El 95 por ciento de las empleadas, funcionarias y magistradas del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, sufrió alguna situación de violencia de género en su trabajo. Sólo el 27 por ciento hizo denuncia, el resto adujo desconfianza en el sistema para llevar adelante reclamos, quejas, denuncias. En el 88 por ciento de los casos denunciados, el agresor no recibió sanción ni fue trasladado. En contraposición, el 23 por ciento de las víctimas tuvo la necesidad de pedir licencias y el 55 pidió un traslado o pensó en renunciar. Estos son algunos de los datos de la encuesta desarrollada por La Colectiva de Trabajadoras Judiciales, que presentará en el marco de las actividades por la conmemoración del 3J #Niunamenos, dos petitorios, ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y al Procurador general, con los resultados del trabajo y una serie de demandas.

La investigación se realizó de manera virtual con el objetivo de generar un diagnóstico acerca de las situaciones de violencia de género que padecen las trabajadoras judiciales en el ámbito laboral. Se recibieron 267 formularios de empleadas, funcionarias y magistradas pertenecientes a distintos fueros y departamentos judiciales.

La encuesta se organizó en torno a los cinco tipos de violencia de género (simbólica, psicológica, económica, sexual y física). Se realizaron varias preguntas referidas a cada tipo de violencia, a fin de identificar si la encuestada padeció alguna de ellas, con qué frecuencia y gravedad. El 95 por ciento de las encuestadas sufrió al menos un tipo de violencia de género en el ámbito laboral.

El 93 por ciento dijo haber padecido violencia simbólica; el 64 por ciento, psicológica; el 60 por ciento, violencia sexual; el 46 por ciento económica; y el 7 por ciento, física.

Ante la pregunta sobre si habían formulado una denuncia, queja o reclamo sobre el episodio vivido, sólo el 27 por ciento dijo que sí. Las razones por las cuales no lo hicieron, en el 77 por ciento de los casos fueron desconfianza en el sistema, miedo a que no le crean, temor a represalia o desventaja laboral. Las que denunciaron se encontraron con respuestas poco satisfactorias por parte del sistema: el agresor fue sancionado o trasladado solo en el 12 por ciento de los casos; la víctima se vio perjudicada o trasladada en un 29 por ciento de los casos; y el 59 por ciento no obtuvo respuesta institucional. Como consecuencia de esto, el 23 por ciento de las víctimas tuvo la necesidad de pedir licencias y el 55 por ciento pidió un traslado o pensó en renunciar.

“En muchas dependencias del poder judicial contamos con trabajadoras o funcionario/as comprometido/as con la incorporación del enfoque de género en sus causas. Lo que sucede es que esto no puede ser ni personal, ni sectorial. Debe ser transversal a todo el poder judicial. Por eso la exigencia de una Secretaría de género en la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires es clave en la transversalidad”, dijo Antares Dudiuk a Página/12. Dudiuk integra La Colectiva, una agrupación de trabajadoras del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, que se definen como “hermanadas en la convicción de que resulta indispensable la realización de profundos cambios para erradicar las desigualdades y los hábitos misóginos dentro de nuestro ámbito laboral”.

“Somos muchas quienes hacemos un esfuerzo enorme por llevar nuestro feminismo al trabajo y a las causas, pero esto no es suficiente y por eso la demanda a la Corte”, apuntó.

El 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la agrupación dio a conocer dos petitorios que presentarán hoy ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos aires y al Procurador general con los resultados del trabajo y una serie de demandas. Entre ellas:

*Necesidad de conformar un protocolo de actuación ante los casos de violencia de género en el ámbito laboral. “Es urgente que se formule un protocolo de abordaje para las trabajadoras víctimas, que les permita expresar las situaciones vividas, recibir la contención necesaria y proceder a la resolución del conflicto. El órgano apropiado para formular dicho protocolo y llevarlo adelante, es la Secretaría de Género, la cual deberá estar conformada por personal especializado en la temática”, dice el petitorio.
*Capacitación de las y los operadoras/es. Cuestionaron las capacitaciones que se dan actualmente a les operadores judiciales en el marco de la Ley Micaela. “Es necesario que las capacitaciones en esta temática estén coordinadas, planificadas y evaluadas por la Secretaría de Género. Desde allí se deberá crear un espacio de reflexión para elaborar una planificación de las capacitaciones, con participación de diferentes colectivos, dependencias o áreas del Poder Judicial, de otros poderes del Estado, de Universidades y de la comunidad abocados a la temática”.
*Inclusión laboral del colectivo trans. Solicitaron que se adopten medidas concretas para garantizar una genuina posibilidad de ingreso a la planta laboral del Poder Judicial.

*Cambio del régimen de licencias. Pidieron un cambio integral en el régimen de licencias, que se adapte a las leyes de Matrimonio Igualitario y de Identidad de Género, y “que tenga en cuenta las particularidades en el ejercicio de los derechos de las diversas constituciones familiares, entre las que se incluyen los hogares monoparentales -sin distinguir el género de el/la progenitor/a y el origen filiatorio-“.
Explican en el documento la incidencia de la política actual al momento de contratar personal; lo que no escapa a otros ámbitos de la sociedad. “En igualdad de condiciones entre postulantes a ingresar o ascender, suele descartarse a la mujer en edad fértil y priorizar al varón”.