La exministra española y exsecretaria general del Partido Popular (PP), María Dolores de Cospedal, fue imputada en un caso de presunto espionaje a un antiguo dirigente de su mismo partido. La trama conocida como Operación Kitchen buscaba recuperar documentación comprometedora para los altos cargos del PP. El marido de la exministra, el empresario, Ignacio López del Hierro, también fue imputado por el juez Manuel García-Castellón. La pareja fue citada a declarar el 29 y 30 de junio.
En la resolución el juez García-Castellón, magistrado de la Audiencia Nacional, le imputó tres delitos a la exministra de Defensa (2016-2018), exsecretaria general del PP y también expresidenta de Castilla-La Mancha: cohecho, malversación y tráfico de influencias. El magistrado acusa a la exministra de haber querido obtener "información y documentación de Luis Bárcenas", el extesorero del PP, quien habría sido espiado "en el momento en el que estaba siendo investigado" en un caso de corrupción. Bárcenas estaba en ese entonces en el centro de la investigación sobre el caso "Gürtel", un escándalo de financiación ilegal del Partido Popular a cambio de contratos públicos. La investigación terminó con una condena judicial para el PP en mayo de 2018 que luego fue acompañada por una moción de censura que sacó del poder a Mariano Rajoy.
García-Castellón había recibido en septiembre del año pasado la petición de la Fiscalía Anticorrupción para interrogar a Cospedal y a su pareja. En ese momento, la medida fue rechazada por el instructor por “precipitada”, según informó el diario El País. En la resolución, el magistrado decidió avanzar en la investigación luego de haber estudiado la documentación recibida. “La pieza se vislumbra con la madurez necesaria para encarrilar la fase preparatoria, estando ya en condiciones para resolver sobre las declaraciones interesadas por el Fiscal”, explica en el texto dictado el martes, pero que se dio a conocer este miércoles.
La resolución que imputa a Cospedal y a su marido se conoció este miércoles por la mañana media hora después de que López del Hierro se presentara ante la comisión de investigación del Congreso sobre el caso Kitchen. El empresario empezó su declaración leyendo un texto en el que afirmaba que no iba a responder a las preguntas de los diputados. Por la tarde debía comparecer la exministra, pero al conocerse su imputación la presentación de Cospedal fue suspendida, aunque igualmente se presentó al Congreso alegando que nadie le avisó del aplazamiento. Según fuentes oficiales del Congreso consultadas por el diario El País, Cospedal fue contactada vía mail y teléfono y no contestó ni devolvió la llamada.
Según la acusación, el operativo armado en julio de 2013 pretendía que Sergio Ríos, chófer de Luis Bárcenas, sustrajera los documentos que podían comprometer a los más altos dirigentes del PP y que estaban en posesión del extesorero y su esposa. En un principio, la investigación del llamado "caso Kitchen" (bautizado así por el sobrenombre del informador, "el cocinero") estuvo centrada en el ministerio del Interior y en la Policía Nacional. Desde allí se realizó el operativo parapolicial que siguió al entorno de Bárcenas y que captó a su chófer como confidente sin ningún tipo de control judicial, informó El País.
Con la imputación de María Dolores Cospedal, secretaria general del PP entre 2008 y 2018, el caso Kitchen ahora apunta hacia la arista política del presunto entramado de espionaje. Los señalamientos involucran a la estructura orgánica del partido conservador actualmente liderado por Pablo Casado, respaldado por Cospedal en las primarias de 2018.
En septiembre del año pasado, cuando el ministerio público pidió su imputación, la fiscalía ya señalaba que Cospedal también tendría un interés personal en el éxito de la Operación Kitchen y desde una doble perspectiva. “Directa: como afectada por documentación supuestamente comprometedora para ella misma. E indirecta: como secretaria general del partido, de existir material comprometedor respecto de otros altos dirigentes del mismo”, indicaba el documento de la fiscalía anticorrupción.
El exministro de Interior del gobierno de Rajoy entre 2011-2016, Jorge Fernández Díaz, fue imputado por el juez como uno de los máximos responsables de la trama. El exministro declaró en octubre y negó tener conocimiento de la operación. También fue imputado el exsecretario de Estado y Seguridad, Francisco Martínez, el exdirector adjunto operativo de la policía, Eugenio Pino y el comisario jubilado José Manuel Villarejo. De acuerdo con el juez García-Castellón, las agendas del excomisario Villarejo -un polémico personaje conocido por haber grabado de forma secreta a numerosas personalidades- apuntan a la exministra y a su marido. La semana pasada, durante su comparecencia en una comisión parlamentaria, el excomisario Villarejo acusó al ex presidente español y exsecretario generaldel partido, Mariano Rajoy, de haber estado al tanto de la operación Kitchen.
