Organizaciones feministas y la Comisión de Familiares de Víctimas de Femicidios convocan a marchar en el marco de la ya histórica movilización Ni Una Menos que se realiza cada 3 de junio en distintos puntos del país. Los principales reclamos apuntan al pedido de justicia, la necesidad de respuestas del Estado, una reforma judicial feminista, el acceso a la Ley Brisa y la asistencia económica.

Las actividades comenzarán en la plaza 9 de Julio a las 16 con el grupo de Género Trueque y una feria feminista. La marcha será a las 18 e incluirá en el recorrido el paso por la Jefatura de Policía y la Legislatura.

En lo que va de este año en Salta ya se cometieron seis femicidios. Graciela Flores, de 40 años, fue asesinada el 1 de enero por quien fuera su pareja, Mario Balberdi. En Embarcación, Nancy Villa, adolescente indígena de 14 años, fue ultimada por su exnovio Carlos Arnecio Juárez, de 18 años. 

Poco después fue el femicidio de Macarena Blanco, en Capital, quien tenía 28 años, y por cuyo crimen hay tres imputados. En Cafayate murió Fabiola Andrea Echenique, de 30 años; en esta causa no hay detenidos, y las amigas de la joven denunciaron que su expareja, Daniel Allica, ejercía violencia contra ella y sospechan de que se haya montado la escena de suicidio.

En mayo fue asesinada Laura Rodríguez por quien fuera su pareja, Darío Germán López. Mientras que por el asesinato de Jesica Solís, de 29 años, cometido también en mayo, están imputadxs su ex pareja, Exequiel Lucas Dominguez, y la pareja de éste, Rocío del Milagro Farfán.

Débora Daniela Nieto, hermana de la víctima de femicidio Agustina Nieto e integrante de la Comisión de Familiares, dijo a Salta/12 que una de las demandas tiene que ver con la implementacion de la Ley Brisa. "Es muy dificil que se logre porque piden que haya una condena. Según los requisitos, tiene que haber una sentencia como femicidio. Pedimos que haya una ayuda del Estado para las familias que se hacen cargo de lxs niñxs", manifestó. 

En este grupo de familiares, hay 6 niñxs huérfanxs de femicidio que todavía no accedieron a la Ley Brisa, entre ellxs lxs hijxs de Paola Ávila, Liliana Flores y el hijo de Agustina Nieto, asesinada en noviembre de 2018. Su tía contó que el gobierno provincial les dio una ayuda económica de tres meses, que luego se la cortaron, se la volvieron a dar y de nuevo dejaron de percibirla. Dijo que les llamaron para volver a hacer el trámite y que está en gestión para que sigan percibiendo ese módico ingreso por el que debían presentar tickets de compra de supermercado y farmacia. Además, lxs hermanxs de Agustina siguen sin poder constituirse en querellantes, y tampoco pudieron presentar la querella en representación de su hijo.

La referenta de la Fuerza de Las Mujeres, Sofía Fernández, dijo a Salta/12 que exigen inmediatez en el acceso a los recursos y el acompañamiento a las víctimas de violencia de género. Consideró que la respuesta de las instituciones provinciales como el Polo Integral de las Mujeres es "poca o insuficiente". 

También manifestó que en cuanto al programa Acompañar del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, la que tiene la clave para cargar datos es la encargada del Polo y secretaria de Derechos Humanos, Mariana Reyes, y que además pueden hacerlo las áreas de género municipales. Hasta el lanzamiento del programa habían adherido 6 lmunicipios. 

Por esto opinó que debería haber otra forma para que las víctimas puedan enviar sus datos y postular a ese ingreso económico de manera más sencilla e independiente. Añadió que poder acceder a un ingreso económico "es la forma de preparar la salida del circulo de violencia" para las víctimas.

Por otro lado, Fernández sostuvo que reclaman una reforma judicial feminista y la destitución de jueces y fiscales que obstruyen el acceso a los derechos de las mujeres. La convocatoria a la marcha sostiene el repudio al juez Federico Diez, quien está denunciado por violencia de género por su ex pareja pero sigue en su cargo e incluso integró recientemente el tribunal que realizó el juicio por el asesinato de Jimena Salas, crimen cometido en 2017 y que sigue impune. 

"Tenemos muchos reclamos a la Justicia porque no puede ser que se vuelva en nuestra contra y que sea usada para disciplinarnos", expresó la referenta. Ejemplificó con la causa contra Yolanda Vargas, una mujer que maternaba sola en Colonia Santa Rosa, a quien la Justicia no dio respuestas cuando denunció violencia de género, ni cuando inició una demanda por alimentos, pero luego la procesó tras la muerte de sus dos pequeñxs hijxs en el incendio de la precaria vivienda en la que vivían. Además, dijo que se oponen a la perpetuidad de los jueces que propone el gobernador Gustavo Sáenz con la reforma de la Constitución provincial. 

"La movilizacion de mañana (por hoy) resulta de un debate en la asamblea que tuvimos en que participaron organizaciones y activistas independientes. La violencia de género se está agudizando en el país, no solo en Salta, hay una completa complicidad de la Justicia y del gobierno en el sostenimiento de la impunidad", manifestó la referenta del Plenario de Trabajadoras, Gabriela Jorge.

Dijo que denuncian la ineficiencia de organismos creados a partir de la emergencia por violencia de género en la provincia, "hay compañeras que no acceden a refugios, compañeras precarizadas", afirmó. 

Otro tema de denuncia es que en la provincia hay solo dos defensoras de género para Capital y tres en el interior: en Metán; Orán y Tartagal. Fernández consideró que esto debería haber cambiado con la designación de más defensoras para hacer el seguimiento de las causas porque no dan abasto.

Jorge añadió que la creación del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad no ha cambiado la situación para las mujeres. Consideró que la miseria social es brutal, y que las trabajadoras salen a buscar el pan con el riesgo del contagio de la covid-19 porque ya que no cuentan con subsidios para garantizar la vida. 

Las organizaciones también movilizarán por la aparicion con vida de Tehuel de la Torre, desaparecido en Buenos Aires, y de Santiago Cancinos en Salta. 

Además se denunciará en la marcha la perimetral impuesta por la Justicia a la familia Peñalva, que exige el esclarecimiento considerando que la muerte de Luján Peñalva y su amiga Yanina Nuesh no fue suicidio sino femicidio.

Otro de los pedidos es la reincorporación de la trabajadora de salud Cintia Reynaga, despedida del Hospital San Bernardo. Además, las organizaciones denuncian la falta de efectivización de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.