Este lunes, tras escuchar a los últimos testigos y, si acceden, las declaraciones de los enjuiciados, está previsto que la fiscala penal de Embarcación, Gabriela Souto; Pablo Tobío, abogado querellante que representa al empresario Javier Vidizzoni; la abogada Sarah Esper y el defensor oficial Luis Véliz presenten sus alegatos en el juicio que se sigue por el delito de robo en despoblado y en banda, coacción con armas y daños en concurso real, en contra de cuatro pequeños productores rurales. Además, se prevé que hoy mismo se conozca la sentencia del juez del Tribunal de Juicio de Tartagal, Anastacio Vázquez Sgardelis.

El delito penal que se atribuye a la dirigente campesina Lucía Ruiz y a los también campesinos Antonio Guerra, Carlos Guerra y Omar Cruz, por hechos sucedidos en el marco de una disputa territorial, quedó escindido del complejo entramado de conflictos por tierras entre terratenientes y campesinos, y a una suerte de confrontación política entre el histórico intendente de Coronel Juan Solá (o Estación Morillo), Atta Gerala, y la docente y campesina Marcela Carabajal, quien en 2015 estaba a cargo de la intendencia de esa localidad tras ser elegida en 2011 acompañada por los pequeños productores rurales.

En este marco, la Defensa Pública de Salta informó anoche que el defensor oficial Luiz Véliz, quien asiste a Lucía Ruiz y a Antonio Guerra, adelantó que solicitará la absolución lisa y llana de ambos. “No debemos olvidar que mis defendidos terminaron encausados por oponerse a que empresarios de la zona realicen desmontes en áreas prohibidas y en clara defensa de la tierra y los derechos ambientales. Los hechos que se debaten se sostienen en la nueva ingeniería para avasallar y quitarle las tierras a los pueblos originarios y pequeños campesinos” sostuvo Véliz.

El defensor oficial agregó que hasta ahora “ni la querella ni la fiscalía pudieron comprobar fehacientemente que las conductas de Lucía Ruiz y Antonio Guerra encuadren en estas figuras delictivas" que les atribuyen, y "tampoco se ha podido conmover el principio de inocencia de nuestros asistidos" y por eso está en condiciones de pedir "su absolución lisa y llana”. Los otros dos campesinos son defendidos por la abogada particular Sara Esper. 

Los pequeños productores de la ruta nacional 81 están acusados por el delito de “robo en despoblado y en banda, coacción con arma, abuso de armas y daños en concurso real”, a raíz de una denuncia presentada en el marco de una disputa territorial, por hechos del 5 de febrero de 2015.

La Defensoría General del Ministerio Público de Salta recordó que desde 2010 Lucía Ruiz y sus compañeros defienden la tierra en la zona conocida como lote Colonia La Juanita y La Santafesina en el departamento Rivadavia, y que vienen alertando desde entonces que un grupo empresario realiza desmontes y picadas en ese territorio.

Un delito nada común 

Un repaso por la tramitación de esta causa permite conocer mejor el transfondo en el que se recuesta, y que explica que está bastante alejada del "delito común" del que habla la fiscala Gabriela Souto en su acusación al cuarteto campesino. 

En las testimoniales que se tomaron entre mayo y septiembre de 2015 a testigos propuestos por la defensa surgen preguntas de la querella, ya representada por Tobío. 

Los testigos señalaron en todo momento que ya existía un conflicto por las tierras con Vidizzoni, plasmado incluso en un recurso de amparo que en 2010 ganaron los campesinos. La jueza Ada Zunino le prohibió a Vidizzoni ingresar a las tierras conocidas como Colonia La Juanita y La Santafesina, donde había ingresado a desmontar sin tener títulos sobre esas tierras ni permiso de la Secretaría de Ambiente para desmontar. El empresario, presente en las audiencias testimoniales, consultaba si sabían que esa prohibición ya había caducado, lo cual claro, todos desconocían.

Ya en 2015 el empresario habría desarrollado una relación de compra-venta de madera y compromisos de entrega de tierras con uno de los poseedores de la zona, Elvesio Romero. Los testigos de la defensa afirmaron que semanas antes del 5 de febrero, cuando ocurrieron los hechos que ahora se juzgan, el mismo Romero había asegurado que era víctima de Vidizzoni, que no le había pagado madera entregada, y solicitó ayuda para sacarlo de sus tierras. Los testigos aseguraron que el 5 de febrero fueron hasta el puesto de Romero porque él había pedido ayuda a través de la FM Encuentro, la radio comunitaria campesina, ante la llegada de trabajadores de Vidizzoni, entre ellos el denunciante de los pequeños productores y empleado del empresario, Bernardo Castellanos.

Durante un careo que se hizo en septiembre de 2015, Romero negó haber pedido ayuda a sus pares en el marco del conflicto con Vidizzoni. En las audiencias de juicio, en tanto, volvió sobre el conflicto que persiste entre él y el empresario por el pago de madera y la no entrega de papeles de las tierras.

Los testigos afirmaron en todo momento que los campesinos jamás violentaron a los trabajadores de Vidizzoni y solo les pidieron retirarse. Del otro lado, la denuncia afirma que los campesinos fueron con palos y machetes, que robaron cosas de la camioneta en la que andaba Castellanos, y que el vehículo fue baleado. Hasta ahora en el juicio, no se presentó ningún testigo que haya visto a los campesinos (que eran más que los cuatro acusados) portando armas.

Confrontación electoral

En las testimoniales de 2015 se notó el interés de la querella por conocer el origen de una camioneta en la que habrían llegado los campesinos al puesto de Romero. Al parecer, intentaba dilucidar si era un vehículo de la Municipalidad de Coronel Juan Solá, en ese momento a cargo de Marcela Carabajal. La docente y campesina había llegado en 2011 a disputar la intendencia al histórico mandatario comunal Atta Gerala, quien estuvo antes de 2011, por 16 años a cargo del municipio, para volver en 2015 al cargo que ocupa hasta el presente. En 2011 Carabajal había denunciado a Gerala por un faltante en la Municipalidad. Tras las elecciones de 2015, en 2016 (a 5 años de la denuncia), el ex intendente recién fue procesado por peculado por el juez Nelso Aramayo. La causa está elevada a juicio desde ese año, pero el debate todavía no se realizó.

Ruiz afirmó en su declaración indagatoria que Castellanos fue primero a la finca de Gerala y que desde allí se les armó la causa que hoy los tiene como acusados. En el pueblo se conoce la confrontación política con el ahora intendente, que en 2015, cuando ocurrieron los hechos, ya buscaba su reelección.

En la instrucción también declaró el pequeño productor Víctor Gerónimo Orquera, pero la querella lo objetó. En 2015 Orquera estaba en juicio con Vidizzoni o su empresa, Doble Z SRL, porque el empresario lo había demandado y contaba con una presunta orden de desalojo. "Varias veces me llegó con la topadora a la casa, me rompieron hasta los alambres", contó el campesino. El dato es importante porque, según los datos de la Dirección General de Inmuebles de la provincia, Vidizzoni no cuenta con ningún documento oficial que lo ubique a él o a su empresa como titular registral en el departamento Rivadavia. La querella solicitó que esta testimonial no continuara aduciendo que existían intereses contrapuestos.

Pese a todo el complejo entramado que envuelve la causa, y el hecho de que Lucía Ruiz es una dirigente campesina a la que le deberían caber las protecciones especiales establecidas en los pactos internacionales a los que adhiere la Argentina, se negó la posibilidad de permitir al Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y otras asociaciones sociales y de DDHH como amicus curiae. Pues para Souto, la fiscala a cargo en el juicio, acá solo existe un delito común.