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Una ley nacional de Cupo e Inclusión laboral, travesti y trans, una reforma judicial con perspectiva de géneros y feminista, más presupuesto para políticas integrales contra los femicidios, travesticidios y transfemicidios, más salarios, subsidios y vacunas para las trabajadoras sociocomunitarias, promotoras de género y todes les trabajadores esenciales, y la efectiva implementación de la leyes de IVE/ILE y de parto respetado, son las principales demandas este 3 de junio, a seis años del surgimiento en el país del movimiento Ni Una Menos. El abanico de reclamos fue consensuado por más de doscientas organizaciones de mujeres y disidencias, políticas, campesinas, villeras y sindicales –con presencia de gremios de las tres centrales--, y plasmado en un documento. Por la pandemia, este año tampoco habrá convocatorias masivas a marchar, al menos en la ciudad de Buenos Aires, pero sí acciones en redes: entre ellas una invitación a crear cada une su propio cartel con distintas consignas, para compartir en redes o imprimir y pegar en las puertas o ventanas de las casas o en el barrio. La pregunta por el joven trans Tehuel De la Torre, desaparecido hace casi tres meses en la provincia de Buenos Aires, tendrá un lugar central en la jornada de activismo feminista.
“Una vez Más decimos ¡Ni Una Menos! ¡Vivas, Libres Y desendeudadas nos queremos!”, dice el encabezado del documento acordado en reuniones virtuales, en el que además se denuncia “la violencia económica ejercida por las corporaciones” que se refleja en el aumento desmedido de precios de los alimentos y en la especulación inmobiliaria, que se traduce en el incremento de alquileres y en incendios forestales, en medio de la pandemia. “Después de conquistar el derecho al aborto, seguimos confrontando el poder patriarcal porque afirmamos que este movimiento es antineoliberal, antirracista, anticolonial y antifascista”, señala el texto.
--¿Qué particularidad destaca de este #3J? –le preguntó Página 12 a Verónica Gago, investigadora del Conicet e integrante del colectivo Ni Una Menos.
--El movimiento Ni Una Menos visibilizó las violencias machistas e hizo algo aún mayor: a través de diversas formas de acción política y de pedagogía feminista mostró sus causas estructurales. Evidenció cómo la violencia doméstica es inexplicable sin comprender su relación con la violencia económica y con la violencia institucional. Instaló que no hay Ni Una Menos sin vivienda, sin acceso a la tierra y sin reconocimiento del trabajo no remunerado. Se dijo Ni Una Menos en las cárceles, en los sindicatos y en las organizaciones migrantes. Todo esto ha operado un desplazamiento de las narraciones victimizantes y al mostrar el carácter sistémico de las violencias pone todo en discusión y lo conecta: sistema de justicia, extractivismos, deuda y salud por nombrar algunos ejes fundamentales. Esto tiene hoy un nivel de transversalidad en el debate público que no existía hace unos años. Y muestra que los feminismos son ineludibles en todos los espacios, como perspectiva y como sujeto político.
La sanción de una ley de cupo travesti y trans y una reparación histórica para ese colectivo ocupa el primero de los cinco ejes en que se estructura el documento. “Esperamos que el cupo trans tenga pronto tratamiento en el recinto en Diputados, que ya tiene dictamen de comisión”, dijo a Página 12 la activista trans Luana Marian López Reta, referente de la agrupación La Nelly Omar zona norte, firmante del documento.
El segundo punto entre los reclamos apunta al problema de la violencia machista y su expresión más extrema: “¡Basta De Femicidios, Travesticidios, Y Transfemicidios! Reforma Judicial Justicia Feminista”, exigen las organizaciones. “Logramos el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad a nivel nacional y en las provincias de Buenos Aires y Santa Fé. Ahora necesitamos más presupuesto para políticas integrales desde todas las áreas de gestión y decisión”, reclaman. Al documento lo acompañan más de doscientas organizaciones, entre ellas el colectivo Ni Una Menos, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, el Cels, Actrices Argentinas, agrupaciones políticas como La Cámpora, Corriente Clasista y Combativa, Mala Junta-Frente Patria Grande, la Secretaría de Género de la Unión de Trabajadorxs de la Tierra (UTT), Frente de Mujeres Evita, toda la red de organizaciones villeras feministas de la ciudad de Buenos Aires, el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI -VC), Mujeres Sindicalistas de la CFT – CGT; Trabajadoras Sindicalistas CGT; gremios docentes y de periodistas, metrodelegadas, y la Federación Judicial Argentina, entre tantas organizaciones feministas, LGBTTQ+, gremiales y políticas.
Puntualmente se exige, entre otras demandas:
-Paridad y equidad en el Poder Judicial.
-Implementación de la Ley Micaela en todos los poderes judiciales del país.
-Más presupuesto para combatir la violencia machista.
-Ley de emergencia en violencia de género.
-Creación de áreas de género en todos los municipios del país y de equipos de abordaje integral de todas las formas de violencia para la efectiva implementación de las políticas.
-Cumplimiento de la Ley ESI en todo el país, sin obstrucción eclesial. “Llamamos a profundizar el trabajo al interior de nuestras organizaciones sociales para que la educación sexual no sea ni binaria ni sexista”, dice el pronunciamiento.
A lo largo de 2020, se produjeron 251 femicidios directos, según el registro de la Corte Suprema, una cifra que se traduce en uno cada 35 horas. No hubo un incremento durante la pandemia, de acuerdo con estos datos: el grave problema es que la cifra no se reduce. Las estadísticas oficiales indican 252 femicidios en 2019; 255 en 2018; 251 en 2017; y 254 en 2016. La provincia que tiene la tasa más alta de femicidios es Jujuy: 2,82 femicidios cada 100 mil mujeres cuando el promedio a nivel nacional es de 1,09 cada 100 mil. Le siguen Tucumán, con 2,10; Chaco, con 1,97; Salta con 1,53 y Misiones, con 1,43: todas del norte del país, la región con idiosincrasia más conservadora. En números absolutos, la peor situación se encuentra en la provincia de Buenos Aires, la de mayor población del país, donde hubo 94 femicidios, según el registro de la Corte. Tierra del Fuego no tuvo ninguno en 2020 y La Rioja, La Pampa y Santa Cruz, solo uno, según la misma fuente.
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