Denuncias para garantizar el silencio

Llamadas anónimas, difamación en redes sociales, envenenamiento de mascotas, denuncias en fueros penales y en los tribunales de ética de colegios profesionales, seguimientos callejeros. El backlash en la Argentina escala en virulencia, y hace foco en las psicólogas que atienden a niñxs que sufren abuso sexual intrafamiliar. El objetivo es silenciar, y los ataques se parecen demasiado a lo largo del país para ser iniciativas aisladas. En la provincia de Buenos Aires, hay un nombre que se repite en lxs denunciantes: una abogada que se dedica a esta persecución a través de una organización civil. Las afectadas tienen miedo, algunas acceden a hablar, otras ruegan porque no se escriba su nombre, ya que la vida familiar se vio alterada al punto de pensar en mudarse. “Tengo constancia de que el objetivo es desalentar a las psicólogas para que no tomen estos casos. Por todo lo que me implico esta situación tuve que dejar de tomar casos nuevos y cuando me llama una mamá, trato de ubicar alguna profesional que pueda tomar la atención de la niña o el niño. No estoy logrando conseguir colegas que quieran hacerlo. Incluso, algunas se han corrido de la atención de los casos”, plantea Natalia Amatiello, que fue denunciada ante el Tribunal de Ética del Colegio de Psicólogos de Rosario, en un proceso que sigue su curso, en abierta contradicción con las recomendaciones de la Federación de Psicólogos de la República Argentina.

Las psicólogas tienen el deber legal de denunciar si conocen la existencia de un delito, como es el abuso sexual contra las infancias, y el estado tiene la obligación de proteger la integridad de esxs niñxs, tal como está comprometido en la Constitución Nacional, que incorpora la Convención Internacional de los Derechos del Niño. En lugar de aceptar la formación profesional de estas profesionales que se actualizan, estudian y escuchan a niñas y niños, lo que se hace es desacreditarlas, asegurar que trabajan junto a las madres de las víctimas en el “armado” de causas y denunciarlas.

El abuso sexual intrafamiliar contra las infancias dejó de ser un secreto bien guardado en el hogar, y en las últimas décadas se produjeron avances en su visibilidad, denuncia y estudio. El trabajo de profesionales de la psicología ha sido esencial en el conocimiento de las consecuencias que tienen estas violencias, delito que está tipificado en los artículos 119 y 120 del Código Penal.

Cristina Bösenberg es una de las denunciadas. “Lo que buscan es desacreditar el informe del trabajo que una hace y también la declaración como testigo calificado, porque yo atiendo chicos muy pequeños, las declaraciones que hacen en Cámara Gesell son muy escuetas, de acuerdo a cómo es normal que ellos puedan hablar. Entonces, es muy importante todo lo que una recopila durante el trabajo clínico, que luego es reforzado con la declaración testimonial como testigo calificado”, relata Bösenberg, que integra el Colegio de Psicólogos de San Isidro, en la subcomisión de violencia y abuso sexual infantil.

El nombre de la abogada de los acusados que se repite en las denuncias es el de Patricia Anzoategui, autora de un libro llamado “Hienas. Abogados de familia versus falsas denuncias”. Lleva adelante además la organización “Mujeres Sanas”. En esa página, se replican videos de Roxana Kreimer, quien va más allá al hablar de “Hienas mentirosas. Falsas denuncias para borrar a papá”.

¿Escuchar a les niñes? En lugar de eso, hablan de manipulación y de denuncias armadas. Cuando un niñe puede expresar lo que le pasa, cuando logra contar su padecimiento, el trabajo de las psicólogas les permite hacer un diagnóstico y rearmar la subjetividad, luego de la catástrofe que significa el abuso sexual contra las infancias. Así lo explica una publicación de Unicef, de noviembre de 2016. “El incesto paterno filial, violación del tabú primordial, es el caso que reviste mayor gravedad debido a las consecuencias devastadoras que provoca sobre todos los aspectos de la vida cotidiana, destruye tanto la subjetividad como la configuración familiar”, dice el texto de Virginia Berlinerblau.

El primer paso del backlash –nombre que designa la embestida conservadora contra los avances en derechos obtenidos por la lucha de los feminismos-- es el pedido de participar de la declaración testimonial de la profesional que trata a la víctima. Alegan el derecho de defensa del acusado, porque tienen derecho a “controlar la prueba”, tal el nombre jurídico. Pero la participación es agresiva, y mientras fiscales y jueces lo permitan, tratan a desacreditar la tarea profesional.

“La defensa tiene derecho a estar, pero no a interferir. Una cosa es estar presente para garantizar el acto y otra distinta, es hacer preguntas para interferir en la declaración. La abogada le empieza a hacer preguntas absolutamente improcedentes. Sin embargo, se lo permiten, y eso lo que hace es poner nerviosa a la declarante, porque se la pone en situación de mentirosa, de no haber hecho lo correcto. Después de que termina esa declaración, le hacen una denuncia penal por falso testimonio”, describe Carlos Rozanski, actual presidente de la Asociación Civil de Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales (AEVAS), y autor de un libro señero como fue “Abuso Sexual Infantil ¿denunciar o silenciar?”, publicado en 2003. Allí ponía de manifiesto que a las únicas víctimas a las que no se les cree es a las que sufrieron abusos sexuales.

Rozanski cree que se trata de “un mecanismo siniestro y es una estrategia organizada. Es absolutamente ilegal porque el sistema está malversado” y señala una distinción fundamental: “Cuando se usa el derecho de defensa para vulnerar los derechos de la nena, su mamá, o su psicóloga, se instala la creencia de que el derecho de defensa habilita a contradecir toda la normativa protectora, cuando no es así. El proceso tiene que respetar el derecho de defensa, pero también toda la normativa protectora de las infancias”.

El argumento es siempre que las madres son manipuladoras y “arman” junto a las psicólogas las denuncias “falsas”. Lo que se descree una y otra vez es la palabra de niñas, niños y niñes. Y para eso, uno de los argumentos que se utiliza es el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP), que ha sido rechazado por entidades de todo el mundo por su falta de fundamento científico.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, una de cada cinco mujeres y uno de cada 13 varones sufrieron abuso sexual antes de los 17 años. Y el mayor porcentaje de estas violencias son intrafamiliares. En 2019, Unicef Argentina publicó un documento con análisis de datos del programa Las víctimas contra las violencias, donde se sostiene que -de las denuncias recibidas en ese programa- el 57,4 por ciento de los agresores eran familiares de las víctimas.

El 14 de diciembre de 2019, la Federación de Psicólogos de la República Argentina, FEPRA, publicó la declaración: “Ataques a psicólogos/as que intervienen en abusos sexuales contra la niñez”. En ese documento se lee con claridad “si bien los adelantos normativos han sido trascendentes y en nuestro país la legislación protectora goza de la máxima jerarquía (Constitución Nacional), es sin dudas desde la Psicología que se han producido los adelantos más significativos en la materia. Los profesionales de nuestra disciplina, cada día poseemos mayor capacitación, la que se traduce en un aporte indispensable en las investigaciones judiciales sobre esa clase de delitos”. Ese mismo documento, sin desperdicio, sostiene que “los abusadores y sus simpatizantes comenzaron a desarrollar nuevas estrategias basadas en la descalificación sistemática de las víctimas, sus madres protectoras y de todo aquel que se preste a darles apoyo y auxilio. Surgieron así, pseudo teorías como la ´co – construcción’, el ‘discurso contaminado’ y el falso ‘síndrome de alienación parental’”. Por todo eso, la FEPRA recomienda a los Colegios de todo el país ser “sumamente cuidadosos” con esas denuncias “porque cuando, desde un Colegio Profesional, se da traslado de denuncias calumniosas y además elaboradas y concretadas con la finalidad de desacreditar profesionales, víctimas y familiares, y perturbar investigaciones judiciales en trámite se favorece involuntariamente esa ilegal estrategia ya que como es común en lo cotidiano se toma la mera aceptación de la denuncia como un equivalente de la existencia de la falta”.

Las denuncias que reciben en los Colegios de Psicólogos y en los Tribunales tienen consecuencias para las profesionales denunciadas, para sus pacientes y para toda la comunidad. “Es una guerra constante, en vez de trabajar para mejorar la situación de los pibes, tenemos que buscar herramientas para defendernos de esto”, expresa María Beatriz (Marita) Müller, que integra la asociación civil Salud Activa.

Otra de las psicólogas denunciadas, que prefiere mantener reserva de su identidad, da en el clavo. “Se habla de falsas denuncias cuando son abusos intrafamiliares, no cuando son afuera de la familia. Parece que los niños sólo mienten cuando es adentro de la familia. Eso es incongruente”, dice esta profesional, también de provincia de Buenos Aires. Subraya que las pacientes confían en sus psicólogas y les cuentan lo que viven. “Se nos termina acusando de aplicar un método científico”, plantea. También recuerda que están “obligadas a denunciar. Si vos te ajustas a la ley, dice que todo ciudadano mayor de edad está obligado a denunciar ante la sospecha de una situación de vulneración de derechos. Si sos profesional de la salud tenés una doble obligación. Uno hace lo que tiene que hacer desde su profesión, de su deontología, pero también como ser humano”.

Los efectos son cotidianos para las psicólogas que deben dedicar tiempo y dinero a defenderse de acusaciones por hacer su trabajo. “No es sólo el costo de abogado, que yo no tendría por qué pagar por atender a una niña y que no tienen nada que ver con los honorarios que cobramos en el consultorio. Por otro lado, me ha implicado un lucro cesante importantísimo porque me tuve que ocupar de estos temas, me llevó un montón de tiempo real, de escribir, de reunirme con los abogados, es todo tiempo que no estuve atendiendo”, dice Amatiello, que todavía espera la decisión del Tribunal de Ética de su Colegio, donde presentó profusa documentación sobre lo infundado de la denuncia.

Müller recuerda su trayectoria en abuso sexual contra las infancias, ya que trabaja la temática desde 1999. “Nos acusan de preparar a los pibes para ir a mentir a la cámara Gesell. Es toda una gran mentira”, dice Müller, muy enojada contra la abogada que lleva adelante esta estrategia. “Lo que ella nos atribuye a nosotras, que tenemos un negocio de construcción de falsas denuncias, es lo que hace ella, que debe estar cobrándoles fortunas a los abusadores”, opina. Como psicóloga especializada, desafía: “Se puede comprobar fácilmente el trabajo que realizamos, que no tiene que ver con inducción, nos tomamos el tiempo que haga falta para que el niño pueda contar lo que pasó, lo pueda dibujar o lo pueda jugar. Y le ofrecemos la filmación al juzgado. En algunos casos los piden y en otros no”. De hecho, desde Salud Activa forman profesionales para diagnosticar y tratar el abuso sexual contra las infancias, que deja huellas en la subjetividad de lxs niñxs. Como consecuencias de las denuncias sistemáticas a psicólogas y psicólogos, “hay muchos que no se quieren involucrar, o no quieren tomar algunos casos”.

Anzoátegui fue la defensora de Ricardo Biasotti, el ex marido de Andrea del Boca. Tras la sentencia condenatoria por lesiones contra la actriz, la abogada denunció al juez Ricardo Farías por su actuación. Farías fue sobreseído y la denuncia en el Consejo de la Magistratura fue desestimada. El magistrado, entonces, la denunció por calumnias. En 2012, la sala H de la Cámara Civil, con las firmas de Jorge Mayo, Liliana Abreut de Begher y Marcela Pérez Pardo, confirmó la condena contra Biassotti y Anzoátegui.

La actuación de la abogada se basa en comparar informes, y aludir a presuntas copias. “Sin entender que los indicadores, los juegos, los dibujos de los niños y niñas que han padecido abuso sexual son parecidos. Es justamente eso lo que nos permite diagnosticar que hubo un abuso. Para diagnosticar, tenés que tener algo sistematizado”, expresó Müller, quien planteó que “no es lo que una inventa, es la manera que tienen los nenes de determinada edad para expresar lo que les pasa”.

A Bösenberg le hicieron tres denuncias, y así, uno de los argumentos para atacarla es que tiene “múltiples denuncias”. “Hace 20 años que trabajo en abuso sexual, y lo hago a mucha conciencia porque sé de las consecuencias, de las acciones de los violentos. Tomo las precauciones. Sin embargo, es muy fuerte la divulgación y la desacreditación que hacen por redes sociales. Llega un momento en que tiene consecuencias serias, tanto a nivel de la salud como a nivel profesional. Los que no conocen mi trabajo terminan no sabiendo si puede o no ser verdad. Es una difamación, un hostigamiento, una pérdida de tiempo, las barbaridades que dicen”, describe la situación que viven.

Las consecuencias las sufren las profesionales (en su gran mayoría son mujeres) pero apuntan a las víctimas, porque “otra vez quedan desprotegidas”.