La fiscala de Anta, María García Pisacic, citó a una audiencia de imputación al diputado Marcelo Paz, al senador Marcelo García, y al referente social de la CCC y candidato a concejal en Apolinario Saravia, Manuel Arias. Por lo que trascendió, a los tres los acusarían por una supuesta instigación de la ocupación de tierras en la finca La Moraleja y también por instigación al desorden público.
Mientras, continúa la ocupación de 573 familias, según el censo realizado por las delegadas del asentamiento. En el lugar hay tensión porque la gente se niega a desalojar y este es un requisito de la empresa para donar 5 hectáreas al municipio con el fin de que sean distribuidas como loteos sociales. La advertencia es que la oferta se mantendrá solo hasta el viernes.
En los cinco municipios de Anta se han producido anteriormente ocupaciones, pero esta sería la primera vez que se imputa a dos legisladores por responsabilizarlos por estas acciones. Paz está siendo representado por la abogada Carmen Cartagena Céspedes. El abogado de García es Nicolás Ruiz, quien no podía asistir a la audiencia ayer debido a que se encontraba en otra audiencia en Rosario de la Frontera. Arias es representado por el defensor oficial Juan Manuel Salinas.
Arias dijo a Salta/12 que no estuvo en la toma de Las Lajitas y que sí habló por teléfono con una de sus compañeras. "Había compañeros de nuestra organización. Soy coordinador departamental de la CCC, empecé a hacer lo que más sé, que es gestionar. Me enteré que el terreno es privado, de La Moraleja, y que estaban en tratativas con el intendente para dar una solución. A muchas gestiones las había hecho el diputado Paz, eso es lo que dije en el audio. Anticipé que iban a llegar a una solución. Lo que yo no sabía es que había tantas familias, pensé que eran 30. Jamás instigamos a tomar terrenos, me parece que es justo que las familias luchen por una vivienda propia", manifestó.
El coordinador de la CCC apuntó al intendente de Las Lajitas, Fernando Alabi. Dijo que es "el único responsable" del asentamiento "por la sordera de no escuchar las necesidades de su gente". "No organicé la toma, no estuve en Las Lajitas", aseguró. Arias se describió como un "precarizado" que lucha con sus compañeros de organización, y dijo que tiene un compromiso con las causas sociales.
El referente sostuvo que se filtró a la prensa un audio de una llamada que le grabaron y no autorizó. Además, señaló que realizaron distintas protestas sociales en el pueblo de Apolinario Saravia y esta es la primera vez que lo notifican para imputarlo como "instigador" al desorden público y a una toma en la que no estuvo.
"Quieren criminalizar la necesidad y el hambre y no van contra el verdadero responsable, contra aquellos que están violando el derecho a tener una vivienda digna", manifestó.
Por otro lado el senador García dijo que se acercó al lugar de la toma el sábado pasado "al igual que la diputada Alejandra Navarro". La ocupación había empezado el 26 de mayo, "no fui antes ni después, y no voy a ir porque no nos podemos ni acercar ya que estamos señalados como instigadores, es lo que dice la fiscal", sostuvo. "No quiero que los llamen a imputación a los otros legisladores porque me parece injusto que lo hagan. Me parece injusto que busquen imputarnos a nosotros", aclaró García.
Navarro ahora es candidata del partido político saencista País y es además a quien apoya el intendente Fernando Alabi porque en segundo término va de candidato su hermano Enzo Alabi.
García dijo que le llama la atención el hecho de que a los únicos a los que se quiere imputar sean del Partido Justicialista. Insistió con que solo fueron a la toma a escuchar a la gente. "Dijimos cuales son las alternativas de solución", que serían comprar las tierras con voluntad y acuerdo de las partes, o expropiar. Esta semana García presentó en el Senado un proyecto de expropiación de 4 hectáreas y por otro lado, también lxs diputados, Paz y Navarro presentaron otro proyecto.
Ayer las delegadas de la toma realizaron un censo entre las familias que siguen allí, y anotaron a 573. Acordaron pedir una mediación a la fiscala García Pisacic para asistir con un abogado de derechos humanos que se ofreció a ejercer su representación.
La delegada Natalia Salvatierra dijo que las familias siguen reclamando quedarse en las tierras y poder pagarlas en cuotas. También señaló que hay gente que se fue y ahora "se está volviendo a posicionar" al ver que ellxs siguen en el lugar y que no se desarmó el asentamiento. También dijo que reclaman que el intendente Alabi dialogue con ella y con lxs nuevxs delegadxs, Gabriela Jugo, Roxana Paz y Elías Salcedo, porque sigue negociando con delegadas que ya no están en la toma y no tienen a nadie ahí.
Salvatierra dijo que hay "rumores de que el viernes harían desalojar a la gente pero no hay ninguna orden por ahora". Esto fue confirmado por el juez de Garantías Héctor Sebastián Guzmán, quien dijo que solo tomó intervención en una medida cautelar. También dijo que desconocía la imputación a legisladores y al referente de la CCC.
La delegada dijo que hay familias que no tienen a donde más ir si las desalojan, por lo que analizan ir a otros terrenos si no les dan una solución.
