La abogada Silvia Barrientos, que representa a la mujer que denunció al político Roberto Gómez por abuso sexual, informó que apelará el sobreseimiento dictado por el juez de Garantías Ramón Porfirio Acuña. 

En diálogo con Catamarca/12, Barrientos dijo que está “acostumbrada" a que este juez "siempre decrete entre gallos y medianoche”. El sobreseimiento de Roberto Gómez (UCR), cuya imputación por abuso sexual simple continuado trascendió las fronteras de la provincia y el país, al ser cuestionado por mujeres de su propio partido, fue pedido por su defensa. El fiscal instructor de la causa, Jonathan Felsztyna, se había opuesto.

Hace dos semanas, los abogados defensores de Gómez, Pedro Vélez y Mariano Cerezo, habían solicitado al fiscal que pidiera el sobreseimiento de su pupilo, pero este se negó al considerar que aún quedaban elementos para incorporar en la causa y seguir investigando. El argumento de los letrados fue que "se habían excedido los plazos de la investigación penal preparatoria" y que no había más elementos para incorporar a la causa e hicieron ellos el pedido al magistrado. El juez de Garantías coincidió con todo lo fundamentado por los defensores y decidió el lunes el sobreseimiento total y definitivo del político.

“La audiencia de control la pide la defensa. El fiscal se lo niega, el juez de Garantías la acepta, la admite y decide. Lo más raro del caso es que mientras hay tantas causas urgentes esperando por las restricciones de la pandemia, Acuña habilita feria, como si se tratara de un caso urgente. Esto sólo sucede en causas en donde hay detenidos o encarcelados, pero Gómez está libre”, manifestó al respecto Barrientos.

La abogada refirió que la víctima entró en shock tras conocer esta decisión, “como sucede en todas las causas por abuso sexual y sobre todo en donde hay un elemento de poder que genera una real asimetría como en este caso”. Barrientos aseguró que pese a que las leyes y tratados internacionales así lo obligan, “Acuña no menciona ni una sola línea de género en su texto. Aunque esto no me sorprende de este juez,”, dijo.

Para Barrientos, el fallo de Acuña no sólo fue sesgado e incompleto, y falto de perspectiva de género, sino que “atentó contra los derechos de la víctima de los cuales no hace mención en ningún momento salvo para acusarla de hechos que no cometió y él da por válidos”, aseguró.

Estoy “acostumbrada a que el juez de Garantías, Porfirio Acuña siempre decrete entre gallos y medianoche. A mí no me notificaron y cuando pregunté me dijeron que no hacía falta”, manifestó.

En este contexto, la abogada se refirió a que uno de los argumentos del fallo fue que se había citado “en repetidas oportunidades” a uno de los testigos propuestos por la víctima. “Lo único que puedo decir al respecto es que yo me enteré de esta estrategia de la defensa cuando fui a Fiscalía a hacer un pedido para que se le tome testimonio al testigo vía zoom, ya que vive en otra provincia y así como la primera vez no pudo venir porque cerraron las fronteras, la segunda vez tampoco pudo por la misma razón”, contó.

Además, aseguró que en el escrito del juez “se tergiversaron las pruebas para favorecer a Gómez”. Según dijo, se tomó un testimonio de la víctima de una prueba que ella misma presentó, y es un caso laboral en el que otra empleada de Gómez lo acusó de acoso laboral y sexual. “¿Nada de esto leyó el juez?", se preguntó.

Asimismo, mencionó que las pericias psicológicas que le hicieron a Gómez establecen que es un hombre manipulador y que podría actuar agresivamente. “Sin embargo, tergiversan la (pericia) de mi defendida que dicen claramente que ella no fabula y que es coherente en todo su relato del hecho. Entonces cómo no pensar que esto que sucede en este caso tiene algo raro”, dijo.

En este contexto, aseguró que apelará la medida. “Lo voy a hacer mañana -por hoy- porque dudo de lo que puedan decir, tal vez como no notificaron de todo ahora me digan que se cumplieron los plazos”, ironizó al respecto.

La abogada adelantó también que el fiscal, quien se había negado a esta audiencia, también haría lo propio cuestionando el sobreseimiento.

El hecho

Gómez fue acusado por una empleada del sanatorio que él dirige, ubicado en la capital de Catamarca, por haberle tocado sus partes íntimas de manera reiterada en el contexto laboral. La denuncia fue realizada en 2019 y el político fue imputado en febrero de este año por el delito de abuso sexual simple continuado.

La causa trascendió internacionalmente, debido a que siete mujeres del partido presentaron un escrito en enero de este año para que Gómez no pueda asumir como presidente del Comité Capital de la Unión cívica Radical.

En este caso, el hecho trascendió porque las mujeres fueron sancionadas por hacer este pedido. Así, el Comité de Expertas (CEVI) del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) se pronunció sobre el caso y aseguró que se trataba de un hecho claro de la violencia política. Asimismo, sentó un precedente en cuanto a los políticos acusados por hechos de abuso sexual asegurando que “La denuncia por un caso de violencia sexual no forma parte de la vida privada de una persona pública”.