantizar los derechos sexuales y reproductivos establecidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos incorporados a la Constitución nacional, además de respetar el Código Penal y el Código Civil y Comercial de la Nación, así como por todas las leyes concordantes de protección de pacientes, mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, entre otras”, se explicó.


Las claves del protocolo

El documento contiene dos partes, una dedicada al marco legal que incluye los principios rectores del derecho a interrumpir el embarazo; las condiciones para el acceso a la IVE y a la interrupción legal del embarazo (ILE); el consentimiento informado necesario en cada caso; la objeción de conciencia; y la responsabilidad profesional e institucional. Mientras que la segunda se ocupa del proceso de atención integral de las personas con derecho a ILE y a la IVE.

Está diseñada “en base a la comprensión fundamental de que el personal de salud es responsable de asegurar y no obstruir el derecho a la IVE”. De acuerdo al artículo 4° de la Ley n° 27.610, las personas con capacidad de gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción voluntaria de su embarazo hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional. Además, tienen derecho a acceder a la ILE si el embarazo fuere resultado de una violación, o si estuviera en peligro la vida o la salud de la persona gestante.

La realización de una IVE o ILE debe guiarse por los principios y derechos que figuran en el artículo 5° de la Ley: trato digno, privacidad, confidencialidad, autonomía de la voluntad, acceso a la información, y calidad para garantizar el tratamiento del aborto conforme a los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en el marco de los derechos humanos.

La Ley N° 27.610 enmarca también un espacio de consejería en derechos sexuales y reproductivos para las mujeres y personas con capacidad de gestar con el propósito de informarlas, asesorarlas y acompañarlas “en la toma de decisiones autónomas” y es resultado de un trabajo multisectorial y articulado que lleva más de una década desde la publicación, en 2007, durante la gestión del ex ministro de Salud Ginés González García, en el gobierno de Néstor Kirchner, de la primera “Guía Técnica para la Atención Integral de Abortos No Punibles”, que en los últimos años se fue actualizando, la última vez en 2019, a poco de asumir la presidencia Alberto Fernández y luego de que el ex presidente Mauricio Macri, a poco de finalizar su mandato, diera marcha atrás en su publicación.