¿Cómo impactó la ley de interrupción voluntaria del embarazo en la demanda hacia la salud pública de Rosario? La pregunta toma en cuenta que desde 2012, los centros de atención primaria de la salud cuentan con misoprostol, y que también existe un consultorio donde se realizan abortos por AMEU (Aspiración Manual Endouterina). Hasta que fue ley, cualquier mujer podía recurrir al centro de salud para pedir un aborto por causales. “El mayor impacto es por la positiva, en relación a lo que significó para los trabajadores y las trabajadoras que tomaban la problemática. Hubo un cambio de modalidad, de consultas individuales para contemplar las situaciones (en base a las causales que hacía falta acreditar hasta enero) a ofrecer una práctica que está contemplada en forma voluntaria hasta la semana 14”, expresa Fernando Vignoni, director de Centros de Salud de la Municipalidad, en una entrevista colectiva realizada antes de que se levantara la segunda ola de covid-19 y también antes de la presentación del protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo, que el gobierno nacional realizó el viernes, en el Día Mundial de Acción por la Salud de las Mujeres.
Por eso, el director de Promoción y Cuidados de la Salud, Daniel Teppaz -que más allá de su cargo específico, es un referente nacional en temas de salud sexual y reproductiva- contó que al principio, tras la entrada en vigencia de la ley de IVE, en enero de 2021, se vivió con “un poco de ansiedad sobre si iba a salir un protocolo nuevo o cómo iba a ser la reglamentación de la ley”. En los servicios, la realidad es otra. “No hemos tenido hasta el momento un aluvión de mujeres solicitando interrupciones, no es algo distinto a lo que ya veníamos trabajando. Esto es también por las modalidades de trabajo que veníamos teniendo, de la interpretación de las causales, de escuchar qué había detrás del pedido de cada mujer”, dijo Teppaz.
Por su parte, Marcela Abello, que es la directora de la Maternidad Martin, prefirió subrayar una de las cosas que la ley posibilitó: que los prestadores de salud privada, a través de las obras sociales, asumieran una práctica que hasta entonces recaía por completo en la salud pública. “Las primeras iniciativas de la parte privada fueron muy buenas. Podemos charlar de cómo toman la parte integral, pero son inicios y es muy favorecedor para esas mujeres que no quieren venir a una institución pública”, dijo la profesional. Sobre los efectos subjetivos de tener una ley, traza una diferencia. “Nuestra población cuando se embaraza y quiere interrumpir, viene al equipo de salud por una necesidad, no viene por una cuestión de que haya una ley”, distingue: “O sí, si tiene su pañuelo en la mochila. Una mujer que viene a pedir su derecho tiene una historia, como las embarazadas que vienen a buscar un parto respetado, porque tienen una filosofía, y quieren el nacimiento de otra forma. Pero la mayoría de nuestras poblaciones, no saben que tienen ese derecho, por eso tenemos las organizaciones que acompañan, para enseñar a las mujeres que tienen derechos”.
Cuando una persona con capacidad de gestar llega a un servicio de salud municipal, y manifiesta la voluntad de interrumpir el embarazo, se le ofrecen dos opciones: el aborto con misoprostol y el AMEU. El misoprostol es una droga considerada esencial por la Organización Mundial de la Salud, que permite abortar hasta la semana 12 de gestación. Se puede hacer en la casa, con posterior ecografía, chequeo médico y consejería posaborto. Como el misoprostol es fabricado en el laboratorio público provincial, el LIF, su provisión está garantizada. La otra práctica es el Aspiración Manual Endouterina, que si bien es ambulatoria, requiere de un procedimiento médico en consultorio.
Paula Botti, Pali, es la encargada del consultorio de AMEU y también es referente de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Considera que “en realidad sí hay un cambio en cómo llegan las mujeres. Se vive y se ve distinto, al menos en el espacio de AMEU, donde vienen en una segunda instancia. Sí vemos mayor tranquilidad a la hora de transitar la práctica y menos miedo, incluso hablando más acerca del marco legal o que saben que ahora hay una ley. De todos modos me parece que el tiempo es muy corto para hacer un análisis comparativo tanto estadístico como de si esa vivencia es distinta. Es muy corto el período y en el marco de una pandemia hay un montón de variables en juego, que pueden interferir en cómo sea transitado un aborto en el servicio de salud”.
Hecha la aclaración, sostiene que “en términos de cantidad, sin tener números, no hay un aluvión. Se mantiene el número. Sí pareciera haber menos personas con obras sociales, porque el sistema de obras sociales está dando cierta respuesta, con otras características, que tienen que ver con cómo entienden la salud. Entonces, eso ha bajado la demanda al sistema público”.
Karina Martínez es obstetra en centros de salud. Plantea que habilitar la práctica despeja un problema inicial. “La decisión, para quien la tiene que tomar, no es fácil, y busca quién la acompañe. Que el aborto esté legalizado y que la paciente sepa que lo puede hacer, creo que alivia. Porque antes tenía esto de preguntarse ‘adónde voy y cómo es’. A la mayoría les permite decir ‘si lo quiero hacer, lo puedo hacer. Ahora tengo que decidir ¿lo quiero hacer?'. Ya no tiene la preocupación de si lo puede hacer, o de dónde hacerlo. Eso ayuda a tomar una decisión”, considera Martínez, que es coordinadora –junto a Abello- de la Mesa de Salud Sexual de la Municipalidad.
Por eso, el acento está puesto en la atención integral. “Tuve la oportunidad de estar en México, y ver cómo funciona en otros sistemas de salud que tienen una ley hace muchos años (en el Distrito Federal el aborto está legalizado desde 2007). Muchas veces termina protocolizándose la atención. La persona entra, se le hace la ecografía, se le hace un laboratorio, en algunos efectores puede tener una charla un poco más integral. Según la edad gestacional, se les dan las pastillas o se realiza el AMEU, y se va la casa y su interrupción queda totalmente descontextualizada de todo su proceso de atención –plantea Botta como un horizonte indeseable--. Son lugares donde no hay un sistema de salud con esta lógica que tenemos acá de adscripción y que las personas tienen su médico o médica de referencia. Me parece que ese es el cambio que nosotros intentamos en la calidad de atención". La médica aspira a que la IVE pueda "ser acompañada integralmente, nunca obstaculizándolo pero sí con una atención que pueda ser integral. No solo pensando en el arrepentimiento, que puede suceder, y por eso el consentimiento se puede firmar y revocar”.
Para Teppaz es muy importante subrayar que “dentro del sistema de salud pública no hubo demasiado cambio. Las mujeres ya tenían noción de derecho, que podían ir al centro de salud a plantear que querían interrumpir un embarazo y lo que les cambió es la modalidad, de esto de tener que preguntar las causales y más". Por eso, alude a la imprescindible acción de las organizaciones de mujeres en los distintos barrios, para garantizar el acceso al sistema de salud.
Teppaz responde con pragmatismo. “Los indicadores más sensibles que tenemos son si se internaron más mujeres por complicaciones de aborto, si se internaron más mujeres por aborto, si murieron mujeres por aborto, si concurrieron más mujeres en el posaborto en las guardias de los hospitales sin haber tenido un paso previo por el sistema de salud, que no es el posaborto que está contemplado en la ley de IVE. Y cuando uno busca esos indicadores, la respuesta es que ha habido modificación".
