“Aunque faltan detalles porque no se conocen los argumentos del Tribunal, la sola decisión es mala, porque la condena está incluso por debajo del pedido de la Fiscalía, que era muy leve”. Agustina Lloret, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), cuestionó el monto de la condena aplicada a Luis Chocobar. Por su parte, María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) coincidió en que fue “una condena fácil para el gatillo fácil” porque “la doctrina Chocobar sigue vigente en los tribunales, aunque ya no sea ley para la policía”.

En declaraciones a Página/12, Agustina Lloret aclaró que “la discusión sobre este fallo habrá que profundizarla cuando se conozcan los argumentos de los jueces, pero sin duda es mala la decisión”. Puntualizó que uno de los problemas centrales es “cómo el Ministerio Fiscal interpreta este tipo de hechos, qué encuadre les dan, porque eso tiene influencia, desde un primer momento, sobre cómo se encara el caso”.

“Cuando se llega al juicio oral y la fiscal cierra con una postura de homicidio por exceso en la función, ya eso es preocupante”. De esa manera se llega “a una condena que tiene gusto a nada, que se acerca más a una absolución, en lugar de repudiar algo que, como dijo la querella, era una ejecución extrajudicial”, precisó la abogada del CEls. Agregó que hubo “un mensaje equivocado de lo que debe ser la actuación policial”.

Recalcó que un fallo como este “crea un pésimo antecedente con vistas al futuro, porque se puede sentar jurisprudencia para casos parecidos”. Lloret se refirió, incluso, al video armado por la defensa de Chocobar que “si se lo mira bien está mal armado para la mirada de los defensores, porque parece hecho a favor de la querella”, dado que en todo momento se puede observar que el policía Chocobar nunca pudo ver en peligro su vida, como para tomar la decisión de disparar contra un joven que escapaba.

Subrayó que en el video “lo que se muestra es que no hubo ningún ataque de Kukoc hacia Chocobar”. La abogada del CELS lamentó que “se vuelva común que las defensas no tengan que hacer un gran esfuerzo para ganar un caso como este”. Señaló, además, que el problema termina de cerrarse “de acuerdo con la valoración de la prueba que hacen los jueces”. En ese marco, “lo más positivo pasa a ser la inhabilitación de cinco años, porque saca al policía de su función”.

María del Carmen Verdú, por su parte, recordó “el abrazo” que se dieron Chocobar y el ex presidente Mauricio Macxri, en enero de 2018, días después de lo ocurrido en el barrio de La Boca, y luego “la legalización del gatillo fácil” en manos de la ex ministra Patricia Bullrich, con la firma de la Resolución 956/2018, “que autorizó a las fuerzas de seguridad a disparar contra personas desarmadas o por la espalda”.

Resaltó que “nunca antes un gobierno argentino había asumido públicamente la promoción del fusilamiento (…) como política de Estado”.

Sobre la actualidad, Verdú afirmó que “no es suficiente para cumplir con el enunciado” de “terminar con la lógica del gatillo fácil y el disparo por la espalda”. Sobre el juicio a Chocobar, recalcó que se juzgó con distinta vara al chico que intentó robar una cámara con un “cuchillo de mesa” y al policía que “disparó varias veces y acertó dos” sobre la espalda de un joven que corría.

Por eso concluyó que “la ‘doctrina Chocobar’ ya no es ley vigente para la policía, pero no sucede lo mismo en los pasillos de los tribunales”, porque la fiscal Susana Pernas pidió 18 años para el menor de edad y sólo tres años “en suspenso” para el policía.

Sin atender el pedido de perpetua de la querella “los jueces Fernando Pisano, Jorge Apolo y Adolfo Calvete fueron más allá en su reivindicación del gatillo fácil policial”. Por todo lo expuesto, la Correpi a través de Verdú apoyó "el pedido de perpetua para Chocobar solicitado por el doctor Pablo Rovatti".