La defensora general de la provincia, Jaquelina Balangione, cuestionó ayer la superpoblación existente en la cárcel de Piñero y, en una reunión mantenida con las autoridades de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, solicitó la aplicación de un fallo que condena el uso indiscriminado de la prisión preventiva. "El 50 por ciento de los presos de Piñero cumple prisión preventiva, en muchos casos con un tiempo que ya excedió el plazo legal", puntualizó la funcionaria. "Trato de ser clara y de que la gente vea que desde 2014 la población carcelaria pasó de 2.200 a 7.00 personas, que el encierro masivo no es solución para la inseguridad sino todo lo contrario. Nadie pide que los presos salgan, pero sí, que haya racionalidad en el sistema penal", indico la Defensora. De igual modo Balangione aclaró que “el problema no son los presos federales, que en Piñero son 96, sino que como guardianes del respeto a las garantías humanas, debemos velar por el cumplimiento irrestricto de los derechos de todos los que están presos”.

La funciona participó el martes de una audiencia pública de la que tomaron parte ministros del Poder Ejecutivo provincial y nacional, el defensor Regional y de la Defensoría General de Piñero con los máximos representantes de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. Allí se "habló de una resolución de 2015 que ampara a todas las personas detenidas pero cuyos resultados no llegan: no se alcanza a disminuir la superpoblación, que de acuerdo a los estándares internacionales está en nivel crítico, ya que lo aceptado judicialmente es 1.448 detenidos y en Piñero hay 2096".

La Defensora general, quien estuvo acompañada por su par rosarino Gustavo Franceschetti, destacó "la actitud de la Corte por convocar a esta audiencia, que tuvo participación además de ministros del Poder Ejecutivo provincial y federal".

La defensora general de la provincia aclaró que "el problema no son los presos federales, que en Piñero son 96, sino que como guardianes del respeto a las garantías humanas, debemos velar por el cumplimiento irrestricto de los derechos de todos los que están presos".

Balangione destacó que en la audiencia se aportó información "sensible y útil" para expresar que su planteo pasa por la necesidad de "un cambio radical que tenga impacto en la política criminal". En ese sentido, refirió que se solicitó a la Corte "que exhorte a los tres poderes a que tomen acciones concretas, con la aplicación directa de un fallo existente en la materia dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condena el uso indiscriminado de la prisión preventiva".

Cabe recordar que el junio de 2020, en un fallo inédito, la Corte Suprema de Santa Fe ordenó que se pusiera fin a la sobrepoblación carcelaria en la provincia. Al responder un recurso iniciado por el anterior defensor general Gabriel Ganón por el hacinamiento en Piñero, el máximo tribunal había otorgado un plazo de 15 días al gobierno provincial para adecuar el cupo y discutir esa propuesta en la mesa de diálogo carcelaria. 

El planteo de los supremos Rafael Gutiérrez, Daniel Erbetta, Roberto Falistocco, María Angélica Gastaldi, Mario Netri y Eduardo Spuler sentaba un precedente a seguir y tendrá un lógico impacto sobre el resto de las cárceles santafesinas, que no deberán alojar a más de 50 presos federales debido a un convenio vigente con la Nación.