"Es una propuesta concreta para poner a la Argentina de pie. Esperamos que sea un aporte para ampliar y diversificar la matriz productiva de Argentina”. De esta manera concluyó el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas la presentación del proyecto de ley para dar un marco regulatorio que incentive el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y del cáñamo industrial. 

El proyecto complementa y amplía las leyes vigentes para favorecer el desarrollo de proyectos privados de producción de estas dos especies (cannabis y el cáñamo, una variedad específica con bajo contenido de THC). Lo hace bajo el lema de que serán una fuente de empleo de calidad, fomentará el desarrollo local incluso permitiendo que algunas provincias, como Jujuy, reconviertan su producción de tabaco hacia esta más sustentable, y generará divisas dado el crecimiento de esa actividad a por el ritmo vertiginoso de legalización a nivel mundial. 

La presentación es fruto del trabajo del Consejo para el Cambio Estructural, un área dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo que se ocupa menos de la coyuntura y más de discutir políticas productivas con mirada de largo plazo. Entre ellas, diversificar y ampliar la matriz productiva, objetivo que dadas las ventajas comparativas del país por sus recursos naturales y la capacidad de agregar valor en la cadena productiva esta industria pareciera poder satisfacer. Esta definición es alcanzada por los funcionarios al mencionar que el desarrollo genético de semillas, una industria farmacéutica consolidada, recursos humanos capacitados y un ecosistema de Ciencia y Técnica desarrollado.

Kulfas decidió presentarlo ante el Consejo Económico y Social para dar paso luego al Congreso, en donde se le dará giro a las comisiones de Legislación general, Producción y Agricultura de la Cámara de Diputados. Desde el Gobierno no visualizan inconvenientes con el tratamiento. Funcionarios encargados de la negociación parlamentaria afirman que "hemos hablado con legisladores de la oposición que han manifestado su interés y su apoyo en este proyecto de salud y desarrollo para toda la Argentina".

¿Por qué una ley?

El Ministerio de de Desarrollo Productivo estudió los casos de los países pioneros en esta producción a nivel global y regional. La experiencia internacional muestra que la cadena de cáñamo y cannabis medicinal tiene un mayor potencial de crecimiento si se encuentra regulada por el Estado, para evitar desvíos al mercado ilegal y garantizar la trazabilidad de procesos y productos con destino medicinal. 

El Gobierno coquetea con el mercado cannábico desde el comienzo de la gestión, y en el último año empezó a emitir señales más claras en términos institucionales al reglamentar la Ley de Cannabis Medicinal que habilita el autocultivo y el cultivo solidario para fines medicinales y con el Registro del Programa de Cannabis por el que el Ministerio de Salud regula a los cultivadores medicinales. Además con la habilitación para comercializar semillas nacionales de cannabis para cultivos medicinales. Este era uno de los principales cuellos de botella para acceder a este derecho: la imposibilidad de conseguir semillas de manera legal. 

Sin embargo, la legislación vigente no implica un incentivo en términos de desarrollo productivo. La ley 27.350 aprobada en 2017 se limita a legalizar el cultivo para la investigación científica, además de no incluir el cáñamo. Han habido avances, como el autocultivo, pero no hay un marco con visión productiva. Esto exhibe un techo en el desarrollo de la industria. 

El principal punto del proyecto de ley tiene que ver con la creación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame) encargada de entregar las licencias de producción. 

La agencia funcionaría bajo la órbita de Desarrollo Productivo y también participarían  los ministerios de Salud, Agricultura, Ciencia y tecnología y Seguridad. Este fue uno de los contrapuntos que manifestó el gobernador de San Luis, Alberto Rodriguez Saá, quien apoyó la ley pero remarcó que la autoridad de aplicación debería ser delegada a cada provincia, "para que no se tomen decisiones desde una oficina en CABA". De esta forma adelantó uno de los posibles cambios que se puedan pedir en comisión previo a ser tratadas en el recinto. 

La función de Ariccame será regular, administrar y fiscalizar toda la cadena productiva de cannabis y cáñamo, otorgar y administrar autorizaciones para producción y comercialización con especial atención a pymes, cooperativas y economías regionales. Este punto fue resaltado en varias ocasiones durante la presentación: el Gobierno entiende que "hay espacio para todos" y pretende no caer en el error de otros países en que se otorgaron licencias sin un criterio distributivo y eso generó una concentración en la industria e incluso maniobras con fines especulativos.

Empleos y dólares

Desde Producción calculan que, dada la dinámica mundial y realizando una proyección conservadora, la industria cannábica Argentina creará 10.000 nuevos empleos, 20 por ciento de los cuales estarán en áreas de inversión, desarrollo e innovación. Además generará 500 millones de dólares en ventas al mercado interno y 50 millones de dólares exportación anuales hacia el 2025.

Otros beneficios que remarca la cartera son que la industria promueve el desarrollo genético y encadenamientos de alto valor agregado más de 200 bienes y servicios diferenciados (semillas, automatización, productos medicinales, entre otros).

Por ahora el negocio aún es incipiente. Los países que concentran el comercio del cannabis son Canadá, Estados Unidos e Israel. Colombia y Uruguay, que son los más avanzados en materia de legalización en el continente latinoamericano, exportan menos de 15 millones de dólares por año en conjunto.