La Cámara de Diputados buscará esta semana avanzar con el dictamen del proyecto de emergencia covid, que ya tiene media sanción del Senado para llevarlo al recinto en la primera quincena de junio. La idea es convertir en ley la iniciativa del Ejecutivo de establecer un marco de parámetros de riesgo epidemiológico y sanitario para combatir el contagio exponencial de la segunda ola de coronavirus y evitar el colapso sanitario. El retraso en medio de la emergencia sanitaria se debe a la necesidad del oficialismo de construir consensos y garantizar los votos en la cámara baja, ante el rechazo del interbloque macrista de Juntos por el Cambio que cuestiona la constitucionalidad del proyecto y la supuesta violación de la autonomías provinciales.

El proyecto establece parámetros epidemiológicos y sanitarios para definir y clasificar zonas del país ante la propagación de la pandemia: “bajo”, “medio” o “alto” riesgo y de “alarma epidemiológica”, en función de cuyos criterios autoriza al Presidente a tomar medidas de restricción adicionales, fundadas por el Ministerio de Salud nacional y limitadas por 21 días.

La iniciativa obtuvo media sanción del Senado el 20 de mayo y la cámara baja ya lo giró a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Acción Social y de Salud Pública que presiden los diputados del Frente de Todos Hernán Pérez Araujo y Pablo Yedlin, respectivamente. Allí, el primer obstáculo a sortear es si los vicepresidentes de ambas comisiones, en manos de los legisladores de JxC Gustavo Menna (UCR) y Carmen Polledo (PRO), habilitan el tratamiento del proyecto en forma virtual o reclamarán que se realice de manera presencial. Criterios que el interbloque macrista adapta a la conveniencia de sus posturas políticas, que en este caso es de férrea oposición a la iniciativa del Gobierno.

Si se logra destrabar esta situación, Pérez Araujo convocaría al plenario de comisiones en forma virtual para esta semana en busca del dictamen de mayoría a favor del proyecto oficial. Si no, esperarán a que el presidente del cuerpo, Sergio Massa, defina la fecha (no más allá de la primera quincena de junio) de una sesión, que de acuerdo al protocolo pactado con la oposición se realiza en forma mixta, con mayoría presencial de diputados y la excepción sólo para aquellos que por prescripción médica lo hacen en forma virtual. Con lo que el oficialismo convocaría al plenario de comisiones en los días previos a la sesión para garantizar la presencia de los legisladores en el Congreso.

En el oficialismo confían en que no tendrán inconvenientes para conseguir el dictamen de mayoría. Sin embargo, los números para el FdT siguen siendo muy ajustados en el recinto de Diputados. Cuestión de la que tomaron nota los senadores oficialistas, que en sintonía con la bancada de diputados promovieron cambios al texto original para allanar el camino en la Cámara baja.

El FdT sólo cuenta hasta ahora con el respaldo asegurado de los 6 diputados del interbloque Federal para el Desarrollo que conduce el mendocino José Luis Ramón y deberá conseguir adhesiones entre un puñado de bloque menores y monobloques para conseguir la mayoría de los votos en el recinto.

“Nosotros estamos trabajando con la ley, se están viendo los tiempos, las modificaciones que puedan aportar desde la oposición. Siempre intentamos que participen y nos ayuden a corregir lo que sea necesario, discutir las comisiones y generar herramientas necesarias para afrontar la pandemia”, dijo el viernes Máximo Kirchner en declaraciones periodísticas. El jefe de la bancada de diputados del FdT también recordó, en referencia a JxC, que “hubo una oposición cerrada antes de que existiera el texto”.

Del otro lado se aglomeran por el rechazo el interbloque macrista de JxC, los cuatro diputados cordobesistas del gobernador Juan Schiaretti y los tres del lavagnista Consenso Federal. Bancadas que se aferran al fallo de la Corte Suprema a favor de la Ciudad por las clases y esgrimen que el proyecto “avasalla las autonomías provinciales”.

La iniciativa toma la experiencia internacional que adoptaron países de Europa y de Latinoamérica para determinar medidas restrictivas que le permitan mitigar la expansión de la pandemia. El proyecto establece como ejes dos parámetros de riesgo epidemiológico y sanitario para clasificar las zonas: el coeficiente entre los casos de contagios en los últimos 14 días y los 14 días previos; así como la cantidad de casos de los últimos 14 días por cada 100 mil habitantes.

De esta manera se define que las zonas de Bajo Riesgo serán aquellas que tengan un coeficiente menor al 0,8 y menos de 50 casos cada 100 mil habitantes. Estarán calificadas como de Mediano Riego las zonas que tengan un coeficiente menor al 1,2 y menos de 150 casos por cada 100 mil habitantes. De Alto Riego serán las zonas que superen el coeficiente de 1,2 y con más de 150 casos por cada 100 mil habitantes.

El nivel máximo será para las zonas de Alarma Epidemiológica y Sanitaria para conglomerados urbanos de más de 300 mil habitantes. Allí los parámetros para su clasificación serán los de igualar o superar en los últimos 14 días los 500 contagios cada 100 mil habitantes y que la ocupación de las camas de UTI (Terapia Intensiva) supere el 80 por ciento. Para lo cual se crea un Sistema Nacional de Registro de Camas UTI, donde las autoridades de los establecimientos sanitarios públicos y privados deberán actualizar diariamente, en tiempo real, los ingresos y egresos de pacientes.

Las zonas que estén bajo Alarma, es donde habrá mayores restricciones para la circulación, con la utilización del transporte público únicamente para trabajadores esenciales y la suspensión de la presencialidad en las escuelas, entre otras medidas.

Durante el debate en el Senado, el oficialismo introdujo modificaciones al texto original para vencer resistencias al proyecto. Entre ellos el límite temporal de la vigencia de la ley, que será hasta el 31 de diciembre de este año (como reclama el interbloque Federal para el Desarrollo) y ya no mientras durara la emergencia sanitaria.

A pedido del senador y exgobernador rionegrino Alberto Weretilneck, se incorporó un artículo para que los gobernadores puedan tomar medidas diferenciadas en localidades que presenten parámetros distintos al resto del partido al que pertenecen. Aunque se eliminó del texto el requisito de la “previa consulta” a gobernadores para adoptar restricciones adicionales en los lugares con peores índices, se especificó que llevarlas a cabo habrá dos condiciones: que el Ministerio de Salud nacional deberá fundamentar las medidas, que deben ser “razonables” y “proporcionadas”; y solo serán por 21 días corridos.

También se redefinió en el texto a los gobernadores como “agentes naturales” del gobierno federal y no como agentes “delegados”, que había encendido alarma entre algunos mandatarios provinciales. En el artículo que autoriza el acompañamiento de familiares a enfermos de covid, se aclaró que eso se permitirá sólo en los casos de pacientes en “estado terminal”. Que también regirá para quienes padezcan otras enfermedades. El texto sostiene que el Ejecutivo podrá modificar los criterios para establecer los parámetros epidemiológicos y sanitarios, pero se incorporó que los mismos deberán contar con la aprobación del Consejo Federal de Salud, que integran todos los ministros provinciales del área.