El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Salta dispuso que 76 mil pesos que habían sido secuestrados en el marco de la investigación de una organización dedicada a la trata de personas con fines sexuales sean repartidos entre las nueve mujeres que fueron víctimas de esta red.

La decisión se tomó el pasado 21 de mayo en la audiencia en la que los jueces Abel Fleming, Gabriela Catalano y Domingo Batule formalizaron la condena a Nora y Gonzalo Pacheco por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por la pluralidad de víctimas y por la consumación de la explotación. La mujer recibió una pena de 6 años de prisión en calidad de autora y su hermano fue condenado a 3 años como partícipe secundario.

El fallo fue producto de un acuerdo entre la fiscalía y las defensas. Nora Pacheco cumplirá la pena con la modalidad de arresto domiciliario, por razones de salud, mientras que su hermano también estará en casa, porque en su caso la pena es de ejecución en suspenso y tendrá que cumplir con reglas de conducta. 

Al momento de decidir el destino del dinero secuestrado, en el intercambio entre las partes de la audiencia se indicó que “la razón principal e histórica del decomiso, fue y es evitar la reutilización de los elementos decomisados en el mismo delito” y evitar también que los autores del delito aprovechen esos fondos y por eso esos fondos secuestrados son usados a "sostener parcialmente o coadyuvar parcialmente con las erogaciones que demanda la prevención y represión de los delitos”.

Sin embargo, tanto el fiscal a cargo del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, Ricardo Toranzos, como el defensor oficial de víctimas, Nicolás Escandar, entendieron que esas premisas no debían primar por encima de “la necesidad de reparación de las víctimas”, puesto que ese dinero surgió con “afectación de su propia dignidad”.

El tribunal coincidió en esta postura y sostuvo que el Estado no podía beneficiarse con dinero originado “mediante la utilización de los cuerpos” de las víctimas, considerando “inmoral y antiético” el aprovechamiento de “aquello que ha sido el fruto de lo victimizante dentro del delito”. 

Así, dispuso destinar el dinero decomisado a resarcir a las víctimas de los delitos cometidos por los dos condenados y un tercer implicado, quien, mediante un proceso de suspensión de juicio a prueba, también deberá aportar $40 mil para el mismo fin, con lo que el total a repartir será de $116 mil. 

Los jueces afirmaron que “no se decomisa el dinero porque se entiende que el decomiso, lejos de cumplir con los propósitos en los que se funda, lo que haría sería agravar las consecuencias del ilícito respecto de las personas damnificadas”. En función resolvieron que “se acepta este acuerdo propuesto de que ese dinero vaya en carácter de indemnización”, de acuerdo a la previsión del artículo 29 del Código Penal.

Violencia de género 

Al exponer el acuerdo el fiscal Toranzos dijo que para “eliminar la discriminación y la violencia contra la mujer y en observancia de las obligaciones suscriptas por el Estado Argentino”, es necesario advertir que la conducta de los acusados revela por un lado "un notable problema social y de vulneración de derechos, y por el otro, configura solo la parte visible de una maniobra global y de mayor complejidad”.

El fiscal repasó la normativa internacional y nacional que obligan al Estado a la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Sostuvo que esto implica un trabajo de articulación entre los poderes del Estado, así como con el trabajo realizado por la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales.

El fiscal destacó las 100 reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en cuanto sostienen que “la pobreza constituye una causa de exclusión social, tanto en el plano económico como en los planos social y cultural, y supone un serio obstáculo para el acceso a la justicia especialmente en aquellas personas en las que también concurre alguna otra causa de vulnerabilidad”.

Toranzos explicó que las víctimas eran sometidas a un sistema de premios y castigos, mediante el cual eran cosificadas y categorizadas, para luego asignarlas a determinados inmuebles. Los más céntricos era los que la organización consideraba de mayor elite. También eran enviadas a otras provincias y siempre les quitaban el 50 por ciento de las ganancias obtenidas, según las áreas.

La fiscalía señaló que en este caso las personas acusadas ejercieron maniobras compatibles con lo que se conoce como “trata blanda”, pues les ofrecían a sus víctimas buenos ingresos, horarios de trabajo según sus posibilidades personales y así lograban incorporarlas a la estructura delictiva.

En ese sentido, el fiscal señaló que esta modalidad suele captar a mujeres que no perciben esta opresión y no la toman como un daño irreparable, aunque, a la larga, termine siéndolo.

Denuncia telefónica

Esta causa se inició el 22 de mayo del año pasado, cuando se dio curso a una denuncia realizada a través de la línea de teléfono gratuita 145, que en el último año acumuló cerca de 1800 llamadas de auxilio. 

Esta línea destinada a trata de personas es administrada por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Según un informe de la PROTEX reveló que en 2019 casi la mitad de los llamados fueron por situaciones de explotación sexual. 

En este caso el llamado que originó la investigación reveló que, en desde un perfil en la red social de Facebook se ofertaba trabajo de manera engañosa, y que la maniobra tenía como objetivo captar a jóvenes para el servicio de “scort” en un spa masculino donde debían hacer “masajes y algo más”, a cambio del pago de $800 a $1.500 pesos el servicio sexual.

La titular de la PROTEX, la fiscala María Alejandra Mángano, remitió las actuaciones al Área de Investigación y Litigios de Casos Complejos, que tras realizar tareas de campo y de inteligencia criminal pudo establecer que Nora Pacheco era la líder de la organización y que los servicios sexuales se coordinaban a través de una página web. También se identificaron los domicilios que eran alquilados para la explotación sexual de las mujeres reclutadas. 

Entre el 18 y 19 de julio del año pasado se allanaron cinco domicilios ubicados en pleno centro de la ciudad de Salta y en las afueras, y fueron detenidas tres personas, entre ellas Nora Pacheco.

Las víctimas rescatadas en los procedimientos fueron asistidas por un equipo interdisciplinario del Polo Integral de las Mujeres de Salta y, posteriormente sus testimonios confirmaron la hipótesis de la fiscalía y sumaron detalles al caso.

El 18 de noviembre de 2020 fue detenido Gonzalo Pacheo, quien era el receptor de las ganancias de los servicios sexuales mediante los cuales eran explotadas las mujeres rescatadas en los allanamientos.

Durante el procedimiento en la vivienda de este hombre se secuestraron cuatro celulares más que permitieron cerrar el circuito del dinero, que fue probado también por informes obtenidos de los organismos nacionales de recaudación, como la Administración Federal de Ingresos Públicos, que probaron operaciones de dinero de Salta a Córdoba por sumas superiores a los 700 mil pesos.

Con las pruebas reunidas, en un juicio abreviado Nora y Gonzalo Pacheco reconocieron su responsabilidad y prestaron conformidad para la aplicación de las penas establecidas por la fiscalía.