El Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género de Salta repudió la violencia de género e institucional ejercida hacia una docente de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), en un hecho ocurrido en abril de 2019 y que fue denunciado por la profesora ante el Decanato de la Facultad de Humanidades y en la Justicia salteña.

Para el Comité, el accionar del docente denunciado violó los derechos humanos y específicos de las mujeres y desacató la Ley N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres. Y violó también la ley local Nº 7.888, de Protección contra la Violencia de Género. 

Asimismo, el Comité instó a que la UNSa adopte medidas conducentes al cumplimiento de ambas leyes. 

El 1 de noviembre de 2019 el Juzgado de Violencia Familiar y de Género de 1° Nominacion de la ciudad de Salta ordenó a la UNSa que cree un órgano o dependencia específica interna para la atención preventiva y su intervención adecuada en los casos de violencia de género que se presenten en ese ámbito académico. 

El hecho denunciado remite a la declaración de un docente en el marco de una sesión del Consejo Directivo de Humanidades, el 23 de abril de 2019, y bajo la conducción del anterior decano Alejandro Ruidrejo. La agresión consistió en emplear el término “orgasmo” para referir al placer sexual que supuestamente le generaba a la docente la posibilidad de que él cesara en su cargo.

En relación a esa expresión es que el pedido del Comité es que se garantice el cumplimiento efectivo de las legislaciones vigentes, ya que tratan la violencia de género de manera integral y transversal, y en línea con la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. El Comité destacó que "si bien puede predominar un tipo de violencia en algún caso, nunca son compartimentos estancos, ya que accionan varios tipos de violencia sobre una mujer".  

Para las y los integrantes de Comité eso fue lo que sucedió en este caso, ya que a la violencia verbal inicial, le sucedió la violencia institucional como resultado de más de dos años de demora en la emisión de una resolución por parte del Decanato de la Facultad de Humanidades, hoy dirigido por Catalina Buliubasich. Eso ya había sido expuesto por la Comisión de la Mujer de la Universidad, que también se manifestó. 

Asimismo, el Comité repudió "las violencias ejercidas" y manifestó "preocupación ante la posibilidad de que esa Casa de Altos Estudios no brinde la adecuada respuesta a la denuncia realizada". Consideró que lo que se espera de ella es "no sólo la excelencia académica sino también los más altos niveles de resguardo de los derechos de las personas". 

Además, el Comité expresó que la demora y revictimización de la docent, demuestra que el mensaje que mantiene hoy la Universidad hacia la comunidad universitaria y especialmente al estudiantado, "contradice aquello que debería ser objetivo fundamental", dado que no refleja la búsqueda y creación de políticas institucionales que reviertan el impacto negativo sobre las trayectorias académicas y laborales que causan los significados culturales asociados a la feminidad y la masculinidad y la desnaturalización de los micromachismos y estereotipos; así como la discriminación hacia quienes integran el colectivo LGTTTBIQNB+. 

El Comité exhorta 

Las y los integrantes del Comité exhortaron a que se intensifiquen las acciones para la puesta en funcionamiento de la Comisión de Abordaje Interdisciplinario de Violencias de Género y Disidencias prevista en el protocolo aprobado. La Universidad dio luz verde el 17 de diciembre de 2019 al Protocolo de Intervención institucional ante situaciones de discriminación y/o violencia de género, que dispone la creación de la Comisión. 

Sin embargo, aún no está en funcionamiento ya que se encuentra abierto el llamado a concurso para su integración. En esa Comisión se prevé el trabajo articulado de una abogada, una psicóloga, una trabajadora social y una representante de la Comisión de la Mujer.

También instaron a las autoridades universitarias a que se avance en el sumario correspondiente, teniendo en cuenta el enfoque de género que el caso amerita. Además de que se implementen las acciones necesarias para dirimir las responsabilidades institucionales de las autoridades que generaron la situación de violencia institucional al omitir o dilatar la toma de medidas en resguardo de la víctima.

Creyeron necesario que se tomen las medidas necesarias para evitar la persistencia o nueva manifestación de violencia sobre la denunciante. Sumado al pedido de que se instrumenten propuestas pedagógicas de sensibilización y formación en género y violencia por motivos de género y diversida, a todo el personal dependiente de la Universidad, de conformidad a la Ley 27.499 o Ley Micaela. 

Y, por último, que se otorgue el adecuado tratamiento a las situaciones de violencia y acoso que ocurran en el ámbito laboral desde la perspectiva de género y diversidad y con acciones concretas tendientes a la prevención y erradicación de la violencia a razón de género.

Pedirán reunirse con el procurador 

Tras el conocimiento del repudio del Comité, la decana de Humanidades, Catalina Buliubasich, indicó que actualmente siguen las tramitaciones sobre el caso porque "no es que no se haya tramitado, sino todo lo contrario". En ese sentido, sostuvo que existe un rol institucional en el que es importante que en temas vinculados al género se mantenga expreso cuidado. 

Por eso precisó que no tienen "ninguna opinión de ningún tipo" que pueda transmitirse a los medios de comunicación porque "hay confidencialidad con las cuestiones de género", dado que así lo establecen las normativas por las cuales se rigen. Pero destacó la intervención del Juzgado de Violencia Familiar y de Género porque "dio un fallo importante". 

Con respecto al pronunciamiento del Comité, aseguró estar sorprendida de que "se hace público sin enviárselo a la Universidad", ya que ella no tomó conocimiento formalmente de esta posición. También indicó que existen "cuestiones de autonomía universitaria para tener en cuenta". Por tal motivo, dijo que pedirán una audiencia con el procurador general de la provincia, Abel Cornejo, para "que se aclare desde este punto de vista". 

La decana consideró que deben buscarse canales de diálogo porque es importante llevar tranquilidad a la comunidad universitaria, y en este caso, que se sepa que "se está llevando el expediente con toda la responsabilidad". También recordó que la nota emitida por la Comisión de la Mujer recién llegó a sus manos el 12 de mayo, luego de que la situación se difundiera por medios de comunicación.

Por su parte, la integrante del Observatorio de  Violencia contra las Mujeres por parte de la UNSa, Ana Pérez Declercq, dijo a Salta/12 que ante la denuncia de la docente solicitaron dos reuniones. La primera, con las autoridades del Rectorado y el Decanato de Humanidades, en las que pidieron saber qué tipo de acompañamiento se estaba dando en la actualidad. 

Luego se reunieron con la propia profesora, encuentro en el que "le ofrecimos nuestro acompañamiento y escucha". Por otro lado, desde Humanidades solicitaron al Observatorio que se haga cargo de las capacitaciones en género al profesor denunciado. 

En el caso de la UNSa, Pérez Declercq aseguró que ofrecieron el acompañamiento técnico para que el protocolo pueda ser puesto en marcha. El mismo apoyo se ofreció al Equipo Interdisciplinario de Género y Disidencias, creado desde el 25 de noviembre de 2019 en Humanidades.