Más de mil personas que ante el déficit habitacional en la localidad de Las Lajitas ocuparon tierras de La Moraleja se niegan de desalojar el predio, algo que exige la firma como condición para donar 5 hectáreas que serían destinadas a loteos sociales. 

El intendente de Las Lajitas, Fernando Alabi, firmó un acta con la finca en la que se acuerda la cesión de 5 hectáreas para loteos sociales, sin embargo, para concretar la donación la empresa exige que se desocupe el predio. 

Esa donación se haría a la municipalidad y ésta se compromete a lotear y sortear los terrenos, así como realizar la apertura de calles, y la tramitación de servicios de electricidad y agua.

Las familias desconfían del jefe comunal, dijeron que quieren continuar en el lugar y proponen pagar los lotes en cuotas. En esa convicción cambiaron de delegadxs porque están en desacuerdo con que hayan aceptado el desalojo.

Por otro lado, la diputada por el departamento Anta, Alejandra Navarro, presentó ayer en Diputados un proyecto para la expropiación de las tierras, aunque ante la consulta de Salta/12 dijo que si había una donación ya no sería necesario avanzar con la expropiación.  

"La empresa cede los terrenos que se estaban pidiendo. El tema es que ahora esta gente tiene que desocupar los terrenos para que se empiecen a hacer las obras. Una de las cláusulas de La Moraleja es que para que se continúe con la donación de esos terrenos quieren que estén desocupados", afirmó el intendente Alabi en Radio Gen de Las Lajitas.

"Necesitamos que se haga un censo de la gente que está ahí", sostuvo Alabi pero también dijo que no lo harán desde el municipio ni desde el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), sino que lo realizarían lxs delegadxs de las familias asentadas.

El pedido de Alabi para que los ocupantes abandonen el predio se mantiene hasta el viernes. El jefe comunal aseguró que se compromete a que la municipalidad continúe con el loteo. En el mismo tono que el gobernador Gustavo Sáenz, advirtió que quienes no se retiren pacíficamente no van acceder a un lote, ni a ningún beneficio del IPV.

Por otro lado, la diputada Navarro propuso que la Cámara de Diputados declare de utilidad pública y sujeta a expropiación una fracción del inmueble identificado con la matrícula Nº 18.002, del departamento Anta, que corresponde a La Moraleja, y que se destine a la adjudicación de lotes a familias de escasos recursos económicos. Sin embargo, la diputada dijo a Salta/12 que el intendente le comunicó este martes la posible donación de tierras de la empresa, por lo que consideró que no será necesaria la expropiación. 

La delegada de la toma, Natalia Salvatierra, explicó a Salta/12 que la mayoría de la gente no quiere retirarse del predio. Ella es la única delegada original que quedó luego de que las familias decidieran cambiar de representantes, en desacuerdo con la negociación con el intendente que llevaron adelante otrxs referentxs. 

Salvatierra dijo que el lunes, en una reunión, Alabi les pidió que abandonaran el predio, prometiéndoles que tras la donación de La Moraleja las tierras se sortearán en diciembre. Sin embargo, contó que esa misma medianoche, cuando ya empezaba el martes, el mandatario se reunió con otras dos delegadas, Débora Hernández y Pastora Palacios (candidata a concejala), quienes cedieron al pedido de desalojo. Esto disgustó a la mayoría de las familias asentadas y las identificaron además como punteras políticas. Otros dos delegados también acordaron desalojar y renunciaron a la toma. Según Salvatierra, solo unas 20 familias afines a las anteriores delegadas desalojaron el predio.

"Nombramos nuevos delegados. Necesitamos que venga una asistente social a censar a la gente. En caso de que lleguen a dar los terrenos no queremos sorteos ni acomodos del municipio, queremos que sean para las personas que están en la toma", manifestó la delegada. 

Añadió que están "dispuestos a enfrentar lo que tenga que pasar", y aclaró que no lo decide ella sola. "Tenemos un intendente para que nos dé soluciones a la gente del pueblo, no para que nos dé la espalda", agregó. 

También el vecino Elías Salcedo aseguró que la mayoría de las familias decidieron quedarse. "No vamos a salir hasta que haya una solución. No creemos en el intendente. Antes cuando anduvo haciendo política nos dijo que iba a hacer que cada familia tenga su lote y que pueda pagarlo", recordó. Consideró que el mandatario no cumplió con eso y temen que en caso de hacerse los sorteos, queden excluídos, y que se entreguen discrecionalmente o a personas que no estuvieron en la toma. "Que nos dejen estar en el terreno y que vean la forma de pago", pidió. 

"La gente está cansada de las promesas del intendente. Planteamos quedarnos acá, ¿por qué no esperar 6 meses en un terreno? Cuando quieran hacer las calles les damos el lugar", agregó Salvatierra. Dijo que esperaban la mediación para el viernes pero no se hizo porque enfermó la mediadora. 

Por su parte, la fiscala María García Pisacic aclaró a Salta/12 que hay un acta compromiso que contiene una propuesta de negociación que hicieron La Moraleja y la municipalidad a las familias, con la condición de que se retiren hasta el viernes. Especificó que no hubo todavía un acuerdo y añadió que hoy comenzará el relevamiento de las familias en el predio. 

Según el acta compromiso, quienes se vayan tendrán acceso a la negociación en la que la municipalidad se compromete a entregar un lote hasta diciembre de este año. El encargado de finca, Jorge Galeano, levantaría las denuncias si se llega a ese acuerdo. El viernes terminaría el relevamiento y hasta ese día como máximo, las familias podrán decidir si aceptan esas condiciones o se quedan. En este contexto, la fiscala consideró que las partes no requieren de mediación todavía, pero sí consideró que podría hacerse el viernes para cerrar el acuerdo.

Por otro lado, con respecto al refuerzo de personal policial, desde la fiscalía se aseguró que será "para asegurar el lugar a medida que se retiren las personas. Ese refuerzo sería el viernes". Habitantes del asentamiento contaron que ya hay más personal policial en el predio.

La Moraleja difundió un parte de prensa en el que asegura que está dispuesta a prestar su "máxima colaboración" con "las autoridades a fin de resolver este conflicto". Solicitó a las personas que se asentaron en su "propiedad" que desalojen "de forma pacífica".  "La Moraleja SA mantendrá su decisión de aportar tierras al municipio de Las Lajitas, siempre que se cumpla con la ley y el respeto constitucional de la propiedad y en la medida que se nos garantice que dichas tierras se distribuirán entre los habitantes de Las Lajitas con reales necesidades habitacionales", sostuvo la empresa. Y cerró advirtiendo: "sin el retorno de las tierras ocupadas a su legítimo propietario, se dará por finalizada cualquier negociación de estos terrenos u otros que podrían ser de utilidad a una urbanización". 

Investigan a legisladores

La Moraleja informó en su comunicado que ante las denuncias públicas sobre el presunto accionar de legisladores del departamento "con fines electorales y negocios inmobiliarios espurios" solicitarán a las autoridades judiciales que realicen las investigaciones que correspondan. 

El Ministerio Público Fiscal informó que consta en las actuaciones que desde el inicio de la toma estuvieron los candidatos a concejales Milagros Córdoba, Moro Ledesma, Kike Castillo y Coquena Ledesma. El sábado 29 llegaron al predio el diputado provincial Marcelo Paz y el senador provincial Marcelo García y se reunieron con las familias asentadas.

Un rumor afirmaba que los legisladores provinciales habían sido citados a una audiencia de imputación. El senador García dijo que no recibió ninguna notificación, y la fiscalía tampoco informó sobre una imputación.