En un caso sin precedentes, una psicóloga perteneciente a una ONG católica fue suspendida por seis meses para ejercer la actividad por el Colegio profesional de la ciudad de Santa Fe, tras ser denunciada porque convenció a una niña de 11 años embarazada de que rechazara ser sometida a un aborto legal. La gestación era producto de los abusos sexuales perpetrados por el padrastro. Existió “una constante vulneración y revictimización” de la niña “al obligarla” a “llevar a término un embarazo, ser madre y dar a la criatura en adopción”, señaló el dictamen del Tribunal de Ética y Disciplina de la entidad, al que tuvo acceso PáginaI12. La resolución cuestiona en durísimos términos la maniobra esgrimida por la psicóloga. “Este procedimiento debe ser considerado tortura o trato cruel, inhumano y degradante, en los términos de los tratados de derechos humanos vigentes para nuestra legislación”, sentenció el cuerpo.

La presidenta del Colegio de Psicólogos de Santa Fe, Mónica Niel, explicó que “la determinación de suspender la matrícula de la terapeuta está fundada en que no es conveniente que un profesional utilice su posición para orientar un caso según sus intereses”. La postura de la entidad es que “cuando hay un embarazo en el que corresponde el aborto legal, el psicólogo debe ayudar a tomar la decisión más conveniente para el caso, no lo que responde a sus creencias o intereses”, precisó Niel. La sanción recayó sobre la psicóloga María Belén Catalano, de Grávida, conocida ONG católica. Además de suspenderle la matrícula por medio año, el Tribunal le aplicó un apercibimiento público por numerosas infracciones al Código de Ética de la Federación de Psicólogos de la República Argentina. 

Aunque la suspensión es por pocos meses, de todas formas fue celebrada por organizaciones como la Multisectorial de Mujeres y la mesa Ni Una Menos de Santa Fe, que vienen denunciando el accionar de integrantes de grupos anti-derechos en hospitales públicos para impedir el acceso a abortos legales, con estrategias como meterse en salas de internación y mostrarles fotos de fetos o decirles que van a matar a un bebé a niñas o mujeres que solicitan la interrupción de un embarazo en los casos contemplados en el Código Penal. “La resolución es ejemplificadora para los profesionales de la salud que obstaculizan la interrupción  legal de embarazo y que operan de manera perversa. Y viene a reivindicar la ética de quienes sí trabajan a conciencia y en cumplimiento de la ley, posibilitando que las mujeres elijan y ejerzan sus derechos”, indicó a este diario Florencia Marinaro, de la Multisectorial. 

Catalano fue denunciada ante el Tribunal de Etica por parte de dos psicólogas del Hospital Iturraspe, de la ciudad de Santa Fe, que venían interviniendo en la atención de la niña para ofrecerle alternativas frente a su situación. La niña, de 11 años, acompañada por su mamá, había solicitado la interrupción legal del embarazo que había sido producto del abuso sexual perpetrado por su padrastro. La niña se encontraba internada en el Servicio de Pediatría, cuando Catalano la fue a ver un sábado a la tarde y un domingo –aprovechando que durante el fin de semana suele haber menos movimiento de personal–, y se presentó primero como amiga de su mamá e inició un vínculo haciéndola jugar a una sopa de letras. Al poco tiempo, la madre y la niña firmaron el alta voluntaria y no volvieron a realizar controles médicos al Iturraspe. Según se confirmó, Catalano siguió atendiendo a la niña en forma particular. El hecho ocurrió dos años atrás. Tras la apertura de la investigación sobre la conducta de la profesional, el Colegio de Psicólogos emitió ahora su dictamen, en el que encuadra la práctica de Catalano como disruptiva, que vulnera la intimidad y el consentimiento de la niña, que falta el respeto al trabajo de colegas y al resto del equipo que la venía asistiendo, que obstaculiza el acceso a la ILE y, en definitiva, termina configurando una situación de embarazo forzado (previa violación), maternidad forzada y adopción forzada. En términos del propio Tribunal: “tortura, trato degradante, cruel e inhumano”.

En ese sentido, el Tribunal cuestionó que la psicóloga “utilizó su condición para ganarse la confianza de la niña e intervenir en una situación de alta complejidad y vulnerabilidad social y familiar, no siendo consciente de la posición que ocupa frente a su consultante, con el agravante de que se trataba de una niña en una situación de extrema complejidad psíquica, médica, jurídica y socioambiental”. En su defensa, Catalano alegó “un interés de índole estrictamente humanitario acompañando a alguien que estaba pasando un momento difícil”.

Pero el Tribunal objetó que se “valió de argucias e inexactitudes para acercarse a la niña, sustentado su intervención en su carácter de voluntariado” y de este modo, “quedó violada toda posibilidad de obtener un consentimiento válido”. En la historia clínica, citada en la resolución del Tribunal de Etica, figura que la niña había manifestado su decisión de interrumpir el embarazo. “En sus tareas de voluntariado desarrolla acciones y procedimientos propios del quehacer profesional del psicólogo y lo hace en nombre de instituciones cuyos fines resultan contrapuestos a la integridad de las personas y los derechos humanos”, sentenció el cuerpo.