Ubicada a dos cuadras de la Terminal de Ómnibus de Catamarca, sobre la calle 9 de Julio 1276, la hoy conocida como “Casa de la Memoria” fue la vivienda y el sitio donde los catamarqueños Griselda del Huerto Ponce y Julio Genaro Burgos fueron secuestrados y posteriormente desaparecidos por la última dictadura cívico-militar- eclesiástica. Esta vivienda, declarada Monumento Nacional en 2018, es la que el Poder Ejecutivo provincial busca expropiar para poner en valor y cuyo proyecto de ley tuvo, ayer miércoles, media sanción en la Cámara de Diputados de la provincia.

Fue el 15 de diciembre de 1976 a las 3 de la mañana cuando un grupo de cinco o seis personas vestidas de civil, encapuchadas y portando armas largas, golpearon la puerta del domicilio de la familia Ponce. En la vivienda, durmiendo, estaban Griselda Chasampi y dos de sus hijas, Felicinda y Griselda Ponce. Además, estaban de visita por las vacaciones, dos sobrinos de la mujer, hijos de otras hermanas, uno de ellos era Julio Burgos.

Según el relato de las mujeres que sobrevivieron a aquella noche, uno de los hombres que ingresaron, "tenía uniforme militar y se había colocado una suerte de antifaz y también peluca para evitar ser identificado". Luego de amenazarlos y levantarlos de las camas, los llevaron al patio. Ahí les pidieron que se identifiquen y cuando Griselda dijo su nombre, el que vestía uniforme militar, la condujo al dormitorio de su madre junto con Julio. Los interrogaron y se llevaron a ambos.

En el primer juicio de lesa humanidad que se realizó en la provincia y que juzgó a los militares Carlos Alberto Lucena y Daniel Rauzzino, la madre de Griselda y sus hermanas afirmaron que la joven había sido “marcada” por buscar a su hermano Francisco Ponce. Él había sido “chupado” mientras iba a la farmacia a comprar remedios para su madre, el 6 de abril de 1976.

Los familiares Ponce/Burgos fueron vistos por última vez en centros de detenciones clandestinos de la provincia de Tucumán, junto a la también catamarqueña Nelly Yolanda Borda.

La Casa de la Memoria de Catamarca fue nombrada así en 2014 por su actual presidenta, Noemí Toledo, sobrina de los desaparecidos Griselda y Francisco, y prima de Julio. La Casa surgió con el propósito de acompañar el proceso judicial de los juicios de lesa humanidad que se realizaron en la provincia, para apoyar a los testigos de esta causa. Después, consecuencia de la realidad social, fue diversificando su tarea con áreas para acompañamientos por violencia de género, violencia institucional, diversidad, educación e investigación y archivo.

En 2015, la propiedad fue señalizada como “Sitio de Memoria”, de acuerdo con lo normado por la Ley 26.691, que declara con esa denominación a “los lugares donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal desarrollada durante el terrorismo de Estado ejercido en el país hasta el 10 de diciembre de 1983”.

La Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos del Ministerio de Cultura de la Nación incorporó en 2018 la “Casa de la Memoria” al circuito nacional de Monumentos Históricos.

En diálogo con Catamarca/12, Toledo se manifestó agradecida y conmovida con la decisión provincial de expropiar el inmueble y ponerlo en valor: “La verdad que estoy muy feliz, como presidenta de la Casa de la Memoria, y más aún como integrante de la familia, porque todos estos años hemos cuidado el inmueble como pudimos. Sostener la casa fue difícil, pero gracias a los y las integrantes de la asociación la fuimos conservando y resguardando. No sólo el inmueble, sino además con las tareas que venimos realizando, las investigaciones, capacitaciones, charlas, promover e instalar fechas de importancia como fue la Masacre de Capilla del Rosario, el Catamarcazo”, contó.

La mujer refirió que fue su madre, Dora Ponce, quien vivió sus últimos años en esa casa, que era herencia de su madre. “Llevamos los recuerdos, los anhelos y la vida misma de quienes ya no están y de quienes sobrevivieron para contar, con un compromiso serio y objetivo”, señaló y luego agradeció al “gobernador, al ministro Seguridad y el ministro de Gobierno por enviar el proyecto, así también a la diputada Adriana Díaz como miembro informante en representación del bloque y a todos los diputados por aprobar el proyecto por unanimidad. Estamos más cerca de alcanzar uno de los tantos objetivos, porque La Casa de la Memoria es de todos los catamarqueños, donde no hay banderías partidarias ni religiosas. Nuestra bandera es y será siempre la protección de los derechos humanos, en toda su amplitud”, dijo.

Sitio testimonial

Como miembro informante del proyecto y por su trayectoria como defensora de los derechos humanos en la provincia, fue elegida la diputada Adriana Díaz (PI- FdT), quien relató la historia de esta vivienda que fue lugar y testigo de delitos de lesa humanidad.

“En principio debo expresar mi orgullo por haber sido designada miembro informante de este proyecto que tiene el propósito de convertir la Casa de la Memoria en un sitio testimonial de la lucha del pueblo catamarqueño por nuestros comprovincianos detenidos y desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar”, dijo Díaz.

Además, mencionó que durante los casi siete años de existencia de la “Casa de la memoria” como asociación civil, ha realizado un trabajo de archivo y sistematización de vital importancia ya que es el único organismo de defensa de los DDHH que trabaja esa temática de historia reciente provincial, generando un registro con documentación y conformando un listado actualizado sobre los detenidos desaparecidos de la provincia y de origen catamarqueño, siendo ésta la única lista con la que cuenta el Estado provincial para dar información de este proceso.

“Me congratulo, por tanto, porque este proyecto constituye un acto de legitimidad y coherencia política del espacio que orgullosamente integro, porque fue el ex presidente Néstor Kirchner, el que nos señaló el camino para el fin de la impunidad. Su decisión de impulsar la derogación de las leyes del perdón fue clave para habilitar la reapertura de causas judiciales por crímenes de lesa humanidad del terrorismo de Estado”, explicó.

Díaz refirió que políticas de derechos humanos “fueron refrendadas con gestos que sellaron el camino por la Memoria, la Verdad y la Justicia”, como cuando al cumplirse el aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 -el primero durante la gestión de Kirchner-, el gobierno nacional cedió el predio de la ESMA (Escuela Mecánica de la Armada), donde funcionó un centro clandestino de detención, para que allí funcionara un espacio de memoria.

“Así, se reiteró con otros lugares simbólicos del terrorismo de Estado que imperó en nuestro país, y que en Catamarca reconoce a este domicilio de 9 de Julio 1276 como uno de sus más vívidos y palpables testimonios”.

Por último, la legisladora aseguró: “Considero no solo pertinente, sino también impostergable la aprobación de este proyecto, para que la Casa de la Memoria sea incorporada al patrimonio de la provincia, para su puesta en valor, protección y conservación como ineludible evidencia -para las presentes y futuras generaciones- de que en Catamarca existieron víctimas de la dictadura, como también mujeres y hombres comprometidos con la inclaudicable lucha en la búsqueda de la verdad”.

El proyecto aún necesita ser debatido por la Cámara de Senadores de la provincia para convertirse en ley.