La Colectiva de Abogadas Translesbofeministas presentó un amicus curiae en el caso que tiene presa hace un año a una mujer vulnerable, imputada en la tentativa de robo de una bicicleta, por entender que la acusación es "un exceso de punitivismo". Semanas atrás, la ONG Mujeres Tras Las Rejas y la Asociación Pensamiento Penal -capítulo Santa Fe- plantearon preocupación ante la decisión del fiscal Gastón Ávila de llevar a juicio a Natalí R., de 35 años, en lugar de aplicar una salida alternativa. También reprocharon falta de perspectiva de género. Ayer comenzó el debate y en la primera audiencia declararon todos los testigos; mientras que hoy se realizarán los alegatos previos al veredicto que se conocerá el viernes. "Libertad ya", es el grito del grupo de organizaciones que acompaña el pedido de sobreseimiento.
“Cagate mami, vos te lo buscaste”, fue la respuesta que recibió Natalí cuando fue interceptada por el dueño de la bicicleta y pidió que la soltaran, ya que el robo --en la peatonal San Martín-- no se concretó. Un año después, la mujer está sentada en el banquillo de una sala del Centro de Justicia Penal, donde el fiscal la acusó y solicitó una pena de prisión efectiva por un hecho en grado de tentativa.
La Colectiva y organizaciones que acompañan el amicus --argumentos y opiniones de especialistas que pueden servir como elementos de juicio-- repudiaron "el exceso de punitivismo dirigido hacia Natali, una mujer en extrema situación de vulnerabilidad y madre de 7 hijes", para quien "el Ministerio Público de la Acusación pide 5 años de prisión --unificados con una causa anterior de cumplimiento condicional--, sin hacer ninguna mirada sobre su contexto social, su desigualdad histórica y sin siquiera reparar en todas las ausencias de políticas públicas, en todas esas deudas que el Estado tiene con ella, que hicieron y hacen que viva una vida injusta, y que la única respuesta estatal que encontró siempre es a través del poder punitivo, que nunca deja de ser violento", expresaron sobre la mujer que estuvo institucionalizada durante la niñez y, ya como adulta, vivió en situación de calle.
En ese sentido, la presentación apunta a criticar "la falta de perspectiva de género y enfoque interseccional del MPA", entre otras cuestiones planteadas por las profesionales con "trayectoria y activismo en materia de reconocimiento de Derechos Humanos históricamente negados a las mujeres y disidencias" sexuales.
En el caso, apuntan a que Fiscalía "no toma en cuenta la desigualdad histórica que ha signado a las mujeres a nivel global y, en el caso particular, la ausencia de un enfoque interseccional, no teniendo presente la biografía de la persona sujeta de la acusación que tienen como corolario el juicio; sus vulnerabilidades, la falta de respuesta por fuera de alternativas punitivistas de parte del Estado y la ausencia de oportunidades que ha tenido a lo largo de su trayectoria".
Al mismo tiempo, la presentación habla de "arbitrariedad" y "desproporcionalidad" en la acusación. "En un entramado amplio que combina políticas de control y represión en la persecución de los delitos contra la propiedad -inclusive en aquellos casos donde existe ausencia total de violencia-, las respuestas del Estado resultan desproporcionadas e inútiles para los propósitos que aparentemente la fundan y las prácticas policiales y penitenciarias se encuentran atravesadas por ilegalidades y crueldades", expresa el amicus. "En ese contexto se encuentra la situación de Natalí, atravesada por una profunda situación de vulnerabilidad residiendo en hogares para niños y niñas durante su infancia y en situación de calle en su vida adulta, siendo madre de siete hijos".
Para la Colectiva, la pena solicitada por la Fiscalía no solo "no repara en las circunstancias personales de la persona sometida a proceso, su contexto socio-económico, la falta de recursos materiales y simbólicos, la imposibilidad de acceder a bienes materiales y culturales, el fracaso de todo tipo de políticas públicas previas; sino que además violenta gravemente el principio de objetividad que debe regir la actuación del acusador público, toda vez que se ha rechazado arbitrariamente con anterioridad la posibilidad de encontrar salidas alternativas (al juicio oral), obligando a incurrir al Estado en un dispendio jurisdiccional, dado el altísimo costo que representa la celebración de un juicio, en un contexto en el que las necesidades son ilimitadas y los recursos escasos", reprocharon.
Frente a ello, señalan que en el caso "es perfectamente aplicable un criterio de oportunidad, (...) dado la insignificancia del caso, (que) no afecta gravemente el interés público". Además, enumeran como datos que no ejerció violencia, el trato que recibió en ocasión de solicitar al propietario de la bicicleta que la suelte, la falta de un perjuicio económico y el relato de personal de la Guardia Urbana Municipal, con respecto a que “el muchacho la empieza a increpar, entonces intervenimos”, situaciones que "dan cuenta de una relación de poder sobre Natalí".
Ayer, ante la jueza Hebe Marcogliese, la defensora del Servicio Público de la Defensa Penal Andrea Siragusa planteó en su alegato de apertura al debate las circunstancias de la vida de la mujer, como "protagonista de una historia de desafiliación social y sufrimiento, en un contexto de pobreza y violencias"; y pidió su absolución.
