Estados Unidos anunció ayer la desclasificación de documentos sobre violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Según informó la Dirección de Inteligencia Nacional norteamericana, en casi el 90 por ciento de los casos se trata de los mismos documentos entregados por el Departamento de Estado en 2002, de los que se levantaron algunas o todas las tachaduras realizadas en aquel momento, tal como lo pidió dos años atrás la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad que depende de la procuradora Alejandra Gils Carbó. El presidente Donald Trump, según informó la Casa Blanca, le entregó a su par argentino Mauricio Macri un disco con los documentos, que están disponibles en el portal del Departamento de Estado (https://foia.state.gov/ search/collections.aspx)
El acceso a los registros de las agencias de inteligencia norteamericanas para obtener información y pruebas sobre los crímenes de la dictadura es un antiguo reclamo de los organismos de derechos humanos. En 2002, a partir de un pedido que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Abuelas de Plaza de Mayo y Madres Línea Fundadora le hicieron a la canciller Madelaine Albright, Estados Unidos desclasificó una primera tanda de documentos. Pese a las tachaduras y la información disociada para ocultar nombres o datos sensibles, varios fueron útiles como prueba, sobre todo en el juicio por los secuestros y asesinatos en el marco de la Operación Cóndor.
En noviembre de 2015 el fiscal federal Jorge Auat, titular de la Procuraduría especializada en delitos de lesa humanidad, le solicito a la fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, la “desclasificación de las comunicaciones del ‘Legal Attache’ (Legat) de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires entre 1975 y 1985”. Un mes después, la Procuraduría le requirió formalmente a la Cancillería que “impulse las gestiones necesarias” ante las autoridades norteamericanas “a efectos de requerir el levantamiento de las tachaduras” de los documentos desclasificados en 2002 que integraban la prueba en el juicio por el Cóndor.
En los días previos al 40º aniversario del golpe de Estado de 1976, Gils Carbó, Auat y la coordinadora de la Procuraduría, Carolina Varsky, le pidieron a la canciller Susana Malcorra que incluyera en la agenda de la visita de Barack Obama al país el acceso a documentos “que puedan contribuir con el esclarecimiento histórico y judicial de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado argentino en el pasado reciente”. El pedido se basó en las conclusiones de un coloquio regional por los 40 años del inicio formal del Cóndor, que congregó en la Procuración a fiscales especializados de varios países del Cono Sur.
El 24 de marzo de 2016, primera y última vez que Macri rindió homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado en el Parque de la Memoria, Obama prometió en conferencia de prensa “un esfuerzo para abrir nuevos archivos”. “Por primera vez vamos a desclasificar registros militares y de inteligencia”, dijo. En agosto el secretario de Estado, John Kerry, le entregó a Malcorra 1057 fojas con informes sobre negociaciones entre James Carter y Videla para que el dictador autorizara la visita de la CIDH, por la cooperación de la dictadura con Rusia y Cuba en el marco de la Guerra Fría o sobre la firma de tratados de no proliferación nuclear, entre otros, aunque no de órganos específicos de espionaje como la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
La nueva tanda, según la Dirección de Inteligencia Nacional, consta de 932 documentos (3300 páginas), de los cuales 813 (87 por ciento) son el producto de una revisión de los que hace tres lustros fueron entregados con información tachada o fragmentada. El Departamento de Estado, por su parte, informó que la “liberación” actual es el producto de un análisis “palabra por palabra” realizada junto al resto de la comunidad de inteligencia, y explicó que la “edición” parcial o total se funda en “razones de privacidad, seguridad nacional y relaciones exteriores, incluyendo la protección de fuentes confidenciales”.
El segundo tramo de la entrega comprende 119 documentos seleccionados por historiadores del Departamento de Estado para ser incluidos en los capítulos sobre Argentina y América Latina del volumen “América del Sur 1977-1980”, del Foreign Relations of the United States, que será publicado este año. El proyecto “Argentina Desclassification” está a cargo de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, con apoyo de la Casa Blanca, e incluye la participación de 14 departamentos y agencias. El portal de esa dirección anunció que hará dos nuevas desclasificaciones durante 2017, que incluirán documentos de archivos de inteligencia y de los departamentos de Estado y de Defensa.
