La inflación continúa siendo uno de los principales problemas económicos. A la hora de analizar las razones de la escalada de precios, los actores económicos suelen delegar la responsabilidad en otro. El almacenero apunta al proveedor de leche. El productor lácteo señala al tambero como el culpable y éste al Estado por los impuestos y a los sindicatos por los salarios que tiene que pagar. Cada encadenamiento tiene este tipo de argumentos con órdenes causales diferentes. Nadie es el causante; siempre es el otro. Pero ¿no hay algunos más responsables que otros?
Precios
Los bienes y servicios que forman la canasta básica han registrado importantes aumentos. Si bien es cierto que en 2020 la inflación cerró con un acumulado de 36,1 por ciento, que representó casi 18 puntos menos que el registrado por el Indec durante el año anterior, cuando fue de 53,8 por ciento, a partir de diciembre de 2019 algunos precios se han incrementado más que el índice general.
Las estadísticas muestran que a partir de la asunción del nuevo Gobierno la carne subió 92 por ciento, el calzado 87, las frutas 91, las prendas de vestir 99, los alimentos y bebidas no alcohólicas 65, mantenimiento y reparación de vivienda 93, transporte 57 y educación 59 por ciento.
Cada uno de estos rubros tiene un peso específico en la composición de gasto de las familias. El bienestar de los hogares que viven de un ingreso fijo entonces se está deteriorando. En 2019 el salario mínimo, vital y móvil aumentó 37 por ciento y el índice general de precios marcó una suba de 54 por ciento. En 2020 el salario mínimo corrió la misma suerte al bajar aproximadamente 15 puntos porcentuales.
Ese mismo ejercicio con un corte de carne tradicional: el asado. En los últimos diez años, la equivalencia del salario mínimo, vital y móvil en kilogramos de asado ha tenido altibajos. En 2011con un salario mensual de 2100 pesos se podía adquirir 68 kilogramos de asado. El máximo poder adquisitivo fue en 2013, cuando el salario representó 74 kilos.
A partir de 2015, cuando la equivalencia era de 70 kilos, el salario comenzó un fuerte descenso en términos adquisitivos de asado, pasando a 37 kilogramos por mes en 2021. Es un dato paradójico porque Argentina es el sexto productor de carne vacuna del mundo.
Cadena
El precio final lleva consigo una sumatoria de costos correspondientes a cada una de las etapas del proceso de producción/comercialización. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) ha elaborado el "Índice de precios en origen y destino". Mide cuántas veces se va multiplicando el precio de las mercancías desde el productor primario hasta el consumidor final. En abril pasado, ese indicador marcó que los precios desde el productor primario hasta el consumidor final se multiplicaron 4,7 veces.
La compraventa de productos intermedios y finales se desarrollan en el ámbito de lo privado. El Estado, ya sea en la instancia municipal, provincial y nacional, participa a través de impuestos y subsidios.
El estudio de la Fundación Agropecuaria para el desarrollo de Argentina (FADA) “Composición de precios” arroja los siguientes resultados: en el precio final del kilo de pan, el 13 por ciento corresponde al trigo, 5 al molino, 60 a la panadería y 22 por ciento impuestos. El precio final de la leche entera en sachet está integrado 35 por ciento el tambo, 33 la industria, 6 el comercio y 26 por ciento impuestos. El precio final de la carne está compuesto por 35 por ciento cría, 27 feedlot, 6 frigorífico, 9 carnicería y 28 por ciento impuesto.
En el precio final del pan, leche y carne, el Estado, a través de la carga impositiva, tiene una incidencia relativamente menor respecto a los costos de compraventa entre privados, los cuales representan casi el 75 por ciento del precio final de esos bienes.
Medidas
Los argumentos que se esbozan desde la ortodoxia por los aumentos de precios obedecen a la mala praxis económica por parte del Estado: emisión monetaria para cubrir déficit fiscal, desvalorización del peso, tasas de interés negativas, expectativas sobre inflación, actividad económica, tipo de cambio desacoplado, incapacidad de resolución del endeudamiento. Son una catarata de reseñas negativas por medidas de política económica.
Por cada una de esos postulados existe una respuesta. Hay que recordar, por más que muchos lo quieran colocar en el cajón de los olvidos, que se viene de una situación malísima en materia económico/social por el aumento de pobreza, elevada inflación, alza del desempleo, desvalorización de la moneda y decrecimiento económico, a lo que se le sumó la crisis de la pandemia.
Las políticas económicas adoptadas ante tal situación fueron el aumento del gasto público y la inyección de dinero a la economía, medidas que todos los países hicieron lo mismo intentando mantener a flote la actividad.
En lo que respecta a controlar la inflación hubo medidas activas y reactivas. Entre las primeras, regulación de precios/costos (electricidad, agua, combustible y gas), mayor proporción de deuda en pesos para cubrir desequilibrio de cuentas públicas, administración del tipo de cambio, acuerdo de precios (Cuidados y Máximos), Ley de Góndolas, líneas de financiamiento para estimulo de la producción, retenciones a la exportación.
Entre las medidas reactivas se destacan el cierre de la exportación de carne y mayores monitoreos y controles al cumplimiento de normas relacionadas precios.
Economía política
La meta de inflación del Presupuesto Nacional, que la fija en 29 por ciento, ya es historia. Se pretende con las medidas de política económica modificar las expectativas alcistas de precios. Tarea complicada cuando el bombardeo agorero no para de disparar. Toda medida es vituperada y analizada negativamente desde la ortodoxia porque la economía es política.
Hablar de economía política es justamente analizar la problemática desde una perspectiva social que hace referencia a clases sociales, distribución del ingreso, modelo de crecimiento.
Cuando se trata del problema de la inflación, se delega la responsabilidad en el otro y ninguno asume culpa alguna. Nadie es pero la inflación es una realidad concreta. Hay alguien o algunos que distorsionan los precios. Los precios no tienen vida propia. Hay cuotas de responsabilidad en la cadena de precios y en las políticas o en la no implementación de ciertas acciones por parte del Estado.
Hay ganadores y perdedores cuando los precios de los bienes y servicios aumentan. Aquellos que pueden modificar precios son los triunfadores. Por su parte, los que no tienen posibilidad de alterarlo, aquellos que viven de un ingreso fijo son las víctimas.
* Profesor de Economía y Miembro del Observatorio de Comercio Internacional del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján.