"Siete días, siete asesinatos policiales" se titula un nuevo informe de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). "Termina una semana en la que siete asesinatos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, con distintas modalidades, confirman que aumentar el despliegue de las fuerzas en las calles no puede ser parte de la solución a la situación sanitaria. Por el contrario, es la presencia policial en las calles y barrios la que nos pone en peligro", advirtió este miércoles la oganización.

Los homicidios

El informe describe en detalle cada uno de los casos. El miércoles 26 de mayo, Richard Junior Gómez, un joven de 25 años que vivía con su familia en Monte Grande, subió a una habitación en un piso superior de la casa y por allí salió al techo, como lo hacía a menudo para "eludir la vigilancia familiar sobre su consumo" de drogas. Una vecina, oficial de la Bonaerense, de 27 años, lo vio por la ventana, salió al patio con su arma reglamentaria y disparó seis veces contra él. Tres disparos lo impactaron; uno en la nuca. Gómez cayó y quedó colgando de un árbol. Aunque la fiscalía nº 4 de Esteban Echeverría apartó a la policía, "de entrada admitió la historia de un intento de robo y no tomó medida alguna" en relación a ella. La familia de la víctima denunció hostigamiento policial y se contactó con la organización para que se presentara como parte en la causa.

Al día siguiente, en Lago Puelo, Chubut, efectivos del GEOP (grupo especial de la policía provincial) allanaron el domicilio de Alejandro “Tino” John, un hombre de 62 años que padecía trastornos psiquiátricos. Unos vecinos habían hecho una denuncia cuando él sufrió un brote psicótico. Durante el operativo la pareja de John estuvo maniatada. Él recibió un disparo fatal en la cabeza. El viernes 28, en La Banda, Santiago del Estero, Rafael Arce Ibáñez, de la Guardia de Infantería de la policía provincial, mató a su esposa, María José Fernández, de 36 años. El femicida luego se suicidó con la misma arma reglamentaria.

Gianfranco Fleita Cardozo (25) fue detenido a media cuadra de la casa de su novia en la madrugada del sábado 29, en Don Torcuato, Tigre, por personal del Centro de Operaciones local. Fue brutalmente golpeado y murió dentro del patrullero. Sus amigos y familiares se movilizaron y fueron reprimidos. Durante la madrugada del domingo 30, Juan Ramón Herrera y Natalia Bergamaschi, ambos miembros de la Policía de la Ciudad, tuvieron una discusión en su casa de Virrey del Pino, La Matanza. Herrera amenazó a la mujer con su arma reglamentaria y disparó. La bala impactó en el abdomen de Victoria, hija de ambos, de seis años. La niña falleció camino al hospital.

El séptimo homicidio ocurrió el lunes en Saavedra. Un joven de 29 años llamado Juan Francisco Ghergo fue asesinado por un oficial de la policía de la Ciudad. "Inicialmente el Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA intentó instalar la versión del policía, naturalmente de un intento de robo, y la propia fuerza aseguró que el disparo había sido por el pecho, producto de un 'tiroteo'", narra Correpi. Pero los peritajes realizados por la Federal indicaron que el disparo ingresó por la espalda. También en este caso familiares y amigos se movilizaron, y también fueron reprimidos. El policía está en libertad.

La lectura de Correpi

"En algunos casos (los homicidios) no pasan por las restricciones en sí, como son los dos en los que se cruzan violencia patriarcal y estatal (el de la niña, Victoria, y el de María José Fernández). Pero en los demás hay una correlación, que particularmente se advierte en el de Don Torcuato: en un video que se ha publicado en redes, el motivo que esgrimen para la detención del chico es que no tenía el barbijo puesto. Tienen que ver con la ampliación de facultades a las fuerzas de seguridad al confiar en sus manos la implementación de las medidas preventivas de la pandemia", dice la abogada María del Carmen Verdú, referente de Correpi, en diálogo con Página/12.

Desde el inicio de la pandemia, la Coordinadora sostuvo la consigna "Cuidémonos colectivamente del virus y la represión". En 2020 emitió reportes diarios que volcaban las denuncias que le iban llegando en torno al accionar policial. "Hicimos aproximadamente 70 reportes. Cada uno era una repetición de situaciones muy similares. Como metodología no tenía trascendencia. Llegó un momento en que decidimos publicar los casos más graves", cuenta Verdú. "Estamos en una situación distinta a la de hace un año, cuando teníamos una incidencia mucho mayor de detenciones. En ese momento, la orden a la Policía era que frente a una violación a la pandemia te llevaban a la comisaría, te fichaban, consultaban con el fiscal, te morfabas 12 horas en cana... por alguna razón, probablemente por la trascendencia que esto tuvo, en este nuevo período de restricciones la orden explícita es no detener sino notificar la infracción y hacerte volver a tu casa. Se modificó la forma de intervención de la Policía, pero lo que tiene vigencia absoluta son los hechos de mayor gravedad. Las muertes. Hay una por día. Y son sólo los casos de los que nos enteramos", compara.

Y cuestiona: "En lugar de disponer de más recursos que podrían garantizar el cumplimiento de medidas de cuidado, se inyectan dinero y facultades a las fuerzas".

Medidas posibles

En vísperas del 3J, la abogada recuerda que uno de cada cinco femicidios es "de uniforme", es decir, cometido por miembros de fuerzas de seguridad. Un dato importante es que en el 90 por ciento de los casos los uniformados matan con el arma reglamentaria. Por eso es que uno de los puntos centrales de la Agenda Urgente Antirrepresiva propuesta por Correpi es la prohibición de la portación y el uso del arma reglamentaria fuera de servicio. Reduciría, además, en un 50 por ciento los casos de gatillo fácil. Otros ejes de aquella agenda son: la derogación de las facultades de las fuerzas para hacer detenciones arbitrarias, la prohibición de darles defensa institucional en causas penales, el acceso gratuito al sistema judicial para víctimas y familiares de víctimas de represión, castigo "real y efectivo" a los responsables de hechos represivos.