"La provincia de Buenos Aires fue un laboratorio de vigilancia política masiva por parte de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)", sostiene la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en un informe que acaba de entregarle a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia. En el escrito, al que accedió Página|12, muestra cómo las bases que la AFI desplegó en territorio bonaerense entre 2016 y 2017 --comandadas por excomisarios ingresados a la Bonaerense durante la última dictadura-- vinieron a reponer la experiencia de la temible Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA).

Gustavo Arribas puso en manos del abogado Pablo Pinamonti una iniciativa ambiciosa que dentro de la AFI se conoció como el “Proyecto AMBA”. Consistió en la creación de seis nuevas bases en el conurbano que se sumaron a tres delegaciones “históricas” de la exSIDE en la provincia. Las nuevas se asentaron en Morón, San Martín, Pilar, Ezeiza, Quilmes y La Matanza. Las históricas eran las de La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca. Esa iniciativa, dedicada al espionaje político, fue investigada por el juez federal Alejo Ramos Padilla y procesó a sus máximos responsables.

“Reproduciendo las viejas prácticas de la DIPPBA, estas delegaciones realizaron permanentes seguimientos a referentes políticos, sociales y gremiales, y se consignaron datos de locales partidarios y comunitarios, números de teléfono, domicilios, reseñas políticas y datos familiares”, describe la CPM el funcionamiento del “Proyecto AMBA” y lo compara con la experiencia de la DIPPBA que, desde su origen en 1956, funcionó como una policía política. La DIPPBA fue disuelta recién en 1998 y, durante la democracia, se centró en perseguir y registrar a las víctimas, familiares y a las organizaciones que reclamaban justicia frente a casos de violencia policial.

El Proyecto AMBA hizo lo propio con los familiares de Agustín Curbelo y Nazareno Vargas, dos pibes asesinados en Merlo en 2017. Habían sido acribillados de nueve balazos de 9 milímetros, el calibre que usan las fuerzas de seguridad. El seguimiento fue ordenado desde la base AFI de Morón, sostiene la CPM después de analizar la causa que instruyó hasta hace unas semanas Ramos Padilla. Esa base estaba en manos de la excomisaria Alicia Nocquet, que entró a la Bonaerense durante la dictadura.

Según la Comisión que presiden Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos, las tres bases “históricas" de la AFI funcionan desde los años ‘70 y las seis bases “nuevas” del “Proyecto AMBA” estuvieron en manos de excomisarios ingresados o que cumplieron funciones durante los años del terrorismo de Estado y que, entre 2016 y 2017, estuvieron al frente de unos 70 agentes de la AFI. Un caso particular es el del exagente de la DIPPBA José Luis Fiorentino, que comandó la delegación de San Martín. 

“El reclutamiento de personal policial en la participación de actividades de inteligencia estatal y/o en la retroalimentación entre la faz operativa y las tareas de inteligencia es un fenómeno que puede rastrearse desde los orígenes de la DIPPBA”, explicó la CPM. “La cosmovisión policial ha impreso características particulares a la actividad de inteligencia criminal, que obraron en la profundización de dinámicas operativas con resabios autoritarios y de policía política”.

Con ese bagaje, las bases AMBA se dedicaron al espionaje político en un año electoral clave pero, sobre todo, a realizar tareas de control del territorio en un momento de crisis política y social. Uno de sus focos de interés --como reconstruyó Ramos Padilla-- fueron los comedores populares o merenderos. Según el análisis de la CPM, durante el imperio del “Proyecto AMBA”, la AFI espió a 45 organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos, a 18 partidos políticos y frentes electorales, a 13 gremios docentes --a los que les dedicaron 45 informes de inteligencia-- y a otros tantos sindicatos, sobre los que confeccionaron 50 reportes.

Un oscurantismo que debe quedar atrás

Los años de la alianza Cambiemos exacerbaron la utilización ilegal de instrumentos de inteligencia estatal y la volcaron a influir de manera irregular sobre los poderes judiciales y la agenda mediática en el marco de la construcción de enemigos públicos, sostiene, además, la CPM. Entre las características generales que tuvo la inteligencia destacó que:

  • La AFI pergeñó, ideó y construyó una estructura paraestatal a los fines de realizar inteligencia política en favor del poder de turno;

  • Constituyó una organización criminal de dimensiones aún insospechadas;

  • Las acciones desplegadas por la AFI y otras fuerzas de seguridad fueron posibles gracias al financiamiento opaco y los gastos reservados que guiaron la lógica de funcionamiento del organismo desde que Macri firmó el decreto 656/2016;

Por el momento, hay 87 personas imputadas por la violación a la ley de inteligencia durante el macrismo --según las estimaciones de CPM. De esas, 69 fueron procesadas. Todos los procesamientos se dictaron en las dos causas que instruyó Ramos Padilla en Dolores (el D’Alessiogate y el “Proyecto AMBA”) y en las dos en las que entendieron el juez Juan Pablo Augé y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide (espionaje a Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria y la trama de los Súper Mario Bros y el espionaje penitenciario). De los imputados, 46 corresponden a personal de la AFI, diez a personal retirado de la Bonaerense, nueve al Servicio Penitenciario Federal, siete a la Policía de la Ciudad, hay dos fiscales (Carlos Stornelli y Juan Ignacio Bidone), entre otros. Del balance de la CPM queda claro que las únicas causas que avanzaron fueron las que estaban lejos de los tribunales de Comodoro Py. 

Las dificultades para investigar el rol del personal de inteligencia no sólo se circunscriben al macrismo. El fiscal general de Mar del Plata Fabián Fernández Garello fue procesado en 2019 por el secuestro y la tortura a tres militantes del Partido Comunista (PC) en 1981. Para entonces, Fernández Garello era oficial de la DIPPBA en la seccional de San Martín. El año pasado, la Sala II de la Cámara Federal de Casación --con los votos de Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci y la disidencia de Alejandro Slokar-- revocó ese procesamiento.  El procurador bonaerense Julio Conte Grand --llegado durante el gobierno de María Eugenia Vidal y exintegrante de la mesa judicial de Macri en la Ciudad--, por su parte, desestimó el trámite administrativo contra Fernández Garello. “El corporativismo judicial llegó al extremo de proteger y garantizar la impunidad para un exespía de la policía bonaerense que fue parte de la maquinaria del terrorismo de Estado”, denunció la CPM, que entiende que el reclutamiento de personal de inteligencia que cumplió funciones durante la última dictadura es un problema estructural para el funcionamiento de las instituciones democráticas.

“La fuerte opacidad y secretismo arraigada históricamente al sistema de inteligencia, que la gestión saliente del presidente Mauricio Macri exacerbó, debe superarse con un debate político y social amplio, que incorpore estándares democráticos para reformar una de las áreas más sensibles del Estado”, reclamaron desde la entidad.