El gobierno avanza en la elaboración de un protocolo nacional de alerta temprana de desalojos, el cual establecerá un marco de actuación institucional para abordar los casos de locatarios que enfrentan procesos de mediación o expulsión de la vivienda alquilada.
El 31 de marzo pasado venció el decreto que mantenía congelados los alquileres, prorrogados los contratos y suspendidos los desalojos. El principal pedido de la Federación de Inquilinos consistió en que se mantenga la prohibición de desalojos ante la crisis económica. La respuesta del Ministerio de Desarrollo Territorial fue la creación de un protocolo de alerta temprana de desalojos.
El secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini, mantuvo encuentros virtuales con la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, y con defensores generales de la región patagónica, en el marco de las iniciativas para impulsar el mencionado protocolo.
El Ministerio Público de la Defensa se encarga de la atención de quienes están en situación de mayor vulnerabilidad para acceder a la Justicia, y tramita además diversos procesos de desalojos de hogares en la ciudad de Buenos Aires. Por ello constituye una fuente de información central para el armado del Registro de Población en Riesgo de Desalojo en Regímenes de Alquiler Formal, que forma parte del protocolo.
En este sentido, Scatolini subrayó que “es fundamental que el Estado nacional pueda generar instrumentos de articulación con otros poderes del Estado, que permitan estar más cerca de las situaciones de vulneración de derechos”.
Durante ese encuentro se remarcó la importancia del protocolo como un instrumento para coordinar acciones, y la necesidad de articular con la Nación y con provincias para dar respuestas efectivas a los diversos hogares afectados por desalojos inminentes.
En diálogo con Página/12 Scatolini afirmó que “lo que estamos haciendo es, no sólo trabajar sobre las situaciones más acuciantes, sino también coordinar una tarea que tiene mucho que ver con las regulaciones urbanísticas y decisiones administrativas locales. Esto es poder mejorar las condiciones del stock de viviendas que hoy se ofertan en las ciudades para que las posibilidades de la demanda de vivienda sean más amplias que las que hay hoy en un mercado especulativo y desregulado".
Agregó que "esas decisiones son locales, por eso trabajamos mucho con el programa de planificación y ordenamiento territorial que tiene instrumentos de gestión urbana para trabajar con las jurisdicciones. Hemos logrado que se vayan incorporando instrumentos de gestión urbana distintas provincias; tanto en materia de plusvalía urbana, de consorcios urbanísticos, de declaraciones que tienen que ver con la edificación prioritaria y muebles baldíos u ociosos, viviendas paralizadas".
Scatolini asegura que todo eso va a contribuir a resolver el problema de fondo de la vivienda que tiene que ver con con la oferta y la demanda y mejorar las condiciones para la demanda.
Para concluir que "hemos puesto como cupos para el programa casa propia que una cantidad de viviendas que nosotros financiamos con unidades ejecutoras, y también el programa Procrear, pueden ser destinadas de manera directa a asistir a la demanda más urgente por riesgo de desalojo".
