Doce personas fueron imputadas por organizar y participar de una fiesta clandestina durante el fin de semana largo, de las cuales tres quedaron en prisión preventiva por violar las medidas sanitarias y por el delito de tenencia de armas. La decisión fue tomada por el juez Gustavo Pérez de Urrechu, quien aseguró que la situación ante la pandemia no debe ser tomada con "liviandad", en relación a una reacción que hubo durante la imputación. Mientras se desarrollaba esa audiencia, el oftalmólogo Mariano Arriaga, otro médico mendocino y un concejal chaqueño, quedaban en libertad con restricciones y bajo fianza, tras haber sido imputados por organizar una movilización negacionista, el 25 de mayo en el Monumento a la Bandera, contra las restricciones que rigen ante la pandemia y que derivó en momentos de tensión y violencia.

Ambas audiencias se realizaron el mismo día. El resultado de la que tuvo sentados en el banquillo a tres integrantes del grupo anticuarentena autodenominado Médicos por la Verdad, se conoció la misma noche del jueves. En tanto, ayer desde el Ministerio Público de la Acusación dieron a conocer que en el marco de los operativos por fiestas clandestinas realizadas el fin de semana, hubo una audiencia con una docena de personas imputadas por el fiscal Marcelo Maximino, de las cuales tres quedaron presas por haber estado "de fiesta en fiesta" y porque se les encontraron armas y estupefacientes, en una vivienda de Juan B. Justo al 7700, donde se realizó una de las reuniones. El resto de los acusados recuperó la libertad con restricciones. 

Los que quedaron presos fueron imputados por tenencia ilegal de arma de fuego de guerra, desobediencia y violación de las medidas dispuestas para evitar la propagación de una epidemia. Al respecto, Pérez de Urrechu dijo ayer en LT8 que "tras una audiencia de cinco horas se pudieron establecer las responsabilidades provisorias. Las personas imputadas pudieron declarar; nueve recuperaron la libertad y tres quedaron detenidas", expresó sobre personas que tenían armas y que habían sido señaladas por balaceras.

El magistrado señaló que en el procedimiento intervino la Justicia federal "porque se encontraron estupefacientes y gran cantidad de dinero"; y la provincial, por el hallazgo de armas de fuego y el tema del aislamiento. "Además, estas personas habían estado en varias fiestas", aseguró sobre la violación de medidas sanitarias. Incluso, dijo que durante la audiencia "llamó la atención la liviandad con la que se referían a esto. Reconocieron que iban de fiesta en fiesta y en un determinado momento uno de los abogados planteó que esta situación no era tan grave como la que se trataba en ese momento de manera virtual (por la imputación a Arriaga y otras dos personas). Lo que se señaló era que no se estaba hablando de un tema banal o trivial, que a todos nos está tocando de cerca la muerte de colegas que fallecieron por covid, o la muerte del jefe de Policía (Adrián Forni), como ejemplos. Un tema tan grave no puede ser tomado de forma tan liviana", dijo.

En ese sentido, agregó que "es una cuestión del sentido común y lo vemos a diario; quienes estamos en contacto, vemos el colapso sanitario o las dificultades para encontrar una cama. Todos estamos haciendo un gran esfuerzo. No solo está el tema de la libertad, sino el de la igualdad, el respeto a la ley a la que todos estamos sometidos", señaló el juez, quien además dijo desconocer los motivos de la resolución en el marco del caso de Arriaga, pero aclaró que en su caso también se dejó en libertad con restricciones a algunos de los imputados por la fiesta clandestina.

Otro detenido. En otra audiencia, quedó en prisión preventiva una cuarta persona por orden del juez Alejandro Negroni, por portar un arma en otra fiesta prohibida del fin de semana. El fiscal Maximino le atribuyó al acusado de 36 años la portación no autorizada de una escopeta calibre 16 que manipulaba frente a su domicilio, en Tarragona 1900 bis, mientras participaba de una reunión social no autorizada.