En la segunda audiencia del juicio que se sigue en contra de pequeños productores del Chaco salteño por un hecho ocurrido en el marco de una disputa de tierras, de los siete testigos que se presentaron, pero uno no pudo declarar porque es una persona indocumentada desde siempre.

Entre los que sí declararon, se destacaron los dichos de Julio Vicente Gramajo, ofrecido por la querella que, con la representación del abogado Pablo Tobío, impulsa el empresario Javier Vidizzoni, el que afirma tener derechos sobre la tierra que posee el campesino Elvesio Romero. Precisamente, el juicio que se sigue contra la dirigenta campesina Lucía Ruiz, y Antonio y Carlos Guerra y Omar Cruz, también pequeños productores rurales del pueblo de Coronel Juan Solá, o Morillo, en el departamento Rivadavia, es por un hecho que aconteció el 5 de febrero de 2015 en el puesto de Romero, donde empleados del empresario realizaban un desmonte.

Los acusados aseguran que Romero había pedido ayuda porque estaba disputando las tierras que posee con Vidizzoni. El desmonte que se realizaba no contaba con autorización, dado que aunque hubieran tenido la autorización del poseedor (como argumentó la Fiscalía), para demsontar se debe contar indefectiblemente con la autorización de la Secretaría de Ambiente de la provincia, que en este caso no había provisto tal documento.

Se suma a ello que las tierras por donde pasaron las topadoras están dentro de una zona que según el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) es amarilla y, por lo tanto, no puede ser desmontada. Los empleados de Vidizzoni, con el capataz Bernardo Castellanos al frente, habían ingresado al puesto de Romero y se encontraron con los campesinos que los intimaron a retirarse.

Según el denunciante, Bernardo Castellanos, esto ocurrió de manera violenta e incluso les robaron. Según los denunciados, eso nunca fue así. Si bien el conflicto tiene toda esta complejidad, la fiscala a cargo, Gabriela Souto, y la querella solicitaron que se vea solo el hecho del delito común, de manera aislada de todo el contexto de disputa territorial que existe entre poseedores ancestrales, la gran mayoría sin certificados de propiedad, y nuevos dueños de esas tierras, que generalmente no son de la zona.

Gramajo es uno de los trabajadores que llegó ese día al puesto de Romero manejando uno de los tractores utilizados para los desmontes, que señalan como de propiedad de Vidizzoni. Ayer ratificó la posición de la denuncia. Sostuvo que uno de los Guerra le dió un azotazo, además de insultarlo. En dos ocasiones el testigo se quebró al sostener que tenía miedo de los campesinos, dijo que estaban con palos y robaron las pertenencias de la camioneta que conducía Castellanos.

Gramajó apuntó a Lucía Ruiz como la líder del grupo de pequeños productores que llegó al puesto de Elvesio Romero para enfrentarlos. Cuando la abogada defensora de Guerra, Sara Esper, le consultó si había ido al Hospital por los golpes, dijo que no, por lo cual no existe un certificado médico que acredite la agresión sufrida. 

Los testigos a favor de los denunciados fueron Moisés e Ignacio Rodríguez (sobrino y tío), quienes sostuvieron que los campesinos estuvieron en todo momento fuera del alambrado del puesto de Romero y nunca ingresaron al lugar donde estaba Castellanos en una camioneta y Gramajo con el tractor. Y sostuvieron que Castellanos se pudo retirar del lugar sin ningún problema.

Añadieron, junto a otros testigos, como Atanacio y Luis Juárez, que habían asistido al puesto de San Isidro tras escuchar el mensaje de Romero en la radio pidiendo ayuda. Durante 2015, cuando Romero estaba en negociaciones con Vidizzoni, negó haber pedido ayuda alguna. En su declaración en el juicio, en tanto, el también pequeño productor se refirió a la falta del cumplimiento del pago por la madera que vendía al empresario, además de los incumplimientos en la entrega de los papeles de la tierra que posee.

Testigo indocumentado

La presencia de un testigo ofrecido por la parte querellante, que impulsa el empresario Javier Vidizzoni, generó sorpresa, ya que inicialmente no le permitieron el ingreso a la Ciudad Judicial de Tartagal (ciudad cabecera del departamento San Martín, en donde se desarrolla el juicio), por no portar el documento nacional de identidad.

Esa situación salió a luz cuando finalmente pudo ingresar y sentarse a declarar, lo que motivó a que se lo indagara para que acredite su identidad. Primero dijo que no se acordaba su número de documento, y cuando le pidieron su DNI para verificar su nombre, dijo que nunca había tenido documento alguno. Frente a esta situación la defensa solicitó desestimar el testimonio por la imposibilidad de verificar la identidad.

Preocupación del Inadi

La delegación Salta del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), a cargo de Gustavo Farqharson, expresó su preocupación por el juicio oral y público que se está llevando a cabo contra la dirigenta campesina Lucía Ruiz, por entender que se trata de un grave antecedente de persecución, judicialización y criminalización de la lucha por los derechos humanos, ambientales y del acceso a la tierra.

El organismo destacó que tanto Lucía Ruiz, como su compañera María Tolaba, fueron distinguidas en 2019 por el Senado de la Nación con el premio “Berta Cáceres”, por su labor en la defensa de los derechos humanos, ambientales y de acceso a la tierra.

Repudió además el impedimento de presentarse en el juicio como amigos del tribunal al Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, a la presidenta de la Asociación de DDHH Liberpueblo y al apoderado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Diego Morales, entre muchos otros, “teniendo en cuenta que se trata de opiniones no vinculantes y de gran importancia en la causa”.

El Inadi consideró “que los derechos humanos constituyen la matriz conceptual y política del Estado democrático, con fundamento en la igualdad y en políticas de redistribución e inclusión. Por ello, el derecho a la tierra debe considerarse como un derecho humano inalienable”.