El juez Anastasio Vázquez Sgardelis, de la Sala II del Tribunal de Juicio de la ciudad de Tartagal, absolvió esta tarde a la dirigente campesina Lucía Ruiz y a los también campesinos Antonio Guerra, Carlos Guerra  y Omar Cruz, por el delito de "robo en despoblado y en banda, coacción con arma, abuso de armas y daños en concurso real" por el que un empresario que disputa tierras en el Chaco salteño pretendía que se los condene a una pena de 7 años de prisión. 

El magistrado los absolvió por el beneficio de la duda, como había pedido finalmente la fiscala penal Gabriela Souto, que tras sostener la acusación durante las tres jornadas de el juicio, esta mañana se inclinó por pedir la absolución por entender que no se había probado la participación de los campesinos en los supuestos delitos traídos a juicio. Los pequeños productores de la ruta nacional 81 fueron acusados a raíz de una denuncia presentada en el marco de una disputa territorial.

Lucía Ruiz y el campesinado de la zona desde 2010 viene defiendiendo la tierra en la zona conocida como lote Colonia La Juanita y La Santafesina, en el departamento Rivadavia de la provincia de Salta, de un empresario que realizó desmontes y abrió picadas sin ninguna autorización, y en territorio ocupado por campesinos.  

Lucía Ruiz y Antonio Guerra fueron asistidos en el juicio por el defensor oficial Luis Véliz, quien había pedido la absolución lisa y llana de ambos. “La querella demostró su máxima crueldad e impiedad al querer llevar a la cárcel a Lucía al manifestar 'esta gente en libertad son una amenaza'“, recriminó Véliz en referencia a la postura del empresario Javier Vidizzoni, quien a través de su abogado Pablo Tobío, pretendía que los campesinos quedaran en prisión. 

La defensa de los otros dos acusados, a cargo de la abogada Sara Esper, también pidió la absolución. 

En los tribunales de Tartagal se vivieron momentos de gran intensidad y nerviosismo hoy, con habitantes campesinos poco acostumbrados a los ritos de la administración de justicia y con gran ansiedad por el resultado de la sentencia. Afuera, una concentración de habitantes rurales y de organizaciones populares respaldaron a los campesinos y celebraron las absoluciones. 

El Defensor General de la provincia, Pedro García Castiella, saludó "esperanzado el fallo" y aseguró: "El fuero penal no debiera ser utilizado para dirimir en cuestiones que hacen a derechos ambientales y territoriales”.