Durante un juicio que lleva el Tribunal Oral Federal N°1 de Salta contra Sebastián Policarpio Flores por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, quedó en evidencia la complicidad de los agentes penitenciario que por acción u omisión favorecieron el manejo de la red narco.

El principal acusado ya cumple una pena de 4 años y 6 meses por tenencia de droga en la Unidad Carcelaria N°3 de Orán, y la investigación, tal como relató uno de los oficiales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en calidad de testigo, comenzó a partir de una denuncia web (recurso utilizado por el gobierno provincial para recabar datos de manera anónima de bocas de expendio de drogas), que llevó las pesquisas a el el barrio San Benito, en la zona este de la ciudad.

Como resultado de ello, establecieron que mujeres procedentes de Orán eran las que proveían la droga, previa negociación con la pareja de Flores, Marisol Diego, y que la cocaína era del detenido, quien se valía de personas en extremo estado de vulnerabilidad para el traslado del estupefaciente.

Posteriormente, en base a esos datos se realizaron tareas para establecer el circuito de la cocaína, con lo cual se identificó el domicilio de Flores en Orán, como así también que la droga provenía de Bolivia a través del paso en Aguas Blancas.

Diego era la encargada de captar a las mujeres a las que se les adosaría en el cuerpo la droga, todo bajo el control remoto de Flores desde su lugar de encierro.

Luego otro efectivo de la PSA explicó que en un principio los envíos dirigidos por Flores consistían en pocas cantidades, estimadas en 50 y 100 gramos, y que su destino principal era la localidad de Colonia Santa Rosa, a pocos kilómetros de Orán. Posteriormente, sin embargo, el flujo de droga cambió de dirección y cantidad, dirigiéndose envíos hacia la capital salteña destinadas a Natalia Juárez, quien a su vez la revendía en distintas bocas de expendio, entre ellas una ubicada en el barrio San Benito.

Ese testigo también relató un hecho que evidenció la influencia que tenía sobre mujeres en estado de vulnerabilidad, por lo general carentes de recursos económicos o adictas. Una de ella, destacada luego por el proceso de recuperación que emprendió tras estar encerrada, reveló que había sido detenida en Jujuy con droga perteneciente a Flores, pero que asumió como propia.

En una conversación telefónica, la mujer le explicó al recluso que había sido detenida, pero que le fue otorgada la prisión domiciliaria debido a que tiene hijos menores de edad, circunstancias en que el acusado le pidió que vaya a verla al penal, ya que debía explicarle cómo y qué debía declarar.

Karaoke y cabaret con las ganancias

El policía contó que por cada kilogramo de cocaína que se enviaba a Salta el acusado obtenía una ganancia de 700 mil pesos, de los cuales sólo le pagaba 30 mil a las mujeres que utilizaba para el traslado, o bien, lo hacía con parte de la sustancia cuando eran adictas.

Con las ganancias, según reveló este y otro policía que declaró luego, Flores destinó una suma de 3.500.000 de pesos, a realizar refacciones en su vivienda ubicada en el barrio 9 de Julio.

Al respecto, uno de los testigos que participó del allanamiento describió el inmueble de dos pisos con más de ocho habitaciones, con pisos renovados, un hidromasaje que esperaba ser colocado y una cama matrimonial que excedía cualquier medida: “Nunca vía una cama tan grande”, dijo el testigo.

Además agregó que, en la planta alta, se había edificado un tinglado, pues Flores, en uno de sus llamados, dijo que quería explotar un “Karaoke” y abajo un cabaret.

Complicidad

Los testigos también revelaron que Flores hacía llamados desde un teléfono celular y utilizaba varios chips, proveídos presuntamente con ayuda de guardias del servicio penitenciario.

En compensación, y según surgió de las conversaciones con Diego, el personal implicado solía retirar mercadería de un comercio ubicado frente al penal, lugar al que la pareja de Flores iba periódicamente a pagar el consumo de los efectivos. Según se narró en el debate, se llevaban incluso carne para el asado.

Uno de los testigos, a preguntas del fiscal Ricardo Villalba, dio mayores precisiones e identificó a un guardia, cuyo nombre también surgió de los llamados de Flores, quien avisó que dicho efectivo iba a ir a su vivienda para retirar un nuevo aparato, el cual luego hizo ingresar oculto en un paquete de galletas, maniobra por la cual recibió el pago de una suma de dinero.

En vista de estas revelaciones, entre otras, fue que el fiscal ordenó la formación de un legajo a fin de determinar el accionar de los guardias que tenían a su cargo la vigilancia de Flores, ya que, al allanar su celda, no se encontró el teléfono celular.

El juicio está bajo la dirección del juez Marcelo Juárez Almaraz e integrado por los vocales Federico Díaz y Marta Liliana Snopek.