El Ministerio de Desarrollo Productivo anunció la aprobación de la capitalización por parte del Estado nacional de la empresa de tecnología e infraestructura IMPSA, lo que significará un aporte de 15 millones de dólares, que se sumarán a otros 5 millones de la provincia de Mendoza. De esta manera, queda concretada una estatización de mercado de una empresa "estratégica" que en el año 2020 le solicitó al Estado Nacional asistencia financiera ante una severa crisis. Habrá dos accionistas, la Nación, con la mayoría, y Mendoza, con una porción relevante.
El anuncio de la capitalización de manera virtual, y estuvo a cargo del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y del gobernador de la provincia de Mendoza, Rodolfo Suárez. "Impsa es una empresa estratégica para el desarrollo nacional (...) se debe trabajar para que con profesionalismo pueda volver a colocarse en los principales mercados del mundo", expresó Kulfas. Según supo Página I12, se espera que el Presidente Alberto Fernández, al tanto de todo el proceso que llevó al rescate, participe la semana próxima en un acto en Mendoza para el relanzamiento de la compañía.
En concreto, el Estado nacional inyectará un total de 1.362.900.000 de pesos al capital de IMPSA, por lo que su participación accionaria pasa a ser del 63,7 por ciento, mientras que el Estado provincial aportará 454.300.000 pesos, quedándose así con el 21,2 por ciento de las acciones. El porcentaje restante (15,1 por ciento), permanecerá en manos privadas, correspondiendo un 9,8 por ciento de las acciones al fideicomiso de acreedores y otro 5,3 por ciento para el fideicomiso de la familia fundadora, los Pescarmona.
Sobre el anuncio, el gobernador Suárez aseguró que la firma no sólo será “muy buena” para la compañía sino también para “la Argentina” y puso en valor el trabajo conjunto del Gobierno provincial y nacional “para poner en valor IMPSA en estos tiempos tan difíciles, de tanta grieta”. En la misma línea, Antonio Calo, titular de UOM y participante en el acto de la firma, mencionó que "es una alegría como representante de los trabajadores estar presenciando la capitalización de esta empresa tan emblemática de la que salieron grandes dirigentes metalúrgicos. Es importante que una empresa de esa magnitud y relevancia se vuelva a poner en marcha y es una señal de lo que ocurre cuando se trabaja en conjunto”. Por su parte, el CEO de IMPSA, Juan Carlos Fernández destacó "el apoyo de los Estados provincial y nacional permitirá producir y exportar talento, promover empleo y potenciar una cadena productiva de más de 100 PyMES".
Crónica de un rescate
La crónica de los hechos se inicia en agosto del 2020, cuando la empresa le envió una carta al Gobierno Nacional requiriendo asistencia financiera ante la imposibilidad de reestructurar su deuda y no poder jugar fuerte en licitaciones internacionales por no tener avales. Ante ese pedido, el ministerio de Desarrollo Productivo se puso a trabajar con dos equipos técnicos, uno Legal y otro Económico Financiero. “Es una empresa estratégica”, fue la frase que usó Kulfas, a la hora de darle puntapié inicial a un informe para conocer la potencialidad sin riesgo de un rescate a la compañía, la fuente de trabajo y las inversiones. Es que no hay muchas empresas que produzcan ese tipo de equipamientos, centrados sobre todo en generación de energía: se calcula que no hay más de cinco firmas parecidas en todo el mundo.
Según detalles a los que accedió Página I12 en base a fuentes de la negociación, el resultado de la pesquisa técnica, que contó con colaboración de los actuales propietarios, mostró cómo se generó la crisis. En el año 2010, IMPSA inició un proceso de internacionalización que incluyó la apertura de IMPSA Brasil y de proyectos de energía hidroeléctrica en Venezuela. Para ese cometido, pusieron en garantía de las operaciones a IMPSA Argentina. Los cambios de gobierno en la región y la crisis hicieron que fracasaran los dos objetivos externos, y la filial argentina terminó heredando los créditos por venta en Venezuela y los malos resultados en Brasil. La situación la admitió el propio Pescarmona: "El error nuestro fue una percepción errada del Brasil moderno", dijo al diario Perfil. De este modo, la deuda que era de 200 millones de dólares, pasó a ser de 1000 millones de dólares. Ya en ese momento, Pescarmona había dejado de ser el accionista mayoritario y se quedó con el 35 por ciento de las acciones, y el 65 restante fue para inversores.
Un Vicentín ordenado
El equipo de Legales del Gobierno Nacional analizó entonces que un ingreso accionario a la empresa sin determinadas condiciones de mercado, tendría un riesgo potencial de juicios internacionales en los tribunales del CIADI. La posición era lógica: casi todas las disputas en tribunales de Nueva York fueron negativas para el país. Además, el pedido de IMPSA se daba justo cuando en la agenda pública estaba el caso de Vicentín, el rescate fallido que intentó Nación y terminó afectando políticamente. En paralelo, la división Económico Financiera de Desarrollo Productivo, concluyó que la única forma de entrar sería con una reestructuración agresiva de la deuda, que para el año 2017 ya había bajado a 500 millones de dólares.
En este contexto, la Nación pensó en un esquema de renegociación de deuda con 5 años de gracia más allá del 2019, año de pago; una reducción de los intereses de 10 a 1,5, y el inicio del pago de capital en 10 cuotas desde el año 2028. En paralelo, el Gobierno evaluó la aplicación del Programa de Asistencia a Empresas Estratégicas en Proceso de Reestructuración de Pasivos (PAEERP), que especifica que, si una empresa ofrece condiciones para una renegociación de deuda sostenible, el Estado la asiste con el pago del 75 por ciento de los salarios.
En ese momento, la empresa habla con los accionistas, que en un primer término rechazan y sugieren que es mejor ir a la quiebra. Pero a fines de noviembre del 2020, se aprueba finalmente ese esquema de reestructuración e IMPSA formaliza el pedido de PAEERP. En ese contexto, también resultaba insuficiente para una firma en crisis el sólo pago de salarios. De allí surge la posibilidad de que el Estado ingrese a la empresa vía una ampliación del capital.
De esta manera, Nación tomó contacto con el gobierno de Mendoza para coordinar una participación conjunta con una firma de la provincia. En paralelo, se analizó la vía política y se trabajó con un gobierno de diferente signo político y con articulación parlamentaria. Así, se definió que Nación se hiciera cargo de un 75 por ciento de la nueva capitalización, y la provincia de un 25. Se planificó además cambiar los estatutos y crear acciones Clase “C”. Estos títulos, que usualmente en las empresas tienen menos peso que las acciones “A” y “B”, acá tendrían más: esa acción permite, por caso, elegir al presidente de la firma. Y le dan a Nación tres lugares en el directorio y una plaza para Mendoza. En este esquema, se inyectarían 20 millones de dólares, 15 por Nación y 5 por Mendoza (en pesos, unos 1300 millones y 470 millones).
El paso siguiente fue tasar el valor de las acciones a constituir, que quedaron en 1 peso. De esta manera, se modificó el accionariado quedando de la siguiente manera: 63 por ciento para el Estado Nacional, 21 por ciento de Mendoza, 11 por ciento los acreedores e inversores, y 5 por ciento la familia Pescarmona. En febrero del 2021, Mendoza llevó a su legislatura el plan y lo formalizó en los votos. De este modo, ahora sólo se espera la firma de la capitalización en las próximas semanas, que convalidará el nuevo esquema.
El negocio y los dólares del futuro
Para los estados Nacional y provincial, la empresa es estratégica por muchas razones, pero sobre todo porque produce cosas que pocos hacen en el mundo y tiene un perfil internacional establecido. En su negocio más grueso, las turbinas generadoras, ya sólo en Argentina podría tener potencial de captar unos 2000 millones dólares. Se calcula que esto vendría de la renovación del parque de 10000 MW que hay en represas. Hacia adelante, tiene en carpeta trabajos en Yacyretá y Portezuelo del Viento.
En el exterior, en tanto, la capitalización le dará chances de validar en licitaciones globales, con fuerte potencial para desarrollo hydro y en grúas grandes. Actualmente, está participando en una en Estados Unidos.
Lo que los nuevos accionistas quieren, además, es que IMPSA se transforme en una especie de INVAP, que aborde otros negocios. La compañía tiene, también, un fuerte capital humano y técnico. Cuenta con 700 empleados, 35 por ciento de los cuales son ingenieros, algo que muy pocas empresas tienen en Argentina.
